Imágenes difundidas exhiben la actuación del artista vallenato en un evento con bebidas y jefes criminales, lo que obligó a suspender los diálogos entre el Gobierno y estructuras delictivas - crédito @claudiacarrasq / X
El Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, enfrenta duras críticas por la parranda vallenata que se realizó en la cárcel de Itagüí, en la que estuvo presente el cantante Nelson Velásquez. Al parecer, en ese espacio participaron varios criminales con los que la adminitración estaba adelantando diálogos de paz.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) anunció una investigación interna, debido a que el evento no estaba autorizado; pese a ello, el artista ingresó sin ningún problema y cantó algunas canciones al interior del penal. Por su parte, la Delegación de Paz Urbana del Gobierno nacional, Medellín y el Valle de Aburrá decidió suspender la agenda de interlocución con los “voceros” hasta que se compruebe quiénes de ellos estuvieron involucrados en los hechos.
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La senadora y coordinadora delegada del Espacio de Conversación Sociojurídico de Medellín y el Valle de Aburrá, Isabel Zuleta, confirmó la decisión y explicó que el Gobierno no tolerará este tipo de conductas por parte de los criminales a los que les dio la oportunidad de negociar.
“Acabamos de tomar esa decisión, la delegación de Paz Urbana y el presidente Gustavo Petro, porque bajo ninguna circunstancia podemos acolitar este tipo de comportamientos”, dijo la congresista, en conversación con la revista Semana.
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El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, rechazó la gestión de Zuleta en el espacio de diálogo de Paz Urbana y la señaló responsable de las irregularidades que se han presentado con los voceros que están recluidos en el centro penitenciario.
Aseguró que la congresista debería renunciar a su designación en los diálogos y que la mesa de conversaciones debería acabarse definitivamente y no de manera temporal, como lo planteó la delegación.
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“Aquí hay una responsable directa, que es la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta. Esta señora fracasó y se debe hacer a un lado de la coordinación de esta mesa de negociación con estos criminales. No puede ser que sea esto una alcahuetería durante tres años y simplemente ella toma la decisión de levantarse de la mesa de una manera abusiva y cobarde”, aseveró el presidente del Concejo de Medellín ante los medios de comunicación.
A su juicio, la legisladora “le quedó mal” a los criminales, a la ciudad y al presidente Gustavo Petro. En ese sentido, instó a la senadora a responder por las presuntas extralimitaciones de su gestión ante la Corte Suprema de Justicia y ante el Consejo de Estado.
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Por otro lado, el 10 de abril de 2026, De Bedout presentó una solicitud urgente para el traslado inmediato de los voceros involucrados en la fiesta que tuvo lugar en la cárcel de máxima seguridad. El pedido fue dirigido al Gobierno nacional, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a los Centros Administrativos de Juzgados de Ejecución de Penas y a la Procuraduría General de la Nación.

El documento incluye la revocatoria total de los beneficios otorgados a los cabecillas que participan en la denominada “Mesa de Itagüí”, al considerar que su presencia en un solo centro penitenciario representa una anomalía en materia de seguridad. “Es inaceptable que sujetos de alta peligrosidad sigan agrupados en una cárcel que no corresponde a su perfil de seguridad, evadiendo el aislamiento que sus condenas exigen”, indicó el funcionario en un comunicado oficial.
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Además, desde la perspectiva de De Bedout, la suspensión temporal de las negociaciones entre el Gobierno nacional y las estructuras criminales pone en evidencia una capacidad limitada para controlar las acciones de los internos en Itagüí. Por eso, el presidente del concejo insistió en que la política de Paz Total no debe convertirse en “una patente de corso para que los victimarios burlen la justicia mientras la ciudad sufre las consecuencias”.
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