Experto cuestionó la viabilidad del proceso de Paz Urbana tras el escándalo por una fiesta en la cárcel de Itagüí

El 8 de abril, a través de su cuenta de X, la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla denunció que al interior de la cárcel de máxima seguridad La Paz de Itagüí se llevó a cabo una fiesta en la que participó el artista Nelson Velásquez.

La cabildante cuestionó al Inpec por permitir este tipo de celebraciones, protagonizadas por voceros de las estructuras criminales que hacen parte de la mesa de negociación con el Estado colombiano en el proyecto de Paz Urbana.

El 9 de abril, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado para rechazar lo registrado, se anunció una investigación al interior del Inpec y el Gobierno nacional suspendió las conversaciones con los criminales hasta realizar una investigación.

En vilo el futuro de la Paz Urbana

En diálogo con Infobae Colombia, el abogado e historiador Augusto Forero analizó la polémica generada por la fiesta realizada el 8 de abril en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. El evento, que incluyó la presentación de un grupo musical dentro del penal, ha suscitado cuestionamientos sobre los protocolos y responsabilidades de las autoridades penitenciarias.

Forero señaló que este caso ejemplifica cómo “los criminales con la política de paz del Gobierno nacional se pavonean no solo con la justicia, sino también en las cárceles”. El experto sostuvo que la autorización para el ingreso del grupo musical provino de “el director y los funcionarios de la cárcel” y que “la responsabilidad recae principalmente en estos funcionarios, en donde la justicia tendrá que abrirles investigación por los hechos acontecidos”.

El historiador subrayó que “nadie va a una cárcel y más a una de máxima seguridad, golpea y le abren”, y recalcó que existen estrictos protocolos para visitas y eventos en estos recintos. “En este caso no cumplió ninguna de estas situaciones”, afirmó Forero.

Aunque el especialista descartó inicialmente una responsabilidad directa del grupo musical, advirtió que “sí existen muchas preguntas de cómo un grupo musical no se pregunta a dónde va y, al ingresar a la cárcel, tampoco se cuestiona a quién le van a brindar el concierto y si efectivamente están cumpliendo o no la norma”. Forero agregó que “más grave aún, que el equipo musical no se pregunte de dónde provienen estos dineros”.

Por otra parte, Juan Nicolás Garzón, profesor del programa de ciencias políticas de la Universidad de La Sabana, analizó lo registrado en la cárcel de Itagüí e indicó que la fiesta mencionada siembra dudas sobre la naturaleza del proceso de paz con estas estructuras.

“No estoy seguro de que se le pueda llamar a eso proceso de paz”, señaló Garzón, que considera que este tipo de situaciones revela un comportamiento recurrente dentro de las cárceles del país.

“Estas conductas, que se presentan recurrentemente en las penitenciarías a lo largo y ancho del país, confirman lo que muchos sospechaban: estas son estructuras y estos son criminales que se comportan como tal en todos los escenarios”.

El académico señaló que la celebración, que según la concejala Carrasquilla costó más de 500 millones de pesos, hace que el Gobierno Petro pierda la confianza de la ciudadanía para poder avanzar en acuerdos a largo plazo con las estructuras criminales del Valle de Aburrá.

“Genera una presión adicional sobre el Gobierno. Este tipo de escándalos pone al Gobierno en aprietos a la hora de seguir avalando a estos personajes como gestores de paz”.

Respecto al impacto en la estrategia de Paz Urbana, el académico aseguró que no es posible negociar con sujetos que siguen teniendo comportamientos de criminales.

“Esto es una manifestación más de que esos personajes siguen actuando como criminales, como bandidos. Es propio de bandidos hacer fiestas y poner artistas y meter mujeres a las cárceles y hacer una cantidad de cosas que son propias de las organizaciones criminales”.

Para el experto, la estrategia gubernamental carece de claridad en varios aspectos y una muestra de ello es que no existe ningún tipo de protocolo para expulsar a los voceros que cometan este tipo de errores.

“No es muy clara la estrategia. Y estos episodios señalan eso: ¿cuál es exactamente la estrategia? ¿Cuál es el camino, cuál es la ruta diseñada y más o menos probada que el Gobierno tiene para seguir apostándole a nombrar una gran cantidad de personas gestores de paz?”.

Garzón concluyó que los resultados de estos procesos han sido limitados y que solo son positivos para los políticos que ven en las polémicas un escenario para mejorar su popularidad ante el público, mientras en Antioquia se sigue padeciendo del poder criminal que tienen las estructuras al margen de la ley, a pesar de que sus cabecillas están presos.

“El balance en ese sentido es relativamente pobre. Terminamos en unos debates que desgastan institucionalmente al país, abriendo debates públicos innecesarios. Se hacen esfuerzos por impulsar estos procesos, pero el resultado es ninguno. El Gobierno asume el costo político y la oposición señala lo obvio. No terminamos obteniendo ningún resultado tangible en materia de paz”.