
A pesar de los avances técnicos que ya sitúan a Hidroituango en su etapa final, las dudas sobre su costo real vuelven a tomar protagonismo. La Contraloría General anunció que pondrá la lupa sobre el incremento presupuestal del proyecto, en un momento en que la obra alcanza niveles cercanos a su culminación. La decisión llega tras una reciente visita de seguimiento que permitió actualizar el estado del complejo hidroeléctrico. Allí se confirmó que la central ya supera el 95% de ejecución, una cifra que la ubica muy cerca de la meta prevista en el cronograma.
Pero más allá del progreso físico, el foco del organismo de control está en las cuentas. El proyecto, que inicialmente se estimó en $11 billones, hoy alcanza un costo cercano a los $23,2 billones, lo que representa más del doble de su proyección original. Ese aumento, equivalente a $12,2 billones adicionales, no ha pasado desapercibido. La Contraloría anunció que evaluará en detalle las razones detrás de este sobrecosto, así como la extensión en los tiempos de ejecución y el manejo de las pólizas de seguro vinculadas a la obra.
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Parte de la explicación se remonta a la contingencia ocurrida en abril de 2018, uno de los episodios más críticos en la historia del proyecto. El taponamiento de los túneles de desviación y el derrumbe en una de las galerías obligaron a replantear el desarrollo de la central, generando retrasos y costos adicionales que aún hoy impactan su balance financiero.
Mientras tanto, en el frente operativo, Hidroituango ya muestra resultados concretos. Con cuatro turbinas en funcionamiento, dos desde diciembre de 2022 y otras dos incorporadas en octubre de 2023, la central logró aportar más de 21.600 gigavatios hora al sistema eléctrico nacional. Este volumen de generación es clave para atender la creciente demanda energética del país. De acuerdo con los reportes entregados, la planta ha mantenido una disponibilidad superior al 91% durante 2025, cumpliendo con sus compromisos de energía firme.
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La magnitud del proyecto lo convierte en una pieza estratégica para Colombia. Una vez esté completamente terminado, se espera que alcance una capacidad instalada de hasta 2.400 megavatios, lo que le permitiría cubrir cerca del 17% de la demanda nacional de electricidad.

En ese contexto, las autoridades destacan el avance logrado en los últimos años. Según el vicecontralor Carlos Enrique Silgado Betancourt, “Hoy podemos decir que el seguimiento que realiza la Contraloría General ha sido exitoso, toda vez que gracias a la gestión del Equipo Técnico y jurídico de EPM, la hidroeléctrica ya tiene 4 turbinas en operación comercial desde octubre de 2023 y se trabaja con rigor y orden para poner en operación comercial las 4 restantes entre el segundo semestre de 2027 y el primero de 2028”.
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Sin embargo, el progreso técnico no elimina las preocupaciones fiscales. La revisión anunciada buscará establecer si los incrementos en costos y los ajustes en los plazos responden a factores plenamente justificados o si existieron fallas en la planeación y gestión del proyecto.

Para ello, el ente de control analizará tanto las decisiones adoptadas durante la ejecución como los mecanismos de aseguramiento previstos desde el inicio. La meta es determinar el impacto real de las variaciones frente a lo proyectado y evaluar posibles riesgos financieros asociados. El seguimiento a Hidroituango no es reciente. Desde 2022, la Contraloría mantiene una vigilancia constante sobre la obra, especialmente después de que esta entrara en una fase de recuperación tras la crisis de 2018. Desde entonces, el proyecto ha logrado estabilizar su infraestructura y avanzar en la puesta en marcha parcial de su sistema de generación.
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Ubicada en el norte de Antioquia, sobre el río Cauca, la central se consolidó como uno de los desarrollos energéticos más ambiciosos del país. Su impacto va más allá de la generación eléctrica, pues también representa un componente clave para la seguridad energética nacional.
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