La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, aseguró que la ubicación de jefes de la Segunda Marquetalia que estarían fuera del país dependerá de mecanismos internacionales y de la reactivación de contactos con autoridades venezolanas.
La funcionaria explicó que, aunque todavía no se han iniciado comunicaciones formales con el sistema judicial de ese país, existe la intención de hacerlo en el corto plazo.
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Durante una entrevista radial, Camargo indicó que las órdenes de captura contra alias “El Zarco Aldinever” y Iván Márquez incluyen solicitudes ante Interpol. Según precisó, este canal permite emitir alertas de búsqueda en territorio extranjero, incluido Venezuela. “La orden de captura viene con una solicitud a Interpol (…) pero además tenemos que activar los canales diplomáticos”, señaló.
La fiscal sostuvo en Blu Radio que Colombia mantiene relaciones institucionales con sus pares venezolanos, lo que permitiría gestionar cooperación judicial para localizar a estas personas. Sin embargo, reconoció que hasta ahora no se han producido contactos concretos en ese sentido. “En este momento no los hemos tenido, pero vamos a activarlos”, afirmó.
Las declaraciones se dan en el contexto de la investigación por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, el crimen tenía como objetivo generar un escenario de inestabilidad política en medio del proceso electoral. La hipótesis apunta a que la decisión fue adoptada por la Segunda Marquetalia.
Camargo indicó que la investigación ha permitido identificar detalles logísticos del atentado, incluido el flujo de dinero. “Tenemos identificado cuánto se habría pagado por él, dónde se habría entregado”, explicó. Según la información disponible, los recursos utilizados para ejecutar el crimen estaban en Colombia.
En relación con posibles vínculos externos, la fiscal fue enfática en señalar que no existen pruebas que comprometan a autoridades venezolanas. Tampoco encontró sustento en la hipótesis de una supuesta “junta directiva del narcotráfico” que habría ordenado el homicidio, como se ha mencionado desde otros sectores. “Ninguna”, respondió al ser consultada sobre evidencias en esa línea.
La funcionaria también explicó por qué las órdenes de captura contra algunos integrantes de la Segunda Marquetalia no habían sido reactivadas antes.
Detalló que estas habían sido suspendidas a mediados de 2024 en el marco de procesos relacionados con el Gobierno, y que su levantamiento dependía de decisiones externas a la Fiscalía. Según dijo, ese plazo venció sin que se hiciera la solicitud correspondiente, lo que llevó a retomar las medidas.
Camargo señaló que la identificación de responsabilidades dentro de la estructura armada ha sido progresiva y basada en evidencia recopilada durante cerca de nueve meses. En etapas iniciales, la vinculación de ciertos actores era apenas una inferencia, sustentada en movimientos y conexiones territoriales.
En cuanto a la cooperación internacional, la fiscal insistió en que el uso de herramientas como Interpol es complementario a la coordinación directa entre sistemas judiciales. En ese sentido, la eventual colaboración con Venezuela aparece como un elemento necesario para avanzar en la captura de los cabecillas que estarían fuera del alcance inmediato de las autoridades colombianas.
La estrategia, según explicó, combina solicitudes formales de búsqueda con gestiones diplomáticas que permitan compartir información y facilitar operativos. Aunque no se han definido plazos específicos para estos contactos, la fiscal dejó claro que su activación hace parte de las prioridades en el caso.
El avance de estas gestiones será determinante para establecer si los principales responsables pueden ser ubicados y puestos a disposición de la justicia, en un proceso que, por ahora, depende de la articulación entre instancias internacionales y la voluntad de cooperación entre ambos países.
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