Paloma Valencia reaccionó a nuevo escándalo que salpica a Gustavo Petro y que sería por $31 billones: “Comprar elecciones”

La controversia surgida en redes sociales por el uso de la figura de asociaciones público-populares, instaurada por el presidente de la República, Gustavo Petro, está en el ‘ojo del huracán’ tras conocerse de la adjudicación de 80.736 contratos directos por un monto superior a $31 billones, según reveló Colombia Compra Eficiente en respuesta a un derecho de petición interpuesto por el medio El Tiempo.

El mecanismo, que fue eliminado por la Corte Constitucional por vulnerar los principios de transparencia en la contratación pública, ha sido señalado como un canal para fortalecer estructuras políticas cercanas al partido oficialista, el Pacto Histórico. O al menos así lo cree la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia, que reaccionó en sus redes sociales al escándalo.

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De acuerdo con el informe entregado por Colombia Compra Eficiente, del total de contratos directos suscritos con juntas de acción comunal, resguardos y cabildos indígenas, apenas el 7 % está finalizado. Esta cifra contrasta con los objetivos oficiales, pues de los 33.000 kilómetros de vías rurales prometidos hasta 2025 en la política Caminos para la Paz, solo se han construido 2.387 kilómetros.

Durante el primer trimestre de 2026, la Contraloría General y otros entes de control emitieron numerosas alertas sobre la falta de ejecución y la opacidad en los millonarios contratos, la mayoría aún en estado “celebrado”, “modificado” o “en ejecución”. El organismo de control advirtió que algunas de las obras públicas vinculadas estos contratos no se han materializado, pese a la astronómica inversión.

¿Qué dijo Paloma Valencia de este caso?

Frente a este caso, la candidata presidencial por el Centro Democrático, criticó directamente la estrategia contractual del Gobierno. “Es increíble que con el sistema de salud colapsado se gasten 31 billones para comprar elecciones”, expresó la aspirante, al revelarse que el promedio por contrato asciende a $384 millones, con la que al parecer se buscaría construir una militancia cautiva.

La respuesta oficial de Colombia Compra Eficiente, citada por El Tiempo, detalló la adjudicación de los contratos en distintos bloques: 55.434 contratos con asociaciones comunales por más de $25 billones; 13.970 contratos con consejos comunitarios por $2 billones; 2.274 contratos con resguardos por $1 billón; 1.389 contratos con cabildos por $700.000 millones; 6.927 contratos con juntas de acción comunal por $6.900 millones; y 742 contratos con cabildos indígenas por $382.000 millones.

Solo una fracción mínima de esta millonaria destinación se encuentra finalizada, con 7.309 contratos con asociaciones comunales equivalentes a $4,7 billones, y cifras aún menores en otros segmentos, según se confirmó en el documento dado a conocer. La mayoría permanece en proceso, lo que motivó advertencias tanto de la Contraloría como de la Cámara Colombiana de Infraestructura.

En su momento, el procurador general Gregorio Eljach defendió la legalidad de este mecanismo contractual en mayo de 2025, al establecer que “flexibilizar la contratación para potencializar este segmento de la economía resulta razonable y proporcional”, según el concepto remitido a la Corte Constitucional, que según se estableció fue objeto de estudio por parte del alto tribunal.

Sin embargo, la Corte sentenció la inconstitucionalidad de los artículos 100 y 101 del Plan Nacional de Desarrollo Colombia, potencia mundial de la vida, al constatar que el Gobierno “desconoció las normas constitucionales relativas a la reserva de ley en la regulación de la contratación pública y, de otra, aquellas que establecen límites a la potestad reglamentaria”; con lo que los dejó sin piso.

Así pues, esta revelación, soportada en cifras oficiales, demuestra que, pese a la declaratoria de inconstitucionalidad y las alertas reiteradas de organismos de control durante la administración Petro, la contratación directa con asociaciones público-populares concentró recursos estatales por una suma inédita, cuestionada tanto en su legalidad como en su impacto efectivo en las comunidades.