La Procuraduría General de la Nación inició un pliego de cargos contra ocho funcionarios del Inpec por presuntas irregularidades detectadas en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá – La Picota, ocurridas entre el 19 y el 26 de septiembre de 2022 en el pabellón de alta seguridad de extraditables.
La investigación apunta a que, en esas fechas, se realizaron actividades no autorizadas como conciertos y el ingreso de objetos prohibidos, fechas en las que se habrían celebrado conciertos sin autorización durante el día de la Virgen de las Mercedes.
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La medida afecta a varios funcionarios, entre ellos Carlos Hernán Camacho, quien ejercía como director encargado del centro carcelario, así como a un capitán de prisiones y seis dragoneantes.
El Ministerio Público sostiene que los disciplinados habrían facilitado el acceso de bebidas alcohólicas, cigarrillos, equipos de sonido, dispositivos de comunicación, dinero en efectivo y sustancias alucinógenas, además de permitir juegos de azar y conciertos con artistas reconocidos en el pabellón reservado para internos extraditables.
Detalles de los hechos y responsables señalados
Durante las festividades religiosas en el recinto penitenciario, la presencia de elementos prohibidos y la realización de espectáculos sin autorización vulneraron los protocolos de seguridad establecidos para pabellones de alta seguridad.
El informe señala que estos actos no solo contravienen el reglamento interno, sino que constituyen una grave omisión en los controles que exige el régimen penitenciario.
El grupo de funcionarios implicados está compuesto por el entonces director encargado, un capitán y seis dragoneantes. Todos enfrentan una investigación disciplinaria por posibles faltas graves al permitir la entrada de objetos y la realización de eventos no autorizados.
La Procuraduría resaltó que estos actos afectan la integridad del sistema de seguridad y la confianza pública en las instituciones responsables del control penitenciario.
De acuerdo con la Procuraduría, el control sobre los objetos permitidos y la vigilancia de las actividades internas deben regirse estrictamente por el Código General Disciplinario y las normas internas del sistema penitenciario, obligaciones que, según la investigación, no se cumplieron en este caso.
Procuraduría abrió juicio disciplinario a funcionarios del Inpec por la liberación de ‘Gordo Lindo’ de la cárcel La Picota
El inicio de un proceso disciplinario contra tres funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) marca un nuevo capítulo en la investigación por la liberación irregular de Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordo Lindo, en noviembre de 2022.
La decisión, anunciada el 17 de marzo de 2026, pone el foco sobre las fallas en la verificación de antecedentes judiciales que permitieron la salida del recluso de la cárcel La Picota, en Bogotá.
La Procuraduría identificó que el día de la excarcelación, el 29 de noviembre de 2022, existían órdenes judiciales activas y antecedentes pendientes contra Zuluaga Lindo. Entre los señalados se encuentran Horacio Bustamante, exdirector de La Picota; Fabián Solano, funcionario del área jurídica; y Wiliam Salas, guardián penitenciario.
El organismo de control sostiene que los servidores públicos autorizaron la salida del interno sin realizar una revisión exhaustiva de las bases de datos judiciales. Esta obligación, considerada un paso ineludible antes de conceder la libertad a cualquier persona privada de la libertad, habría sido omitida, según la investigación.
La Fiscalía General, un día antes de la excarcelación, remitió información clave: una boleta de detención por el delito de tráfico de estupefacientes agravado pesaba sobre Zuluaga Lindo, lo que reforzaba la necesidad de mantenerlo bajo custodia. La Procuraduría detalla que esta advertencia no fue tenida en cuenta por los funcionarios involucrados.
El expediente del caso revela además que la solicitud de habeas corpus en favor de Zuluaga Lindo fue rechazada por un juez penal.
De este modo, no existía ningún soporte judicial que justificara la liberación inmediata del interno. Esta ausencia de fundamento legal deja en evidencia las irregularidades cometidas en el procedimiento de excarcelación llevado a cabo en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá.
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