
Abelardo de la Espriella planteó que, si asume la Presidencia de Colombia, facilitará la extradición de Gustavo Petro en caso de que Estados Unidos lo solicite.
El abogado y candidato presidencial se pronunció, tras revelarse que las fiscalías de Manhattan y Brooklyn investigan posibles nexos del mandatario colombiano con el narcotráfico, según informó The New York Times, con colaboración de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
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De la Espriella sostuvo que la gestión de Petro frente a la política antidrogas sería un factor clave en estas pesquisas, en particular el manejo de la región del Catatumbo, en la que grupos armados ilegales como el frente 33 de las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tienen control del territorio y manejan la producción de hoja de coca.
“Si eres presidente y entregas una región como el Catatumbo para que se vuelva una zona franca del narcotráfico y detienes programas de interdicción y fumigación, tenemos una clara conspiración y eso a la luz de la ley norteamericana puede configurar un delito”, expresó en entrevista con Caracol Radio.
Y agregó: “Ahora, si yo estoy como presidente y me lo piden en extradición, yo lo entrego”, sentenció.
Abelardo de la Espriella promete reducir el Estado

Abelardo de la Espriella detalló los ejes de su propuesta presidencial, anunciando su objetivo de reducir en un 40% la estructura estatal, eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y construir diez megacárceles privadas, en una estrategia que, según argumentó, transformaría la política colombiana con medidas de choque en materia de seguridad, economía y salud.
Para el abogado y candidato, estas reformas permitirían recortar el gasto público y bajar impuestos tan gravitantes como el 4x1000 y los gravámenes a los combustibles, informó Blu Radio.
El plan de De la Espriella contempla la supresión de más de 700.000 cargos y contratos estatales, cifra que, de acuerdo con sus cálculos, representa el excedente de la burocracia nacional.
El aspirante presidencial aclaró que propondrá alianzas con la empresa privada para que quienes salgan del sector público encuentren un mecanismo de reinserción laboral. Al explicar su propuesta, subrayó que su concepción del Estado debe dar paso a la eficiencia y a la austeridad, como expuso durante la entrevista con el medio citado.

La eliminación de la JEP, institución que, según De La Espriella, “le vale al Estado, al bolsillo de los contribuyentes, 1,2 billones de pesos”, se presenta como otro punto medular de su programa. El togado calificó al tribunal como “un directorio político para perseguir a los héroes de la patria y lavarle las manos y la cara a los criminales de lesa humanidad de la guerrilla”, reprochando tanto su orientación política como su costo financiero.
El político también anunció la construcción de diez megacárceles en regiones inhóspitas de Colombia, una propuesta inspirada en el modelo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Y detalló que estas prisiones serían administradas por empresas privadas mediante concesiones de hasta ochenta años y se ubicarían en terrenos baldíos donde, en palabras del candidato, “ni siquiera entra la señal de la Santa Cruz”. El propósito es desconectar a los reclusos de cualquier capacidad de extorsión o coordinación criminal desde el interior del sistema penitenciario.
Durante la entrevista, De la Espriella sostuvo que “el 75% de las extorsiones en Colombia sale de las cárceles actuales, que no son cárceles, son universidades del crimen”. Según explicó, el Estado cedería solo los terrenos, mientras que la administración y seguridad estarían a cargo de un nuevo cuerpo de prisiones bajo la órbita del Ejército, compuesto por reservistas y veteranos.

El líder de Defensores de la Patria dejó en claro que este modelo excluye al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), al que calificó como “un cáncer para Colombia” y cuya actuación considera irreformable.
Uno de los bloques de mayor impacto del programa de De la Espriella es la proyección de un ahorro de hasta ochenta billones de pesos anuales mediante el recorte de la estructura estatal y la lucha frontal contra la corrupción. El candidato aseguró que para combatir este flagelo creará un bloque anticorrupción presidencial y que su campaña se financia con recursos propios, además de contar con una auditoría internacional independiente.
El aspirante a la Casa de Nariño insistió en que no aceptará salario presidencial y que representa a un sector político ajeno a la burocracia tradicional. “Represento a quienes nunca han vivido de la teta del Estado”, enfatizó en diálogo con Blu Radio, enfatizando la transparencia como eje de su campaña.
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