Gobierno Petro dio una “falsa promesa en la reducción de tarifas” del servicio de acueducto y alcantarillado con nueva medida que tomó

El anuncio del nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado que hizo el Ministerio de Vivienda, establecido por medio de la Resolución CRA 1032 del 24 de marzo de 2026, generó inquietud en Colombia ante posibles consecuencias para tarifas y calidad del servicio. La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) alertó que la regulación afectará a 34 millones de personas y a 188 grandes prestadores, con lo que señaló el riesgo de incrementos en los costos y desafíos para la sostenibilidad empresarial.

Y es que el nuevo marco tarifario publicado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico plantea riesgos, desde la posibilidad de aumentos en las tarifas de agua hasta la falta de un periodo de transición suficiente y nuevas exigencias técnicas para prestadores urbanos y rurales. Andesco advirtió que la medida podría comprometer la continuidad operativa del servicio y la equidad en el acceso al agua, en especial, para empresas de menor tamaño y capacidad financiera.

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Al respecto, el gremio, que preside el exministro de Vivienda Camilo Sánchez, afirmó, por medio de un comunicado titulado “Nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores: una falsa promesa de reducción de tarifas”, que “el contenido definitivo de la regulación es diferente en aspectos sustanciales al texto sobre el cual los agentes y la ciudadanía tuvieron oportunidad de pronunciarse”.

Entonces, la falta de coincidencia genera incertidumbre sobre los lineamientos normativos que finalmente se aplicarán y sobre la transparencia en la toma de decisiones.

Críticas a los cambios en el proceso regulatorio

Aunque Andesco reconoció la necesidad de modernizar el marco normativo para el sector, cuestionó la forma en que se estructuró el proceso. El gremio destacó la importancia de que la participación de los agentes y la ciudadanía sea efectiva y no meramente formal en decisiones regulatorias de gran alcance.

“Si bien el país requiere una regulación moderna, sólida y orientada a la sostenibilidad, el gremio manifiesta su preocupación por la forma en que se ha adelantado el proceso”, expresó la asociación. Enfatizó además en que “en una decisión de esta magnitud, la participación no puede ser solo formal: debe recaer sobre la versión que realmente será adoptada”.

De acuerdo con el mismo, la existencia de diferencias entre la versión del marco sometida a discusión pública y la versión final remitida a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) limita la efectividad del proceso participativo. Esto incrementa el riesgo de desacuerdos técnicos y obstaculiza la planeación una vez aprobado el nuevo marco, lo que podría perjudicar la capacidad de las empresas para adaptarse.

Según insistió, la incertidumbre derivada de estos cambios afecta la planeación de inversiones, la ejecución de proyectos y, en última instancia, el precio y la calidad de los servicios para millones de usuarios en Colombia.

Preocupaciones por los plazos de implementación

Por otro lado, el nuevo marco tarifario prevé su entrada en vigor el 1 de julio de 2026, lo que según Andesco representa un plazo reducido frente a experiencias anteriores, en las que la implementación tomó entre 6 y 11 meses tras largas discusiones técnicas. El gremio considera “alarmante la ausencia de un periodo de transición adecuado”.

Asimismo, advirtió que la normativa exige el pronto desarrollo de estudios tarifarios, la estructuración de planes de inversión, la adecuación de sistemas de información y la coordinación con autoridades locales. La premura es desafiante para cerca de 5.000 prestadores en el país, muchos de ellos en zonas rurales y con menos recursos.

Para la Asociación, el marco no concede un tiempo suficiente para que todas las empresas, sobre todo, las más pequeñas, se ajusten a plenitud a las nuevas exigencias regulatorias. “Se advierte sobre la alarmante ausencia de un periodo de transición adecuado. La propuesta prevé su entrada en vigencia el 1 de julio de 2026, pese a que su implementación exige la realización de estudios tarifarios, la estructuración de planes de inversión, la adecuación de sistemas de información, realizar validaciones técnicas y la articulación de actuaciones con autoridades territoriales”, argumentó.

La falta de un periodo de transición claro puede producir retrasos en inversiones, problemas en la operación y riesgos directos para la calidad en la prestación del servicio. Por eso, insiste en que una adopción acelerada del nuevo marco puede derivar en desequilibrios entre empresas grandes y pequeñas y en afectaciones para amplios sectores de la población.

Riesgos de aumento en tarifas y sostenibilidad financiera

Si bien el nuevo marco se presenta como un mecanismo para reducir tarifas, Andesco prevé que las obligaciones adicionales podrían tener el efecto contrario. Adviertió que nuevas exigencias en inversiones ambientales y gestión del riesgo podrían traducirse en presión al alza sobre las facturas de los usuarios, en un entorno de costos elevados por energía, insumos y mantenimiento.

Según el análisis, el ajuste metodológico puede generar una carga financiera considerable para los prestadores al trasladar parte de los nuevos costos a los usuarios. El gremio destaca que “bajo ciertas condiciones, podrían presentarse incrementos tarifarios para los usuarios finales”, en especial, en regiones rurales y para empresas que no disponen de herramientas suficientes para cumplir con los requisitos.

De igual forma, sostiene que los cargos derivados de los estándares y la necesidad de nuevas inversiones pueden afectar la sostenibilidad empresarial y reducir el acceso de la población al agua potable.

Llamado de Andesco y reacción institucional

Andesco solicitó que la Comisión de Regulación, la Procuraduría y la Contraloría garanticen que todo el proceso de implementación respete los principios de transparencia, sustento técnico y condiciones adecuadas de implementación. Alertó que “decisiones apresuradas o incompletas pueden generar incertidumbre, afectar la planeación y ejecución de las empresas y trasladar impactos negativos a los usuarios”.

Resaltó la urgencia de una revisión integral del esquema adoptado y recalca que las transiciones graduales son esenciales para permitir que todos los prestadores se adapten en igualdad de condiciones.