El Tribunal Administrativo de Antioquia ratificó la medida cautelar que frena el traslado de millones de usuarios a la Nueva EPS, según información obtenida por Blu Radio. La decisión se mantiene mientras se resuelve de fondo el proceso judicial.
La corporación negó una solicitud de aclaración presentada dentro de la acción popular, al considerar que no existían dudas sobre el alcance de la orden emitida previamente, lo que refuerza la vigencia de la medida.
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El caso sigue generando incertidumbre en el sistema de salud, especialmente para los afiliados que podrían verse afectados por decisiones administrativas en curso.
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Tribunal ratifica medida y niega aclaración
El más reciente pronunciamiento de la Sala Tercera del Tribunal Administrativo de Antioquia dejó claro que la medida cautelar sigue vigente y debe cumplirse sin modificaciones.
“La solicitud presentada por el coadyuvante no tiene vocación de prosperidad… no existe aspecto alguno que requiera aclaración”, señaló el tribunal, citado por Blu Radio, al rechazar la petición que buscaba precisar el alcance de la decisión.
La solicitud había sido presentada por un coadyuvante dentro del proceso, quien pretendía que se definiera si la medida también aplicaba a otros actos administrativos expedidos antes de la notificación del auto inicial.
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Sin embargo, el tribunal concluyó que la orden ya era suficientemente clara, por lo que no consideró necesario realizar ninguna aclaración adicional.
En ese sentido, reiteró que tanto el Ministerio de Salud como la Superintendencia Nacional de Salud deben abstenerse de ejecutar las disposiciones contenidas en el decreto 182 de 2026 mientras se toma una decisión definitiva.
Contexto del proceso y preocupaciones
La medida cautelar había sido emitida días atrás y ordenó frenar el traslado de cerca de tres millones de usuarios de distintas entidades hacia la Nueva EPS, generando un fuerte impacto en el sistema de salud.
El origen del proceso está en una acción popular interpuesta por Víctor Raúl Palacio, un paciente cardíaco de Medellín, quien manifestó su preocupación por el cambio de entidad prestadora.
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En su recurso, el demandante cuestionó las condiciones de la Nueva EPS. “No cumple las exigencias de capital mínimo ni patrimonio adecuado… presenta barreras de acceso”, advirtió, citado por ese medio de comunicación.
Según su argumento, el traslado podría afectar la continuidad de tratamientos médicos, especialmente en casos de alta complejidad, lo que motivó la intervención judicial.
La decisión del tribunal se mantiene como una medida provisional mientras se analiza el fondo del caso, lo que implica que el proceso aún no ha sido resuelto de manera definitiva.
En este contexto, la ratificación de la medida cautelar prolonga la incertidumbre para millones de usuarios y para las entidades involucradas en el sistema de salud.
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El caso continúa en desarrollo y será clave la decisión final que adopte la justicia para definir el alcance de las medidas administrativas relacionadas con la Nueva EPS y el futuro de los afiliados en Colombia.
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El material es parte de la indagación por seis contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, suscritos entre 2019 y 2023 por $17.656.000.000
