Claudia López firmó 10 compromisos ciudadanos contra la corrupción y propuso cinco medidas adicionales en su plan de gobierno

La candidata presidencial Claudia López suscribió en Bogotá los “10 Compromisos Ciudadanos contra la Corrupción”, una iniciativa técnica del Instituto Anticorrupción que busca establecer una hoja de ruta basada en estándares internacionales para enfrentar prácticas irregulares en la gestión pública.

Con esta firma, López se convierte en la primera aspirante a la Presidencia de la República en formalizar este tipo de compromisos ante la ciudadanía.

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El acto, realizado el 25 de marzo, incluyó además la presentación de cinco propuestas adicionales integradas al programa de gobierno de la candidata, enfocadas en medidas institucionales y estructurales para combatir la corrupción y la criminalidad organizada en el país.

Los compromisos suscritos abordan aspectos como la modernización de la contratación pública, la protección de denunciantes, la regulación del cabildeo, la financiación política transparente y el fortalecimiento de los organismos de control. Se trata de un conjunto de lineamientos técnicos respaldados por evidencia empírica y prácticas internacionales.

“Esta es la historia de mi vida, la lucha contra la corrupción. Estos acuerdos son 10 compromisos en transparencia, fortalecimiento de la institucionalidad, acabar con los pliegos sastres, romper el vínculo de clientelismo y corrupción con el Congreso a cambio de partidas presupuestales. Todo esto está perfecto. Sin embargo, de mi propia cosecha y programa de gobierno, he añadido cinco compromisos adicionales”, señaló Claudia López durante el evento.

Los compromisos ciudadanos y su alcance

El decálogo promovido por el Instituto Anticorrupción constituye una herramienta técnica orientada a atender problemas estructurales en la gestión pública. Entre los puntos que contempla se encuentran medidas para fortalecer la transparencia en la contratación estatal, mejorar los mecanismos de control institucional y garantizar procesos más abiertos en la financiación de campañas políticas.

Asimismo, incluye propuestas para regular el cabildeo y establecer mayores garantías para quienes denuncien actos de corrupción, con el fin de prevenir represalias y fomentar la participación ciudadana en la vigilancia del Estado.

“La firma de estos compromisos representa un paso importante hacia la consolidación de una cultura de integridad en el país. La lucha contra la corrupción requiere voluntad política, pero también acciones concretas que puedan ser monitoreadas por la ciudadanía”, afirmó Iván Unigarro, director del Instituto Anticorrupción.

El “10+5”: propuestas adicionales de la candidata

Además de los compromisos establecidos por el instituto, la candidata presentó cinco iniciativas propias que hacen parte de su plan de gobierno y que buscan complementar las medidas anticorrupción con reformas institucionales.

Estas propuestas incluyen la creación de una Fiscalía Antimafia y Anticorrupción como unidad especializada independiente; el establecimiento de un sistema carcelario diferenciado para evitar que los centros de reclusión funcionen como espacios de coordinación delictiva; y la descentralización del Departamento Nacional de Planeación con el propósito de trasladar mayor capacidad de decisión a las regiones.

También planteó la implementación de un modelo de presupuesto participativo, mediante el cual la ciudadanía pueda intervenir directamente en la asignación de recursos públicos, y la creación de un tribunal de vigilancia de la contratación que supervise en tiempo real el uso de los recursos estatales.

Estas iniciativas, según lo expuesto durante el evento, buscan intervenir en las causas estructurales de la corrupción, incluyendo fenómenos como el clientelismo y la captura institucional.

El acuerdo suscrito también reconoce los desafíos estructurales que enfrenta el país en materia de corrupción, señalando que estas prácticas generan desvíos significativos de recursos públicos. En ese contexto, la articulación con el Instituto Anticorrupción plantea un enfoque que combina herramientas tecnológicas con mecanismos de control y sanción judicial.

El acto fue presentado como un hito dentro de la contienda presidencial, al tratarse de la primera vez que una candidatura formaliza este tipo de compromisos en el marco de una campaña electoral.

“Es un honor ser la primera candidata presidencial que se compromete no con 10, sino con 15 compromisos anticorrupción concretos”, concluyó Claudia López al cierre de su intervención.