El ministro de Defensa aclaró por qué el Gobierno pidió suspender órdenes de captura contra integrantes del Clan del Golfo: “No es boleta para delinquir”

Siguen las críticas por la petición del gobierno colombiano para suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, en un periodo definido entre el 26 de abril y el 31 de diciembre de 2026.

Entre los nombres que se benefician de la medida que podría ser establecida por la Fiscalía General de la Nación se encuentra Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, máximo cabecilla de la organización armada, al igual que otros líderes, como alias Rodrigo Flechas, ‘Rubén’, ‘Comandante Bruno’ y ‘el Cura’, a quienes se les acusa por cargos relacionados con reclutamiento, expansión territorial y control de corredores de narcotráfico.

Ante los cuestionamientos de distintos sectores políticos y sociales del país, quienes han considerado que ello posibilitaría el recrudecimiento de la violencia, el ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez recalcó los alcances de la suspensión y descartó por completo que se vayan a detener las operaciones militares contra estas estructuras ilegales.

El jefe de cartera, en diálogo con Noticias RCN, aseguró que, pese a que la medida se enmarca estrictamente en la ley 2272 de 2022, conocida como Ley de Paz Total, no concede permisos para delinquir ni borra crímenes anteriores.

“La suspensión de órdenes de captura no son ninguna boleta para delinquir y las zonas de ubicación temporal tampoco son unas áreas para que se cometan crímenes. Lo que ha decidido el Gobierno nacional bajo el marco de la ley 2272, más conocida como Paz Total, permite acercamientos, diálogos con grupos criminales. Y ellas incluyen también que se suspendan las órdenes de captura”, indicó el alto funcionario en el noticiero nacional.

Además, subrayó que la Fuerza Pública mantiene vigente su instrucción de actuar “con total contundencia” contra cualquier acto ilegal del Clan del Golfo. “Nosotros los podemos capturar en flagrancia y los crímenes no se borran con esta suspensión de orden de captura”, complementó.

El ministro informó que la vigilancia y el cumplimiento de las medidas serán verificados por la comunidad internacional y organismos nacionales, contando con la presencia de representantes de Suiza, España, Noruega, la ONU, la Mapp-OEA, la Defensoría del Pueblo y la Fuerza Pública.

“Las zonas de ubicación temporal, que van hasta el 31 de diciembre y se espera que se llegue a ello, son áreas que tienen incluso el acompañamiento de, tanto de la comunidad internacional como también de organismos del Estado”, añadió.

Del mismo modo, Sánchez Suárez recalcó que “la orden a la Fuerza Pública es actuar con total contundencia contra este cartel del crimen y el terror. No hay ningún cese de operaciones militares, no hay ninguna suspensión de actuar contra esta estructura criminal”.

Crimen de periodista en Antioquia

De otro lado, el ministro de Defensa enfatizó en que la suspensión de las órdenes de captura no tienen ninguna relación con la muerte del periodista Mateo Pérez, ocurrido en el departamento de Antioquia, aunque recalcó que el EGC mantiene su presencia en la región colombiana.

“Era una persona que simplemente buscaba mostrar al mundo una crudeza que ocurre en los sitios donde converge la codicia por el narcotráfico, por la minería ilegal, donde convergen actores criminales de las disidencias de alias Calarcá, del cartel del ELN, del grupo criminal EGC, o más conocido como Clan del Golfo, y que toda Colombia debe unirse en este rechazo”, destacó.

Frente al presunto responsable del crimen contra el comunicador antioqueño, Pedro Sánchez resaltó que “alias Chalá, por quien ofrecemos hasta quinientos millones de pesos, que una información preliminar es que se estaría dividiendo, sería una disidencia de las disidencias del 36 en esa región del país, fue quien ordenó o perpetró el vil y atroz asesinato de un colombiano”.

Finalmente, el ministro enfatizó que la estructura criminal 36 “está prácticamente desmantelada”, organización criminal implicada en la muerte de 13 policías en el año 2025.

El Gobierno mantiene acciones para capturar a alias Primo gay, otro cabecilla relevante, ofreciendo hasta 640 millones de pesos de recompensa, junto con el incremento proyectado de 2.000 policías en Antioquia durante el segundo semestre del 2026.