El expresidente Ernesto Samper se sumó al llamado de más de 200 economistas y académicos del derecho que han solicitado al presidente Gustavo Petro liderar el retiro de Colombia del sistema internacional de arbitraje de inversión.
La propuesta, que cuenta con el respaldo de figuras como Joseph Stiglitz y Thomas Piketty, plantea desmontar mecanismos como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y avanzar hacia alternativas regionales.
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En una publicación en su cuenta de X, Samper manifestó su apoyo a la iniciativa y amplió el alcance de la propuesta al sugerir que el retiro no se limite al Ciadi, sino que incluya otros tribunales internacionales de arbitraje. “Bienvenida la propuesta de Stiglitz, Piketty y más de 200 economistas, aceptada ya por el presidente @petrogustavo, para desmontar el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de Washington”, escribió.
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El exmandatario también cuestionó el funcionamiento de este sistema al señalar que, según su visión, los Estados enfrentan desventajas frente a las grandes corporaciones. “Donde los Estados están perdiendo casi todos los casos, que ganan los carteles de abogados que trabajan para las grandes empresas transnacionales”, agregó en su mensaje.
Samper planteó que el retiro del Ciadi debería ser solo una primera etapa dentro de un proceso más amplio. “Este desmonte debería extenderse a la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de París y apoyar a centros regionales de solución de controversias como el que quedó prácticamente diseñado para Suramérica después de largas negociaciones en Unasur”, afirmó.
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Cuestionamientos al sistema de arbitraje de inversión
La propuesta enviada al presidente Petro sostiene que el sistema de arbitraje de inversión, incluido en miles de tratados internacionales —entre ellos 18 suscritos por Colombia—, permite que empresas extranjeras demanden a los Estados cuando consideran que sus decisiones afectan la rentabilidad de sus inversiones. Según los firmantes, este mecanismo otorga garantías a los inversionistas que no están disponibles para actores nacionales ni ciudadanos.
El documento advierte que esta estructura genera un tratamiento desigual y puede favorecer a las multinacionales en controversias con los Estados. Además, plantea que el arbitraje de inversión puede convertirse en un obstáculo para la implementación de políticas públicas, especialmente en materia ambiental.
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Los académicos señalan que medidas orientadas a la transición energética pueden derivar en demandas millonarias contra los países, lo que, en su criterio, limita la capacidad de los gobiernos para adoptar decisiones regulatorias. Como ejemplo, mencionan los casos que enfrentan los Países Bajos ante el Ciadi, por decisiones relacionadas con el cierre del campo de gas de Groningen.
Riesgos y contexto para Colombia
En el caso colombiano, los firmantes advierten que existen riesgos asociados a la actual política energética; pues el gobierno ha suspendido la firma de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, mientras el país mantiene 129 proyectos del sector cubiertos por acuerdos que contemplan arbitraje internacional, lo que podría dar lugar a reclamaciones económicas.
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La carta también recuerda que el Gobierno colombiano anunció en noviembre de 2024 su intención de renegociar tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea en lo relacionado con los laudos arbitrales. En ese sentido, los firmantes proponen avanzar hacia una estrategia más amplia que incluya el retiro del sistema actual.
Finalmente, el documento cuestiona la idea de que el arbitraje de inversión sea un factor determinante para atraer inversión extranjera. Según la evidencia citada, no existe una relación significativa entre este tipo de compromisos y el aumento de los flujos de capital, y se menciona el caso de Brasil como ejemplo de un país que, sin adoptar este sistema, se mantiene como uno de los principales receptores de inversión en América del Sur.
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