
El equipo de campaña de Carlos Eduardo Caicedo Omar denunció una “persecución judicial” por parte de la Fiscalía General de la Nación, a solo nueve días de la primera vuelta presidencial, tras la audiencia realizada ante el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá, en la que solicitó una condena en su contra por irregularidades en su administración, cuando estaba al frente de la Alcaldía de Santa Marta.
La tensión política se elevó en Colombia luego de que el equipo de Carlos Caicedo emitió un mensaje directo: la reciente actuación del ente investigativo contra el candidato presidencial no tendría fundamentos legales, sino objetivos políticos. Según el comunicado, los señalamientos contra Caicedo responden a una estrategia institucional que se activa en momentos sensibles de la campaña.
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El comunicado enfatiza que la Fiscalía acusó al candidato de retrasar o impedir la construcción y puesta en marcha de varios centros de salud, argumentando que los fondos destinados a esas obras se habrían perdido.
Sin embargo, el equipo de campaña sostiene que tales afirmaciones son “absolutamente falsas” y sostiene que los centros de salud cuestionados no solo están entregados a la comunidad, sino que siguen prestando atención integral, como se demostraría “en los registros fotográficos adjuntos”.

Reconocimiento como víctima por la JEP
El documento añade un elemento inédito en el actual proceso electoral: Caicedo es el único aspirante presidencial formalmente reconocido como víctima por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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Según el Auto OPV-677 del 18 de junio de 2025, dictado en el marco del Caso Macro 08 (Subcaso Gran Magdalena), la JEP determinó que el candidato ha sido blanco durante más de 20 años de un patrón sistemático de hostigamiento político y judicial. El texto recalca que este acoso estuvo motivado, originalmente, por la defensa de derechos laborales universitarios y que, como consecuencia, Caicedo pasó cinco años privado de la libertad de manera injusta.
El comunicado advierte sobre una “sincronía” entre las actuaciones judiciales y los hitos electorales actuales. De acuerdo con el equipo de campaña, la Fiscalía repite el patrón ya visto bajo las gestiones de Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa, en las que —afirma el texto— se buscaron resultados electorales más que justicia.
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Acusaciones y expectativa por el fallo

El informe del equipo de campaña destaca que la audiencia celebrada este 22 de mayo se limitó a la presentación de alegatos de conclusión y solicitudes de la Fiscalía, sin que esto signifique que haya una sentencia contra el candidato.
El comunicado enfatiza enérgicamente: “¡Por fin terminará la horrible noche en este caso! Corresponderá ahora al juez de la República dictar un fallo en el que, como ha ocurrido en todas las ocasiones anteriores, el doctor Caicedo quedará absolutamente exonerado de toda responsabilidad.”
A lo largo de los años, sostiene el comunicado, Caicedo ha enfrentado más de 700 acusaciones falsas, de las cuales “400 derivaron en procesos formales de investigación en la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría; todas ellas… han sido desestimadas por la justicia”. El documento lamenta que, según el equipo de campaña, el “despliegue mediático masivo” que reciben las acusaciones nunca tiene un correlato igual en la cobertura del archivo de los casos por inocencia.
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El texto es enfático: no existió perjuicio patrimonial alguno para el Estado ni para la ciudadanía. Señala que los centros de salud en cuestión —La Paz, Taganga, Bastidas y María Eugenia— “existen, están funcionando y prestan sus servicios a los usuarios”, insistiendo en que “nadie se robó el dinero” y que cualquiera puede comprobarlo de forma directa. La invitación se extiende tanto a la ciudadanía como a los entes de control y a la prensa.
El fallo del juzgado quedará en manos del juez, quien deberá pronunciarse en las próximas jornadas, mientras el equipo de Caicedo reclama: “¡Basta de manipulaciones! ¡Basta de mentiras!”
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