Un jurado federal en Alexandria, Virginia, Estados Unidos, declaró culpable el lunes 23 de marzo de 2026 al ciudadano con doble nacionalidad libanesa y siria Antoine Kassis por su implicación en una conspiración de narco-terrorismo y apoyo material a una organización terrorista internacional.
La sentencia se dictará el próximo 2 de julio y contempla una pena mínima de 20 años de prisión, con posibilidad de cadena perpetua, de acuerdo con información divulgada por el Departamento de Justucia de Estados Unidos en su comunicado.
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La investigación, liderada por la DEA reveló que Kassis, de 59 años, operaba desde Líbano como traficante de estupefacientes y armas, aprovechando sus contactos en el gobierno sirio bajo el régimen de Bashar al-Assad.
Según documentos judiciales, Kassis utilizó su acceso privilegiado a altos mandos militares sirios para facilitar el tráfico de cocaína y armamento, canalizando las ganancias a través de una red de lavado coordinada con un socio en Colombia.
La alta oficina norteamericana detalló que la acusación se fundamentó en el acuerdo entre Kassis y sus colaboradores en Colombia y México para suministrar armas de grado militar desviadas del régimen sirio a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), reconocida como organización terrorista por el Departamento de Estado estadounidense.
A cambio, el grupo colombiano entregaría cientos de kilogramos de cocaína, droga que sería distribuida en Oriente Medio bajo la supervisión directa de Kassis.
Durante el proceso judicial, la fiscalía presentó evidencia de movimientos financieros superiores a los 100 millones de dólares en menos de 18 meses, fondos que circularon por organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y grupos como Hamas, según lo expuesto en la sala.
Uno de los puntos más destacados del juicio fue la declaración de Kassis, quien aseguró ser primo del expresidente sirio Bashar al-Assad y mantener coordinación directa con Maher al-Assad, hermano del exmandatario y alto oficial militar.
El expediente judicial señala que desde abril de 2024, Kassis y sus socios tramaron el envío de armas, originalmente destinadas a las fuerzas sirias y provistas por gobiernos extranjeros como Rusia e Irán, hacia el ELN.
El plan contemplaba ocultar 500 kilogramos de cocaína en un contenedor de fruta enviado desde Colombia al puerto sirio de Latakia.
Parte de las ganancias ilícitas se reinvertía en la adquisición de más armamento y en la financiación de actividades de las organizaciones involucradas.
El juicio demostró cómo el régimen sirio obtenía ingresos adicionales mediante el cobro de impuestos en los puntos de control a cargamentos ilegales y la producción de Captagon, una sustancia controlada considerada de alto riesgo por las autoridades internacionales.
La captura de Kassis fue posible gracias a un operativo internacional que incluyó la colaboración de agencias policiales y de inteligencia de Estados Unidos, Colombia, Ghana, Marruecos, Kenia y otros países.
De acuerdo con el Departamento de Justicia la extradición del acusado se completó en mayo de 2025 tras su detención en Kenia, resultado de la cooperación entre el gobierno estadounidense, autoridades kenianas y la Oficina de Asuntos Internacionales de la alta oficina.
El caso forma parte de la operación nacional denominada Operation Take Back America, una iniciativa que busca desmantelar carteles y organizaciones criminales transnacionales, así como frenar el flujo de drogas y armas hacia territorio estadounidense.
Voceros del Department of Justice subrayaron la complejidad de la investigación, que involucró a oficinas de la DEA en ciudades como Bogotá, Cartagena, Accra, Rabat, Nairobi, Amán, Estambul, Panamá, Ciudad de México y Madrid.
Según la acusación presentada ante el tribunal, Kassis llegó a pagar hasta 10.000 dólares por cada kilogramo de cocaína importado a través del puerto de Latakia, evidencia que fue respaldada por registros financieros y testimonios de agentes encubiertos.
El expediente también recoge que el régimen sirio, aun después de la caída de Assad, mantenía control sobre parte de los arsenales que llegaron al país desde el extranjero y los utilizaba como moneda de cambio en el mercado ilícito internacional.
La fiscalía fue representada por los fiscales federales Anthony T. Aminoff y Kristin S. Starr, quienes coordinaron la presentación de pruebas durante las cinco jornadas del juicio.
El tribunal decidirá la sentencia tras considerar las directrices federales de Estados Unidos y otros factores legales aplicables al caso.
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