Andrés Forero acusó a Gustavo Petro y a Guillermo Alfonso Jaramillo de desfinanciar el sistema de salud: “Así lo ha dicho la Corte”

El senador electo del Centro Democrático, Andrés Forero, denunció la gestión de Gustavo Petro y el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo en el sector salud, tras la reciente determinación de la Procuraduría General de la Nación sobre la muerte del menor de siete años Kevin Acosta, afiliado a Nueva EPS, quien murió por no recibir a tiempo su medicamento para la hemofilia.

El congresista señaló que el Gobierno nacional ha ejecutado una desfinanciación deliberada del sistema de salud en Colombia, lo que, a su juicio, ha generado una crisis humanitaria en el acceso y la calidad de la atención médica.

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De acuerdo con el mensaje publicado por Forero en su cuenta oficial, la intervención estatal sobre Nueva EPS ha sido un eje central de la problemática.

El legislador criticó que el Gobierno haya asumido el control de esta entidad desde hace casi dos años, tiempo en el que se han nombrado cuatro interventores, varios de ellos por fuera del registro oficial de interventores, liquidadores y contralores.

Según el congresista, “es inmoral lo que ha hecho el presidente Petro y lo que ha hecho el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo”, en referencia a las decisiones adoptadas respecto de la administración de la salud pública.

El señalamiento de Forero surgió tras el pronunciamiento de la Procuraduría, que atribuyó a Nueva EPS la responsabilidad en el fallecimiento del menor Kevin.

En palabras del representante, la entidad de control estableció que la responsabilidad no recaía en la madre del menor, como había sostenido previamente el Ejecutivo, sino en la EPS que permanece bajo intervención directa del Estado.

“La Procuraduría General de la Nación ha establecido que la responsable es Nueva EPS”, afirmó Forero en su pronunciamiento.

Según el legislador, la intervención sobre Nueva EPS ha dejado a más de 11.600.000 personas afiliadas a una entidad que enfrenta graves deficiencias operativas y administrativas.

Forero advirtió que el presidente ha manifestado su intención de liquidar otras entidades promotoras de salud (EPS), lo que supondría el traslado masivo de afiliados a una EPS que, en palabras del congresista, “se está cayendo a pedazos”.

El congresista también cuestionó los nombramientos realizados por el Gobierno en la administración de Nueva EPS, indicando que varios de los interventores designados no figuran en los registros oficiales.

Según explicó, esta situación ha agravado los problemas en la prestación del servicio y ha generado incertidumbre sobre la continuidad de la atención para millones de usuarios. En su declaración, Forero hizo referencia directa a la postura de la Corte Constitucional, que ha advertido sobre los riesgos de la desfinanciación del sistema de salud.

El representante aseguró que “así lo ha dicho la Corte Constitucional”, en relación con la falta de recursos y la pérdida de capacidad operativa en las entidades encargadas de garantizar el acceso a servicios médicos básicos.

El legislador enfatizó que casi la mitad de la población colombiana se encuentra actualmente afiliada a una EPS intervenida y controlada por el Gobierno nacional. Ante la posible liquidación de más entidades, Forero cuestionó la ausencia de un plan claro para el traslado y atención de los pacientes.

“¿Qué va a pasar con los pacientes, a dónde van a ir?”, planteó el congresista, quien además sugirió que el presidente podría estar buscando reinstaurar un esquema similar al antiguo Seguro Social para centralizar la prestación de servicios en una sola entidad.

Forero manifestó que la reforma impulsada por el Gobierno ha sido “un completo desastre” y que las medidas adoptadas han empeorado la situación preexistente. En su mensaje, el congresista reiteró que la respuesta del Ejecutivo ha sido improvisada y carente de un plan adecuado para garantizar la protección de los derechos de los pacientes.

El congresista anunció que continuará recurriendo a instancias judiciales para frenar lo que calificó como una crisis humanitaria inducida por el Gobierno de Gustavo Petro.

“Vamos a seguir recurriendo a los estados judiciales para frenar la crisis humanitaria que está induciendo el gobierno”, afirmó.