El atentado de Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito de Modelia, Bogotá, y por el cual perdió la vida el 11 de agosto, tras permanecer más de dos meses en una Unidad de Cuidados Intensivos en la Fundación Santa Fe, volvió a poner en el centro del debate nacional la relación entre violencia política y negociaciones con grupos armados.
La declaración de Simeone Pérez Marroquín, alias el Viejo, a la Fiscalía General de la Nación, dio un giro a la investigación al señalar que la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc, ordenó el crimen mientras sus líderes participaban en diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro.
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El magnicidio del entonces senador y candidato presidencial por el Centro Democrático revivió el temor a la violencia como herramienta de disputa política.
Las revelaciones conocidas por la opinión pública a través del testimonio de alias el Viejo, y difundidas por la Revista Semana, pusieron en duda la eficacia y transparencia del proceso de Paz total, una de las banderas del actual Ejecutivo.
Las reacciones en el escenario político no tardaron en llegar. El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella criticó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuestionando su eficacia frente a delitos cometidos por las Farc.
El jurista afirmó que “no se debe premiar a los criminales con impunidad” y exigió el cierre definitivo de la JEP. De la Espriella señaló a Iván Cepeda como “inspirador y controlador” de la entidad.
Además, responsabilizó a Juan Manuel Santos, Gustavo Petro y Cepeda por el proceso de paz. Sobre el asesinato de Miguel Uribe, sostuvo: “Petro fue el instigador, el generador del odio”. Concluyó que solo alguien independiente puede frenar la impunidad.
Paloma Valencia, senadora y candidata del Centro Democrático, denunció: “Los que mataron a Miguel Uribe tienen fotos abrazados con Iván Cepeda. Lo mandaron a matar mientras negociaban la paz total con Iván Cepeda”.
Valencia calificó de “aterrador” el testimonio divulgado y prometió que “derrotaremos a los amigos de la Segunda Marquetalia y vamos a construir una Colombia donde la criminalidad esté en la cárcel”.
Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, cuestionó el papel del Gobierno en el caso: “A Miguel lo mandó matar un ‘gestor de paz’ beneficiado por el gobierno de Gustavo Petro en el marco de la ‘paz total’ de Iván Cepeda. ¿Se puede hablar de crimen de Estado? Iván Márquez ordenó matar a Miguel Uribe. Es un hecho, no una opinión (sic)”.
Por su parte, David Luna, exministro y exsenador, fue contundente al afirmar que “la Paz Total no fue un invento ingenuo: fue una estrategia deliberada para darle oxígeno a criminales que traicionaron el acuerdo de paz”.
Luna vinculó directamente a Jesús Santrich y a Iván Cepeda, asegurando que ambos tuvieron un papel clave en el fortalecimiento de la Segunda Marquetalia y que el país “tiene derecho a exigir responsabilidades políticas claras”. “Hay dos nombres que no pueden evadirlas: Gustavo Petro e Iván Cepeda”, subrayó.
El exministro de Defensa y excandidato presidencial, Juan Carlos Pinzón Bueno, advirtió que el magnicidio “no puede quedar en la impunidad” y planteó interrogantes sobre posibles vínculos entre la Segunda Marquetalia y funcionarios estatales.
Pinzón enumeró inquietudes sobre el conocimiento que pudo tener el equipo negociador del Gobierno antes del crimen, la existencia de información privilegiada sobre los movimientos de Uribe Turbay y la infiltración de su entorno.
Además, llamó a la cooperación internacional: “Este caso por su relevancia necesita asistencia a la justicia colombiana de organismos judiciales en Estados Unidos, Reino Unido y agencias internacionales para poder esclarecerlo”.
La denuncia de Pinzón sugirió una coordinación entre actores políticos y criminales para alterar el curso institucional del país.
“Es evidente que este magnicidio no es un hecho aislado. Forma parte de un plan que tiene intereses e interesados en los que confluyen la política y el crimen transnacional, que buscan alterar la estabilidad institucional, la libertad y la democracia en Colombia”, concluyó.
Por último, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció en X sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay, atribuyéndolo a la Segunda Marquetalia. “Colombia no puede seguir como si nada”, afirmó, advirtiendo que el país no debe volver a caer en manos de las Farc.
Cuestionó la estrategia de Paz total del Gobierno Petro, señalando que “debilitó al Estado y fortaleció a los criminales”.
Gutiérrez exigió que el presidente sea investigado por el crimen y aseguró que “fue un gestor de paz designado por Petro quien dio la orden”. Preguntó si podría considerarse un crimen de Estado.
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