Red de Veedurías exigió respeto al debido proceso en el caso de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol: “Tiene derecho al buen nombre”

La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia instó el jueves 19 de marzo de 2026 a que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, ante las investigaciones judiciales que actualmente lo involucran, pues la Fiscalía General de la Nación imputó al funcionario de la comisión de los delitos de tráfico de influencias y violación de topes de campaña.

El pedido, hecho por el presidente de la red, el abogado Pablo Bustos, se produjo mientras el ente acusador avanza en dos procesos clave: el primero de ellos, ligado a la adquisición de un apartamento de alto valor en Bogotá, y otro por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022, de la que fue gerente, que habría excedido los topes en más de $5.300 millones.

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En efecto, Roa Barragán enfrenta una imputación formal de la Fiscalía por el supuesto uso de su posición para beneficiar a terceros a cambio de incentivos personales. Entre los elementos esgrimidos figura la compra de un apartamento en el sector de El Chicó por 1.800 millones, un monto que según los investigadores representa un 34% menos del valor comercial; $927 millones por debajo.

Este hecho ha sido objeto de atención judicial y mediática, pues la transacción involucra vínculos directos entre Roa y propietarios con intereses en negocios adjudicados a una empresa vinculada con Serafino Iacono, un reconocido empresario del sector petrolero. De hecho, la transacción se hizo con una compañía cuyos directivos han tenido intereses en negocios y contratos con filiales como Cenit.

Red de Veedurías pidió garantías para Ricardo Roa y el derecho a defenderse

Bustos enfatizó que las garantías procesales no deben relativizarse por presiones políticas ni mediáticas. “La justicia no puede ni debe operar bajo presiones políticas o mediáticas, sino bajo los principios de imparcialidad, legalidad y objetividad”, expresó el veedor, que comparó el tratamiento hacia Roa con el que en su momento reclamaron en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Del mismo modo, desde la red se expresó que los intereses superiores del país frente a la empresa pública más importante demandan ponderación. “Y, por lo mismo, esperar a que las autoridades competentes tomen las decisiones que no son lo que refiera necesariamente la opinión pública o lo que ella misma concierna de manera directa", remarcó el abogado, en relación con este mediático caso.

Para Bustos, es innegociable el respeto al debido proceso. “Sencillamente, se trata de esperar que las autoridades judiciales correspondientes tomen una decisión y entonces, con base en ella, se decida o no la permanencia de quien es ahora el presidente de Ecopetrol. Creemos que tiene igual derecho a la defensa, a la presunción de inocencia y su buen nombre", indicó el veedor en su pronunciamiento.

Insistió a que, hasta tanto no se desvirtúe en los estrados, como ocurre también en otros procesos, no se puede excluir a Roa de su cargo. “Por tanto, se trata de preservar esa iguana nacional y esperar que muy pronto se tomen las decisiones que en derecho correspondan y opere la gobernanza empresarial en Ecopetrol. Mientras tanto, el presidente de Ecopetrol debe mantenerse en su cargo”, dijo.

La red advirtió que el Estado de derecho se sostiene en el respeto a las garantías procesales, y que “cualquier intento de instrumentalizar la justicia con fines políticos debilita la institucionalidad y erosiona la confianza ciudadana y lo peor aún puede terminar por derivar en un daño reputacional irreversible de ‘la iguana’, la mayor empresa pública y principal patrimonio petrolero.

Es válido destacar que en las audiencias de imputación, celebradas el 11 marzo, Roa no aceptó los cargos atribuidos por la Fiscalía. Con este panorama, Bustos reiteró su llamado “a la prudencia, al rigor informativo y a la responsabilidad de los distintos actores públicos, para evitar juicios anticipados que vulneren derechos fundamentales y afecte la empresa como lo ha esgrimido la junta directiva”.