Varios altos funcionarios y congresistas se encuentran privados de la libertad o con órdenes de captura vigentes tras su vinculación en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
A ese listado, recientemente se sumaron los congresistas Wadith Manzur (Partido Conservador) y Karen Manrique (Representante de las curules de paz por Arauca), quienes fueron trasladados a centros de reclusión provisional mientras avanza la investigación en su contra.
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Por un lado, el congresista conservador estará la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá, mientras que la congresista araucana será trasladada a la cárcel de mujeres El Buen Pastor de la capital colombiana.
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema expidió medida de aseguramiento privativa de la libertad contra ambos congresistas, acusados por el delito de cohecho impropio, en el contexto de una investigación que involucra a otros miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Ambos fueron llamados a juicio junto a otros legisladores por su presunta implicación en la manipulación de contratos y votaciones dentro de la comisión, con impacto en proyectos de la Ungrd en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar.
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Los otros funcionarios recluidos
El proceso de investigación atañe a los principales exdirectivos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd).
Olmedo López, exdirector de la entidad nacional, se encuentra recluido en el Cantón Militar Caldas (norte de Bogotá). Actualmente, se encuentra en proceso de colaboración con la justicia tras aceptar cargos por concierto para delinquir y peculado.
De manera similar, Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres, permanece retenido en la Escuela de Artillería del Ejército Nacional, en inmediaciones a la Cárcel La Picota (sur de Bogotá). En el caso de Pinilla, ha acordado beneficios judiciales a cambio de delatar a otros implicados.
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Ambos funcionarios han sido acusados y procesados por liderar el entramado de corrupción de la entidad que, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, consiste en el presunto desvío de billones de pesos destinados a emergencias para el pago de sobornos a congresistas y el financiamiento de intereses políticos.
En la red de contratistas, destaca el caso de Luis Eduardo López, conocido como alias El Pastuso, implicado en el procedimiento de adquisición y desviación de fondos a través del escándalo de los carrotanques. López fue recluido en una estación de carabineros, conforme a las decisiones judiciales más recientes.
La investigación también ha dejado la detención de varios funcionarios que estuvieron cercanos al presidente Gustavo Petro.
Luis Fernando Velasco (exministro del Interior) y Ricardo Bonilla (exministro de Hacienda) enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por su presunta participación en el direccionamiento de recursos públicos para favorecer a congresistas.
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En diciembre de 2025, ambos exfuncionarios fueron cobijados bajo medida de aseguramiento mientras avanza su investigación.
Velasco está recluido en la Escuela de Carabineros de Cali, tras entregarse de manera voluntaria en la sede del Inpec de esa ciudad. Mientras que Bonilla se encuentra en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo) en Bogotá.
Entre tanto, Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, permanece recluida en la guarnición militar de Carabineros de Bogotá.
La exfuncionaria enfrenta un juicio formal por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público y, según la acusación, actuó como intermediaria en la entrega de 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, dinero presuntamente proveniente de recursos de la Ungrd dirigidos a los carrotanques de La Guajira.
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Congresistas detenidos
Adicionalmente, la sentencia judicial afecta a figuras de alto perfil: los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, están recluidos en el pabellón de funcionarios públicos del Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá (La Picota).
Ambos fueron capturados tras ser acusados de cohecho impropio y peculado por apropiación, con montos que, según la investigación, ascienden a 3.000 millones de pesos para Name y $1.000 millones para Calle. El cinco de marzo de 2026, ambos comparecieron de forma virtual ante la Corte Suprema de Justicia durante la audiencia preparatoria de juicio.
Por este mismo caso, también está involucrado Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), acusado por los delitos de cohecho, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos..
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Aunque existe una orden de captura vigente en su contra y una medida de aseguramiento en centro carcelario ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia, González se encuentra prófugo de la justicia, tanto que se encuentra en Nicaragua, país que le dio asilo político.
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