A la cárcel un fiscal y dos policías: habrían exigido $300 millones por echar atrás valiosa incautación

Un juez penal de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el fiscal seccional Leopoldo Eduardo Montes Dávila y los patrulleros de la Sijín de la Policía Metropolitana de Santa Marta, Javier Tapias Madera y Wladimir José Sanjuan Márquez.

Estos tres servidores públicos fueron señalados de haber exigido dinero al propietario de una carga inmovilizada de manera irregular en el municipio de Bosconia, departamento de Cesar.

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De acuerdo con información suministrada por la Fiscalía General de la Nación en su comunicado la mañana del jueves 19 de marzo de 206, los hechos se remontan al 24 de enero, cuando un tractocamión que transportaba 15 motores importados desde la zona portuaria hacia Medellín fue interceptado en inmediaciones de Bosconia.

El vehículo quedó retenido y fue trasladado a un parqueadero, mientras los funcionarios implicados, según los elementos materiales probatorios, habrían aprovechado sus cargos para apropiarse ilícitamente de la mercancía.

En el reporte que compartió el ente investigador se detalló que al día siguiente (25 de enero de 2026), el fiscal Montes Dávila emitió un oficio para que el automotor y la carga quedaran bajo custodia de su despacho, argumentando supuestos vínculos con casos de narcotráfico y contrabando.

Después, el propietario de la mercancía se reunió con los hoy procesados, quienes le solicitaron 300 millones de pesos para devolver los motores, aunque la cifra al final se redujo a 100 millones.

Durante el desarrollo de la investigación, la Fiscalía estableció que el fiscal involucrado asumió un proceso que no correspondía a su competencia y sumó las actuaciones a un expediente abierto por hechos distintos, con el fin de dar apariencia de legalidad a sus acciones.

Por todo lo anterior, la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía imputó a Montes Dávila, Tapias Madera y Sanjuan Márquez el delito de concusión, mientras que al funcionario judicial se le sumó el cargo de prevaricato por omisión agravado.

Los funcionarios que montaron un “cartel de procesos”

Sumado al caso anterior, el 9 de enero de 2026 se destacó por parte de la Fiscalía en otro resultado que ocho funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional fueron enviados a prisión tras comprobarse su presunta integración en una red de corrupción que manipulaba procesos judiciales a cambio de pagos millonarios.

Esta maniobra fue considerada como una amenaza a la integridad del sistema de justicia colombiano.

La investigación, llevada a cabo por grupos especiales de la Seccional Bogotá y la Dirección Especializada contra la Corrupción, reveló la existencia de un esquema donde la venta de información reservada y la manipulación de expedientes judiciales ponían en riesgo investigaciones clave sobre delitos como el lavado de activos y la extinción de dominio.

De acuerdo con las cifras publicadas por El Tiempo, la red llegó a cobrar hasta 1.000 millones de pesos por cada caso manipulado, aunque el rango de las transacciones ilícitas rondaban entre 400 y 1.000 millones de pesos por proceso.

Las mismas cifras indican que la alteración de expedientes y la venta de datos también se realizaban por sumas menores, de hasta 200 millones de pesos, en función de la información o el beneficio judicial obtenido.

En consecuencia, el 30 de diciembre de 2025 la Fiscalía informó de la captura de nueve integrantes de esta estructura criminal en diversas ciudades, entre las que se encuentran Bogotá y Pereira (Risaralda), además de los municipios Chiquinquirá (Boyacá) y Granada (Meta).

El “cartel de procesos” operó dentro de la Fiscalía y permitió anticipar decisiones judiciales

El caso, conocido como el “cartel de procesos”, involucraba a funcionarios y particulares que aprovechaban el acceso a sistemas internos y bases de datos de la Fiscalía General de la Nación como herramienta para anticipar y modificar decisiones judiciales.

Según la Fiscalía en su comunicado, uno de los factores relevantes que permitió la investigación fue la denuncia sobre el tráfico de expedientes reservados a terceros.

La maniobra permitía que los acusados, mediante pagos a los integrantes de la red, accedieran a información confidencial y se adelantaran así a las acciones legales en su contra.

Entre los delitos por los cuales han sido imputados figuran concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario.

Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía precisó que, además de los funcionarios de CTI y policías, hay también exfuncionarios y personas externas sometidas a proceso.

Uno de los datos relevantes que distingue a esta investigación es que, según la Fiscalía, el Modelo Único de Investigación Financiera —implementado tras la llegada de Luz Adriana Camargo a la entidad— fue utilizado por la red para beneficiar a organizaciones criminales y particulares involucrados en delitos de alto impacto, alterando así el sentido original de la herramienta creada para combatir el crimen financiero.

Funcionarios identificados

Los procesados enviados a prisión preventiva son el capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez; los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca; el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo; los servidores del CTI Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo; así como los exfuncionarios Luis Eduardo Riveros García, Rosember Gil Ramírez y Jimmy Gerardo Casas Torres.

Además, una persona más quedó vinculada al proceso judicial, aunque podrá continuarlo en libertad domiciliaria, según información del ente investigador.

La estructura identificada transformó el acceso a la información interna de la Fiscalía en un mecanismo para manipular el rumbo de investigaciones y filtrar información a los investigados, con el objetivo de eludir la acción judicial.

Las autoridades reiteraron que la investigación permanece abierta para determinar la posible participación de otros funcionarios y rastrear el destino final de los recursos obtenidos de forma ilícita.