La Procuraduría General de la Nación concluyó que la muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un menor con hemofilia, fue consecuencia de la negligencia en la entrega de su medicamento por parte de la Nueva EPS.
El caso ha puesto en evidencia el riesgo al que están expuestos otros 2.000 pacientes que requieren tratamientos similares.
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La Procuraduría General de la Nación responsabilizó a la Nueva EPS porque no garantizó la entrega oportuna del medicamento Emicizuab a Kevin Arley.
La suspensión de este medicamento ocurrió debido a la falta de pagos de la EPS a los prestadores de servicios de salud, lo que derivó en que el menor pasara casi dos meses sin tratamiento y en una situación crítica.
El informe del organismo indicó que el niño estuvo sin recibir el EMICIZUMAB durante casi dos meses. Medicarte, la entidad encargada de suministrar el medicamento, suspendió el procedimiento a todos sus pacientes por la acumulación de deudas de la Nueva EPS.
Cómo ocurrió la suspensión del medicamento Emicizumab
Medicarte dejó de suministrar el medicamento a Kevin Arley cuando la Nueva EPS no pagó los servicios. La IPS Integral, que debía recibir a los pacientes de Medicarte, tampoco pudo hacerse cargo debido a la falta de recursos entregados por la aseguradora.
Antes de fallecer, Kevin Arley no estaba asignado formalmente a un prestador de servicios de salud. En consecuencia, no tuvo acceso al tratamiento que su condición exigía, de acuerdo con la Procuraduría General de la Nación.
Más de 2.000 pacientes en riesgo por falta de atención
La Procuraduría General de la Nación advirtió que existen alrededor de 2.000 pacientes adscritos que permanecen sin atención médica asegurada.
Estas personas, que antes estaban bajo el cuidado de Medicarte y después de Integral, enfrentan riesgos similares a los del menor fallecido por problemas administrativos y ausencia de pagos.
El organismo enfatizó que mientras persistan los inconvenientes en los flujos de recursos, la atención para miles de afiliados seguirá en duda. La Procuraduría solicitó la adopción de medidas urgentes para evitar situaciones como la ocurrida con Kevin Arley Acosta Pico.
Investigación disciplinaria y acciones legales
La Procuraduría General de la Nación remitirá su informe a la Fiscalía General de la Nación para que se inicien las investigaciones judiciales correspondientes. Además, se abrirá una investigación disciplinaria contra Óscar Galvis, interventor de la Nueva EPS, para determinar su posible responsabilidad en el caso.
La apertura de este proceso disciplinario marca el siguiente paso institucional tras el fallecimiento de Kevin Arley, en busca de establecer responsabilidades y evitar que hechos similares se repitan.
La muerte de un joven con leucemia reabre cuestionamientos al sistema de salud colombiano
Jeisson Javier Pinzón Sandoval, un joven de 20 años diagnosticado con leucemia aguda, falleció el 14 de marzo de 2026 tras esperar durante cinco meses el medicamento blinatumumab, considerado esencial para su tratamiento.
El fármaco debía ser gestionado y suministrado por la Nueva EPS, entidad bajo intervención estatal desde 2024. Este caso ha provocado una serie de llamados a investigar posibles fallas administrativas y la garantía de derechos de los pacientes dentro del sistema de salud colombiano.
A pesar de contar con un fallo judicial y una orden de desacato que obligaban a la entrega del medicamento, Pinzón Sandoval nunca recibió el blinatumumab.
La situación fue denunciada públicamente por Funcolombiana, organización que en reiteradas ocasiones recordó que se trataba de un paciente de solo 20 años con un diagnóstico confirmado de leucemia desde febrero de 2025, y que desde octubre del mismo año enfrentó barreras sistemáticas para acceder al tratamiento.
En su comunicación oficial en la red social X, la entidad afirmó: “Paciente con leucemia aguda sin medicamento prescrito desde octubre. Qué dice Nueva EPS? El paciente tiene tutela con fallo a favor y desacato y esta demora lo expone a riesgo de recaída y muerte”.
Pinzón Sandoval buscó el respaldo de la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo, y el propio Gobierno nacional. También llevó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pese a la cantidad de instancias oficiales alcanzadas y a la insistencia en la naturaleza vital del blinatumumab —un inmunofármaco que actúa uniendo las células cancerosas con las células T del sistema inmunitario para facilitar su destrucción—, el joven manifestó en sus últimas declaraciones públicas
“La sola quimioterapia no es suficiente”, señalando que el medicamento era “fundamental dentro del esquema médico ordenado” por los especialistas que lo trataban.
La muerte de un segundo paciente agrava el escrutinio sobre el sistema de salud
El caso de Pinzón Sandoval no es aislado dentro de la coyuntura reciente de la Nueva EPS. El 13 de febrero de 2026, Kevin Acosta, un niño diagnosticado con hemofilia, murió en Bogotá tras dos meses sin acceder al medicamento Emicizumab. Según la familia y la Liga Colombiana de Hemofílicos, este fármaco debía ser suministrado por la misma EPS, especialmente después de que un accidente alteró su estado de salud.
La Superintendencia Nacional de Salud anunció la apertura de una auditoría al proceso de atención, enfocándose en posibles barreras administrativas y en verificar si se cumplieron los protocolos y plazos para la entrega de tratamientos a pacientes con enfermedades huérfanas, como la hemofilia.
La entidad reguladora precisó para Infobae que, de encontrarse irregularidades en la gestión institucional, podrían imponerse sanciones administrativas o exigirse medidas correctivas.
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