Se pausaron los diálogos entre Gobierno Petro y las disidencias de “Walter Mendoza”: esta es la razón

Las negociaciones de paz entre delegados del Gobierno de Gustavo Petro y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) en los departamentos de Nariño y Putumayo (sur de Colombia) tendrán una suspensión de seis días.

Así lo confirmó Armando Novoa, jefe negociador del Ejecutivo que, en declaraciones a Colombia+20 de El Espectador, sostuvo que la pausa obedece a una consulta interna entre ambas delegaciones sobre temas neurálgicos que se abordan en la mesa.

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La breve suspensión del proceso se produce tras la finalización del séptimo ciclo de diálogos en el resguardo indígena de Inda Zabaleta, zona rural del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño.

“La delegación adelantará consulta jurídica sobre el funcionamiento general de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), y sobre la suspensión de órdenes de capturas de quienes ingresen a ellas”, indicó el funcionario al citado medio de comunicación.

Esto último responde a la situación de Geovanny Andrés Rojas, alias Araña, jefe de los Comandos de Frontera —estructura adscrita a la Cneb—, capturado en Bogotá en 2025, y que su extradición a Estados Unidos fue avalada por la Corte Suprema de Justicia, pero que está a solo una firma del presidente Gustavo Petro para su correspondiente traslado.

De igual forma, la reorganización de la mesa responde a críticas de parte de algunos candidatos presidenciales y dirigentes políticos que demandan el fin de estos diálogos y proponen la vía militar contra el grupo armado.

Sin embargo, Novoa defendió los avances que ha tenido el proceso que se avanza en el sur del territorio colombiano y recalcó la necesidad de crear un marco jurídico para el sometimiento a la justicia de los grupos armados.

“Los candidatos presidenciales deben pensar si tienen en su agenda crear un marco judicial para el sometimiento a la justicia o no, o si lo único que les satisfará serían operaciones militares en el territorio, para enfrentar las violencias que produjo la manera tan equivocada en que se implementó el Acuerdo de Paz por los gobiernos que antecedieron al presidente Petro”, explicó Novoa en declaraciones citadas por Semana.

Igualmente, el jefe negociador del Gobierno nacional señaló que, desde la autorización de la mesa con la Cneb, los homicidios en las zonas rurales de Nariño y Putumayo disminuyeron más del 95%, asociado a la reducción de enfrentamientos y avances en los acuerdos de paz en territorios donde la Coordinadora ejerce presencia.

Por último, Armando Novoa puntualizó que, tras la fase de consultas, las partes esperan retomar la mesa de diálogos el sábado 21 de marzo para abordar los compromisos sobre la desescalada del conflicto armado.

Zona de Ubicación Temporal

Además de la situación de alias Araña, el proceso de consultas, pactado por ambas delegaciones, también analizará la reglamentación jurídica para garantizar la seguridad de aquellos que se acojan al proceso en la ZUT ubicada en Valle del Guamuez (Putumayo), cuya vigencia se extenderá por diez meses.

De acuerdo con la resolución 053 del 25 de febrero de 2026, se suspenden las órdenes de captura y extradición para los integrantes de la lista oficial validada por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, con el objetivo de facilitar la transición de estos guerrilleros a la vida civil.

Si por las actividades de la mesa requieren que un miembro salga de la ZUT, el Gobierno nacional debe informar a la Fiscalía General la identidad de los beneficiarios de esa suspensión de manera temporal.

El grupo insurgente cuenta con aproximadamente 2.500 hombres en armas. Según el Acuerdo N.º 10 suscrito el 25 de mayo de 2025 entre el Gobierno y la Cneb, se prevé la capacitación y ubicación temporal de 120 personas: 60 en Putumayo y 60 en Nariño, lo que contempla la apertura de otra zona en este último departamento.

Durante este período, se implementarán medidas de seguridad y convivencia tanto para los guerrilleros en proceso de reintegración como para las comunidades vinculadas. Las Fuerzas Militares y las autoridades civiles conservarán el pleno ejercicio de sus funciones del Estado Social de Derecho, sujeto a los protocolos pactados en la mesa de diálogos de paz.