Condenan a más de 38 años de cárcel a alias Julián, señalado sicario del Clan del Golfo en Córdoba

La Sala Penal del Tribunal Superior de Montería revocó la absolución de Dairo José Clemente Peñata, conocido como alias Julián, y dictó una condena de 38 años y 4 meses de prisión por una serie de asesinatos selectivos ocurridos en 2017 en Córdoba.

La decisión judicial responde a un recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación, que buscaba responsabilizar a este integrante del Clan del Golfo por su participación en una estructura dedicada a la comisión de homicidios en la región.

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La condena impuesta incluye, además de la pena privativa de la libertad, una multa equivalente a 2.700 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante dos décadas.

La Fiscalía informó que Peñata integró una célula sicarial vinculada a al menos tres asesinatos perpetrados entre febrero y mayo de 2017 en Montería, cuyos objetivos fueron previamente seleccionados por la organización criminal.

De acuerdo con la información oficial, la sentencia de segunda instancia establece que los hechos atribuidos a alias Julián constituyen los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado con fines de homicidio.

La investigación determinó que las víctimas fueron identificadas por el grupo armado ilegal como blancos de sus ataques, lo que permitió sustentar la responsabilidad penal del condenado.

El fallo judicial revocó la decisión absolutoria emitida en primera instancia, acogiéndose a los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación durante la apelación.

Dairo José Clemente Peñata deberá cumplir la condena en el establecimiento penitenciario que disponga el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Capturaron al jefe de sicarios de alias Marquitos Figueroa, en La Guajira

En la jornada del 13 de marzo de 2026, las autoridades reportaron la captura de Pedro Enrique Ospino Cobo, conocido como alias Balacho, líder sicarial de una de las estructuras criminales más grandes del Caribe colombiano.

Este jefe de sicarios, vinculado a los antiguos patrones del narcotráfico Kiko Gómez y Marcos de Jesús Figueroa, figuraba como cabeza operativa de una organización que, según denuncias recogidas por La Nueva Prensa, cuenta con más de 5.000 sicarios bajo su mando.

Según información obtenida por El Pulso Caribe, el operativo que resultó en la aprehensión de “Balacho” se realizó en el corregimiento de San Pedro, área que pertenece al municipio de Barrancas, tras semanas de trabajo de inteligencia y la acción de unidades especializadas de la Policía. El traslado de los capturados a dependencias judiciales fue inmediato, donde actualmente se desarrollan audiencias de legalización de captura e imputación de cargos.

El riesgo de que quede en libertad, como ocurrió tras su detención de 2015, mantiene en alerta a la sociedad local ante la posibilidad de nuevos intentos de soborno y reorganización criminal.

Portavoces de la Policía del departamento de La Guajira precisaron a Infobae Colombia que está pendiente la publicación de detalles adicionales sobre la operación y los delitos más recientes atribuidos a Ospino Cobo. Han confirmado, además, que otros individuos fueron detenidos junto a él; sus identidades y antecedentes continúan en proceso de verificación para determinar su grado de implicación en la red delictiva.

Denuncias de pagos irregulares para evadir la justicia en La Guajira

Los antecedentes de alias Balacho no se limitan a los delitos de homicidio, narcotráfico, extorsión, secuestro, tortura y trata de personas que constan en reportes policiales previos. Su largo historial se asocia también a episodios documentados de corrupción judicial.

Documentos de la Corte Suprema de Justicia citados en la sentencia que condenó al exfiscal Primer Seccional de La Guajira, Alcides Elías Pimiento Rosado, revelan que “Balacho” llegó a pagar diez millones de pesos ($10.000.000) a funcionarios judiciales para evitar su captura. En una declaración recogida por la Corte, se detalla: “El señor José Carlos García Cataño sostiene que el doctor Alcides Pimienta, fiscal 1o Seccional de Fonseca Guajira, le solicitó a Pedro Enrique Ospina Cobo, alias Balacho, la suma de diez millones de pesos para que no le llegara una orden de captura por una denuncia que le puso un policía, que además él lo borraba de allí de la Fiscalía para que no le aparecieran registros”.