Ministro de Trabajo respaldó comité para impulsar la asamblea constituyente en Antioquia

El ministro de Trabajo Antonio Sanguino Páez llegó el sábado 14 de marzo a Medellín para supervisar y autorizar la integración del comité departamental que promoverá en Antioquia la iniciativa de una Asamblea Nacional Constituyente, según informó el propio ministro a través de X.

El proceso contempla una campaña de recolección de firmas y actividades pedagógicas dirigidas a la ciudadanía en torno al proyecto de ley que permitiría convocar la Constituyente, conforme precisó el jefe de la cartera laboral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el evento celebrado en la sede de Adida, Sanguino declaró en su red social: “¡La Constituyente es de la gente! Hoy en #Medellín, en la sede de Adida, acompañando el Lanzamiento de la Asamblea Nacional Constituyente en #Antioquia. El Gobierno del Cambio del presidente Gustavo Petro está con los sindicatos, pueblos indígenas y movimientos sociales impulsando el fin del bloqueo institucional”.

La conformación del comité representa una estrategia del Ministerio de Trabajo para fortalecer la movilización social en respaldo de la Asamblea Constituyente, involucrando a distintos sectores sindicales e indígenas, de acuerdo con las declaraciones de Sanguino.

El presidente Petro inicia proceso para convocar a asamblea nacional constituyente

El presidente Gustavo Petro oficializó en Cartagena, el 17 de febrero, la solicitud para iniciar el proceso de convocatoria de una asamblea nacional constituyente, consolidando un proyecto que ha promovido durante varios momentos de su gobierno y cuya principal consecuencia será la apertura de un eventual referendo que decidirá si el país modifica su marco constitucional, un escenario que podría concretarse solo después del fin de su mandato.

La noticia marcó el inicio de la fase legal que exige la recolección de respaldos ciudadanos suficientes para avanzar en el propósito de reformar las bases jurídicas de Colombia.

El documento, firmado por Petro y sus ministros el martes en un consejo de gabinete celebrado en Cartagena, fija como objetivo reunir al menos 2.069.760 firmas válidas, es decir, el 5% del censo electoral nacional, como exige la actual legislación.

La Registraduría Nacional del Estado Civil reconoció el 31 de enero el comité encargado de la recolección y autorizó formalmente el inicio de la campaña: desde ese momento, los promotores cuentan con exactamente seis meses para alcanzar el umbral previsto, cuyo límite expira el 6 de agosto de 2026, coincidiendo con el último día legal del periodo presidencial de Petro.

El respaldo institucional al proyecto se hizo explícito durante la reunión, cuando varios ministros —incluidos los responsables de Minería, Defensa, Educación, Vivienda, Cultura, Comercio y Hacienda— firmaron junto al presidente el documento que autoriza la recolección.

Según informó el ministro del Interior Armando Benedetti a DW, la iniciativa también cuenta entre sus primeros promotores a la consejera Presidencial para las Regiones Luz María Minera Medina y al ministro de Trabajo Antonio Sanguino, quienes estamparon su firma y difundieron el acto públicamente.

Para avanzar hacia la constituyente, la secuencia legal definida comienza con la verificación del millón de firmas por la Registraduría.

Solo si el respaldo supera el 5% del padrón electoral, el proyecto será radicado ante el Congreso de la República, instancia encargada de debatir y decidir sobre la procedencia de convocar a una consulta popular en torno a la asamblea. La instalación de esa mesa de reforma constitucional —si llegase a aprobarse— ocurriría tras la salida de Petro del poder.

En una publicación en X, Benedetti anunció: “He firmado la convocatoria de una Asamblea Constituyente”, sellando el inicio del proceso y mostrando el respaldo del Ejecutivo en pleno. Esta convocatoria no implica la apertura automática de la constituyente ni garantiza la aprobación de un articulado: es el primer paso del procedimiento legal habilitado por la Constitución colombiana para reformas profundas.

Petro ha sostenido que el “poder constituyente” es una vía legítima ante el rechazo de varias de sus propuestas en el Congreso y en las Cortes, y deslizó su intención de tomar parte activa en un eventual escenario constituyente, aunque ya no ejerza como presidente.

De acuerdo con los plazos consignados en el acta oficial, cualquier cambio resultante de este mecanismo se produciría en la fase posterior a su mandato, por lo que Petro solo podría participar en calidad de ciudadano.

Solo después de cumplir ese requisito y del debate parlamentario se decidirá si Colombia convoca o no a una asamblea encargada de redefinir aspectos centrales de la Constitución vigente.