Dos militares fueron condenados por consumir alcohol y abandonar su puesto tras amenazas de acciones terroristas en Chocó

El Tribunal Superior Militar y Policial confirmó las sentencias de prisión para dos sargentos viceprimeros que, en abril de 2025, abandonaron sus funciones en la Brigada 15 del Ejército en Quibdó, Chocó, pese a la declaratoria de acuartelamiento de primer grado y las amenazas de acciones terroristas.

Según la documentación recopilada durante los procesos adelantados por la Fiscalía 2466 de Quibdó, la instalación militar permanecía en alerta debido a las advertencias de ataques por grupos armados organizados, lo que acrecentó el riesgo para la seguridad de la base al producirse la ausencia de los uniformados.

“En los dos procesos, adelantados por la Fiscalía 2466 de Quibdó (Chocó), se documentó que la región estaba bajo amenaza terrorista de grupos armados organizados, por lo que se puso en riesgo la seguridad de la instalación militar”, explicó la Justicia Penal Militar.

El 1 de mayo de 2026, el órgano de cierre de la justicia penal militar y policial determinó que el sargento viceprimero Wilson Sánchez Guerra pagará una condena de 15 meses de prisión por ausentarse y desatender sus funciones en el Centro de Operaciones de Unidad Táctica tras consumir bebidas embriagantes.

Por su parte, el sargento viceprimero Luis Guillermo Cuello, que se desempeñaba como comandante de guardia del cantón, también ingerió bebidas alcohólicas, lo que le impidió cumplir con su deber. El Juzgado 1318 Penal Militar y Policial de Conocimiento lo sentenció a 16 meses de prisión.

El Tribunal desestimó los recursos de apelación presentados por ambos, ratificando las decisiones condenatorias.

Condenados soldados que vendieron armas a un grupo armado en Valle del Cauca

El 28 de abril de 2026, los Juzgados 1203 y 1204 (e) Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado condenaron a dos soldados regulares por el delito de hurto de armas y bienes de defensa, por hechos ocurridos el 31 de marzo de 2026 en Jamundí, Valle del Cauca.

Conforme a la investigación de la Fiscalía 2208 Penal Militar y Policial, los uniformados adscritos al Batallón de Policía Militar N.º 3 acordaron la venta de un fusil, un proveedor y 35 cartuchos, a cambio de $30.000.000, a integrantes de un grupo armado organizado de la región.

La decisión se adoptó en tiempo récord. En menos de un mes se logró la judicialización de los uniformados y su posterior sentencia, consistente en 42 meses de prisión sin ejecución condicional de la pena; la interdicción de derechos y funciones públicas por igual tiempo, y la separación absoluta de la Fuerza Pública.

Previamente, el Juzgado 1718 (e) Penal Militar y Policial de Control Garantías impuso medida de aseguramiento contra los uniformados, que fueron capturados. El procedimiento de legalización fue adelantado por el Juzgado 1715 Penal Militar y Policial de Control de Garantías.

Con la decisión se reafirma el compromiso de las diferentes instancias de la jurisdicción, para resolver con celeridad estos hechos que ponen en riesgo la seguridad de la fuerza pública y de la comunidad.

Exmilitares reconocieron ante la JEP su responsabilidad en casos de falsos positivos

En Bogotá, la devolución pública de medallas militares por parte de exintegrantes del Gaula Tolima marcó un punto de inflexión en el proceso de reconstrucción de la verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales en este departamento, conocidas como falsos positivos. Supervisado por la Jurisdicción Especial para la Paz (Jep).

La participación de los 29 exmilitares del Gaula Tolima, unidad adscrita a la Sexta Brigada del Ejército Nacional, fue decisiva para reconstruir la secuencia y la mecánica del patrón criminal. Los casos como la masacre de El Totumo —donde cinco hombres fueron presentados falsamente como abatidos en combate— se organizaban siempre en tres etapas: “planeación, ejecución y encubrimiento”.

Las presiones institucionales para mostrar resultados determinaban que, en varias ocasiones, civiles fueran señalados deliberadamente, operativos fabricados y escenas alteradas para simular combates con grupos armados.

Uno de los comparecientes, el exteniente William López Pico, reconoció en voz alta la gravedad y el motivo de la devolución de las medallas: “Devolvimos esas condecoraciones porque no las merecíamos. Faltamos a nuestro honor y al de la institución. Fueron obtenidas al precio de la vida de personas inocentes”, declaró López Pico. La decisión respondió a la solicitud expresa de familiares de víctimas, que demandaron el retiro de los símbolos militares conferidos por operativos relacionados con ejecuciones extrajudiciales.