La Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, durante una audiencia realizada el 11 de marzo. La investigación se enfoca en supuestas prácticas de tráfico de influencias y la compra de al menos siete propiedades de lujo, hechos que podrían comprometer su desempeño como funcionario público, de acuerdo con la entidad.
El órgano judicial sostiene que Roa habría usado su cargo para favorecer al señor Juan Guillermo Mancera en la adjudicación de un proyecto de regasificación del campo Chuchupa Ballena LNG, que costó cerca de USD150 millones.
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Según el ente acusador, Roa habría intervenido directamente en decisiones internas de Jocol, filial de Ecopetrol, con el objetivo de otorgar ventajas contractuales a la empresa de Mancera. “La instrucción dada a Luis Enrique Rojas, presidente de la filial, configuraría un manejo indebido de la posición de poder”, indicó la fiscal durante la audiencia.
La investigación incluyó las siete propiedades de lujo de Ricardo Roa
El caso cobró relevancia por las operaciones inmobiliarias del ejecutivo, por lo que la Fiscalía reveló que Ricardo Roa es propietario de siete propiedades de lujo, ubicadas en sectores exclusivos de Bogotá y Cartagena.
Entre ellas, se destacan apartamentos en Chicó, Rosales y El Nogal, así como una residencia en el norte de Cartagena. Los documentos presentados muestran que varias adquisiciones involucraron sociedades y personas cercanas a Roa, con valores millonarios y facilidades de pago gestionadas por terceros.
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Un episodio puntual citado por la entidad que lidera la fiscal general Luz Adriana Camargo involucra la compra del apartamento 901 en el edificio Entre Parques, en Bogotá, la cual se encontraba valorada comercialmente en $2.727 millones.
No obstante, Roa lo adquirió por $1.800 millones, lo que representó un descuento de aproximadamente $927 millones, cercano al 34% del precio real, por lo que la Fiscalía resaltó que la negociación incluyó condiciones de pago favorables, aumentando la ventaja para el ejecutivo.
La compra del inmueble se habría realizado antes de que Roa asumiera la presidencia de Ecopetrol, y según la investigación, el empresario Mancera se benefició posteriormente de decisiones contractuales en la filial Hocol, vinculadas al proyecto de regasificación Chuchupa Ballena LNG; de allí las interrogantes sobre el actuar del presidente de la petrolera colombiana.
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La defensa cuestionó la imputación, al señalar confusiones entre hechos indicadores y hechos jurídicamente relevantes, es decir, las sospechas que llaman la atención y la información que la ley puede usar para probar un delito.
El abogado Juan David León, defensor de Ricardo Roa, solicitó aclarar el rol exacto del presidente de Ecopetrol en las decisiones de Jocol y la relevancia penal de las transacciones inmobiliarias: “Comprar un apartamento de manera lícita no constituye delito alguno”.
La Fiscalía deberá argumentar la relación de la compra de las propiedades con los delitos que le imputó al presidente de Ecopetrol
Durante la audiencia, la Fiscalía destacó que la actuación cuestionada de Roa se habría desarrollado entre agosto de 2024 y enero de 2025, período en el cual ejerció la presidencia de Ecopetrol y participó en la junta directiva de Jocol.
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Cabe destacar que el juez de control de garantías decidió suspender la diligencia para estudiar las observaciones de la defensa y determinar si la imputación cumple con los requisitos formales y sustanciales.
A medida que avanza el proceso, el caso revela cómo las decisiones empresariales de Ricardo Roa podrían haber estado vinculadas a beneficios personales, además de dejar en evidencia la forma cuestionable en que habría actuado. Al mismo tiempo, la actuación de la Fiscalía quedó con falta de argumentos a los planteamientos de la defensa, mientras se espera la reanudación de las audiencias para determinar las posibles responsabilidades legales.
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