El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, enfrenta un proceso judicial por presunto tráfico de influencias relacionado con la compra de un apartamento de lujo en el norte de Bogotá.
En el centro de la investigación de la Fiscalía General de la Nación están varias reuniones y contactos entre directivos, empresarios e intermediarios que, según el ente acusador, habrían estado vinculados con la operación inmobiliaria y con decisiones empresariales posteriores.
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De acuerdo con la Fiscalía, el caso no se limita únicamente a la compraventa del inmueble identificado como apartamento 901, sino que incluye una serie de encuentros en los que se habrían discutido posibles negocios energéticos y contractuales relacionados con empresas cercanas a quienes participaron en la transacción.
Las reuniones que están bajo la lupa
El encuentro habría tenido lugar en el restaurante Flora, en Bogotá, con la participación de Luis Enrique Rojas, presidente de Hocol. Allí se habría discutido la posibilidad de impulsar proyectos energéticos vinculados con la empresa Gaxi, fundada en 2024 por el policía retirado Juan Guillermo Mancera, según informó el diario El Tiempo.
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Según la tesis del ente acusador, en ese contexto Roa habría planteado la conveniencia de que Hocol evaluara propuestas de negocio presentadas por Gaxi, particularmente en el ámbito de infraestructura energética y gas natural.
Para la Fiscalía, estas conversaciones podrían constituir un indicio de posibles gestiones indebidas realizadas desde la presidencia de Ecopetrol.
Posteriormente, según los registros recopilados por los investigadores, se habrían producido nuevas reuniones en oficinas de Ecopetrol, luego de una junta directiva de Hocol, en las que se habría vuelto a mencionar el proyecto energético conocido como Chuchupa Ballena, una iniciativa que tendría proyecciones de ingresos cercanas a 1.400 millones de dólares anuales.
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Para la Fiscalía, estos encuentros demostrarían que el presidente de Ecopetrol habría intervenido de manera directa en conversaciones empresariales que podrían beneficiar a Mancera, quien a su vez aparecería vinculado a la compra del apartamento que habría adquirido Roa, de acuerdo con el artículo del medio citado.
La relación con la compra del inmueble
La investigación sostendría que el apartamento 901 habría sido adquirido por Roa por un valor significativamente inferior al estimado en el mercado, lo que habría generado sospechas sobre posibles contraprestaciones o beneficios indirectos.
El inmueble, ubicado en una zona exclusiva del norte de Bogotá, tendría un valor cercano a 2.727 millones de pesos, pero habría sido vendido por un precio aproximadamente 34% menor, lo que representaría una diferencia cercana a 927 millones de pesos.
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En la investigación también aparecería el empresario Serafino Iacono, quien habría estado vinculado en el pasado a la petrolera Pacific Rubiales y cuya empresa habría participado en la venta del inmueble.
Según la Fiscalía, la operación financiera que habría permitido concretar la compra incluiría pagos realizados a través de empresas asociadas a Mancera, entre ellas las firmas Innova Mercadeo y Priscenton.
Los investigadores señalarían que el rastreo de estas transacciones constituiría uno de los principales elementos probatorios del caso.
La hipótesis del ente acusador sería que las reuniones empresariales y la posterior presentación de propuestas contractuales en Hocol podrían haber estado relacionadas con la obtención de beneficios económicos vinculados a la compraventa del apartamento.
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La propuesta que habría llegado a Hocol
Otro de los momentos que examinaría la Fiscalía habría ocurrido el 2 de enero de 2025, cuando una propuesta empresarial de Gaxi habría sido presentada formalmente ante el comité de nuevos negocios de Hocol.
De acuerdo con el expediente, el documento habría sido llevado a consideración de la compañía durante una sesión en la que participó su entonces presidente, Luis Enrique Rojas. La Fiscalía consideraría que la llegada de esta propuesta al comité habría sido consecuencia de las reuniones previas entre los directivos y Mancera.
Sin embargo, el desarrollo del proyecto no habría continuado indefinidamente. En abril de 2025, Ecopetrol habría solicitado suspender la operación, argumentando la necesidad de realizar revisiones administrativas adicionales.
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La postura de la defensa
La defensa de Roa, representada por el abogado Juan David León, habría sostenido que no existiría irregularidad en la compra del apartamento y que la operación inmobiliaria se habría realizado dentro del marco legal.
Para respaldar su posición, el equipo jurídico habría entregado a las autoridades un dossier de 76 folios que incluiría contratos, comprobantes de pago, cheques y extractos bancarios relacionados con la adquisición del inmueble.
Según el abogado, el hecho de que una persona compre una vivienda por debajo del valor estimado del mercado no constituiría por sí mismo una conducta ilegal, siempre que el negocio hubiera sido pactado libremente entre las partes.
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