Evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

La misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo que hace presencia en la Sierra Nevada de Santa Marta intensificó recientemente las labores de monitoreo y atención tras los enfrentamientos armados, evacuando a personas heridas, incluidos menores, y reiterando el llamado a proteger los derechos civiles de la población indígena y rural de Aracataca, Magdalena.

Para proteger a las comunidades indígenas y a la población civil afectada, las autoridades tradicionales y organismos de protección coordinaron una misión de atención junto con instituciones nacionales.

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Esta operación logró la evacuación de nueve personas heridas, entre ellas dos menores de edad, y solicitó medidas urgentes de protección.

Los equipos implicados articularon acciones con la fuerza pública y exigieron respeto por los derechos humanos, así como la garantía de asistencia y servicios básicos en las zonas rurales impactadas por la violencia.

Durante la misión en la comunidad de Gunmaku, autoridades tradicionales arhuacas y equipos humanitarios supervisaron la respuesta ante el deterioro de la seguridad generado por la confrontación entre el Clan del Golfo y los Conquistadores de la Sierra Nevada.

Se destacó el acompañamiento de la fuerza pública, que posibilitó la evacuación de los heridos que permanecían confinados en áreas afectadas por los continuos hechos violentos.

Ambos grupos armados respondieron a los exhortos de la misión, manifestando disposición a respetar la evacuación de heridos y permitir el paso seguro de los equipos humanitarios.

Paralelamente, las autoridades notificaron al Ministerio del Interior la concreción de los riesgos advertidos en alertas previas, y subrayaron la urgencia de reforzar la vigilancia estatal en la Sierra Nevada de Santa Marta y la vereda Palestina de Aracataca.

Llamados a la protección de comunidades indígenas y respeto al derecho internacional humanitario

Los organismos de protección reiteraron la exigencia a los grupos armados para cumplir estrictamente las normas del derecho internacional humanitario, en particular los principios de distinción y precaución, y para evitar ataques contra la población civil o su instrumentalización como escudo en los enfrentamientos.

Además, se solicitó la habilitación de un corredor humanitario que permita la asistencia directa a quienes permanecen en situación de riesgo.

Las autoridades pidieron explícitamente que los grupos armados asuman compromisos concretos con las comunidades indígenas, absteniéndose de afectar su integridad, autonomía o permanencia en el territorio. Este llamado responde a la preocupación expresada por las comunidades, que han advertido la posibilidad de repetición de hechos graves como desplazamientos forzados y periodos de confinamiento en la Sierra Nevada de Santa Marta.

A su vez, se urgió a la fuerza pública a mantener y ampliar las medidas de resguardo para la población civil, asegurando la observancia de los principios del derecho internacional humanitario durante todas las operaciones de seguridad en la región.

Demandas de coordinación entre autoridades y necesidades urgentes de la población afectada

El equipo humanitario enfatizó la prioridad de que los entes territoriales y entidades nacionales, especialmente el Ministerio del Interior y la Unidad para las Víctimas, refuercen la coordinación de acciones y provean respuestas sostenidas a la crisis de confinamiento y a las necesidades de las víctimas.

Se identificó como urgente el suministro de agua potable, atención en salud, insumos médicos y demás bienes esenciales para quienes permanecen en las áreas rurales más golpeadas.

La situación fue comunicada a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), pidiendo su convocatoria para coordinar iniciativas inmediatas en favor de la vida y la protección de los habitantes de Serankua y zonas cercanas.

La continuidad de estos esfuerzos humanitarios se apoya en el diálogo y la interlocución directa con todos los actores, con el objetivo de exigir un respeto permanente por las protecciones civiles y de avanzar hacia un entorno seguro y digno para las comunidades afectadas.