La jornada electoral de este 8 de marzo avanzó con normalidad en gran parte del país. Desde las primeras horas de la mañana, millones de colombianos acudieron a los puestos de votación para elegir a quienes ocuparán las curules del Congreso durante el periodo 2026–2030.
Las autoridades electorales reportaron una apertura oportuna de las mesas y un desarrollo tranquilo del proceso en la mayoría de regiones. A lo largo del día, los ciudadanos continuaron llegando a las urnas para participar en una elección clave para la composición del Legislativo y el equilibrio político del país en los próximos cuatro años.
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La jornada transcurrió en general con normalidad, aunque en varias regiones del país se reportaron algunos incidentes que fueron atendidos por las autoridades. Durante el día se conocieron denuncias por presunta compra de votos, retrasos en la entrega de tarjetones y dificultades logísticas en algunos puestos de votación. Además, se adelantaron operativos de control en distintas zonas tras alertas sobre posibles irregularidades, así como verificaciones en áreas de frontera por movimientos inusuales de personas y vehículos. Organismos de observación electoral y autoridades hicieron seguimiento permanente al proceso mientras avanzaba la jornada democrática en el país.
Lo que se defina en esta jornada determinará la conformación del Senado y la Cámara de Representantes, las dos corporaciones encargadas de elaborar las leyes y ejercer control político sobre el Gobierno nacional. En total, están en juego 285 curules en el Congreso. No obstante, la cifra podría variar ligeramente dependiendo de lo que ocurra en la próxima elección presidencial. La normativa establece que el candidato que obtenga la segunda mayor votación en esos comicios tiene derecho a ocupar una curul en el Senado.
La cámara alta del Congreso estará integrada por 102 miembros elegidos mediante voto popular. De ellos, 100 corresponden a la circunscripción nacional, en la que compiten listas de partidos y movimientos políticos en todo el territorio. Las dos curules restantes están reservadas para representantes de comunidades indígenas, un mecanismo que busca garantizar la participación de estos pueblos en las decisiones legislativas del país.
Por su parte, la Cámara de Representantes tendrá 183 escaños disponibles. La mayoría de estas curules 161 se distribuyen entre los departamentos y Bogotá según criterios poblacionales, lo que permite una representación territorial dentro del Congreso. A estas se suman 16 curules destinadas a las víctimas del conflicto armado, conocidas como circunscripciones especiales de paz. Su objetivo es fortalecer la participación política en regiones especialmente afectadas por la violencia.
La estructura de la Cámara también incluye espacios de representación para diferentes comunidades. Dos curules corresponden a comunidades afrodescendientes, una a pueblos indígenas y otra a la comunidad raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Además, existe una curul para los colombianos residentes en el exterior, quienes también participan en la jornada electoral desde distintos países. En comparación con el periodo legislativo anterior, el Congreso que iniciará funciones en 2026 tendrá diez curules menos. Esto se debe a que finalizaron las disposiciones transitorias que garantizaban diez escaños al partido Comunes, conformado por exintegrantes de las Farc-EP tras la firma del acuerdo de paz.
Durante el cuatrienio 2022–2026, esa colectividad contó con cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara como parte de los compromisos derivados del acuerdo. Con el vencimiento de ese periodo, esas sillas dejaron de estar reservadas. Los congresistas que resulten elegidos en estas votaciones asumirán sus funciones el 20 de julio de 2026 y permanecerán en el cargo hasta el 19 de julio de 2030.
Durante ese tiempo tendrán un papel clave en la definición del rumbo legislativo del país. Entre sus funciones principales está la elaboración, reforma y derogación de leyes en todos los ámbitos de la legislación nacional. También tienen la facultad de reformar la Constitución Política mediante actos legislativos, un proceso que requiere varias etapas de debate y aprobación dentro del Congreso.
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