Caso UNGRD: Corte Suprema decidirá el 11 de marzo si congresistas van a juicio y cárcel por corrupción

La Corte Suprema de Justicia decidirá el próximo 11 de marzo si cinco congresistas y un excongresista serán llamados a juicio y enviados a la cárcel por corrupción en el marco del escándalo por el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según informó El Tiempo, la decisión se produce luego de intensos debates internos y coincide con el periodo posterior a las recientes elecciones legislativas, lo que podría impactar la suerte política de varios implicados.

Durante los días 4 y 5 de marzo, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema sostuvo un debate intenso respecto a la ponencia del magistrado Misael Rodríguez. El documento propone medidas de aseguramiento y prisión preventiva para varios de los señalados, situación que ha generado preocupación en el Congreso. El medio reportó que el análisis se complicó porque dos de los acusados buscan su reelección y podrían ver truncadas sus candidaturas. En este contexto, la decisión de la Corte se presenta como un factor definitorio para el escenario político del país.

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La resolución final quedó en manos de dos conjueces: Alfredo Rey, doctor en Derecho y Ciencias Políticas con una amplia trayectoria judicial y experiencia en el sector de las comunicaciones, y Javier Fonseca, penalista con estudios de posgrado en la Universidad de los Andes. El rol de estos conjueces será fundamental para destrabar el empate en la Sala y definir si procede el llamado a juicio y la detención de los involucrados.

Los implicados y el mecanismo de corrupción

Los aforados a quienes se investiga son:

• Wadith Manzur (Partido Conservador)
• Liliana Esther Bitar (Partido Liberal)
• Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal)
• Karen Astrid Manrique (Curules de Paz)
• Juan Pablo Gallo (Partido Liberal)
• Juan Diego Muñoz (excongresista, Alianza Verde)

A todos se les señala de intercambiar su apoyo a proyectos del Gobierno por asignaciones presupuestarias provenientes de la UNGRD en sus respectivas regiones.

Según la investigación divulgada por El Tiempo, altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, actualmente prófugo de la justicia, habrían coordinado el esquema ilegal. El objetivo: asegurar votos clave para iniciativas como el endeudamiento nacional, que requerían la aprobación de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, de la que hacían parte los procesados.

Testimonios y evidencias clave en el expediente

El expediente judicial, que supera los 1.500 folios, incluye testimonios de figuras relevantes como el presidente Gustavo Petro. Según el medio ya mencionado, el mandatario declaró bajo juramento ante la Corte el 6 de febrero de 2025 que fue informado por su entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sobre dificultades para aprobar proyectos en el Congreso, pero no de presiones individuales. Bonilla, actualmente en prisión, enfrenta cargos junto al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, señalado de idear el plan para influir en las decisiones de los legisladores.

También figuran declaraciones de exdirectivos de la UNGRD, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como de la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, quien también se encuentra privada de la libertad por su presunta participación en el esquema. Además, el exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, aportó información sobre el traslado de 200.000 millones de pesos desde esa entidad a la UNGRD en 2023, hecho que calificó como irregular y vinculado a la “falta de cooperación” de algunos congresistas.

Elementos de presión y comunicaciones internas

El expediente revela detalles sobre las comunicaciones y movimientos alrededor del caso. Entre estas pruebas se encuentran los mensajes de Diana Carolina Joya, secretaria privada de Olmedo López, así como los registros de visitas a la UNGRD por parte de Karen Manrique. Además, resalta la insistencia de Jaime Ramírez Cobo en lograr contactos con Carlos Ramón González, advirtiendo sobre eventuales caídas de proyectos en el Congreso.

El medio destaca que estos elementos prueban la existencia de una red de favores y presiones para garantizar la aprobación de iniciativas oficiales, lo que fortalecería la acusación de cohecho impropio.

Dudas jurídicas y posiciones encontradas

Dentro de la Sala de Instrucción existen posiciones divididas sobre el proceso. Una corriente considera que el caso debe regresar a una etapa previa por supuestas fallas en el reparto procesal, mientras que otra sostiene que la negativa inicial a las medidas de aseguramiento en agosto de 2025, al no haberse presentado hechos nuevos, impediría la detención preventiva. El empate registrado en la última sesión (3 a 3) ilustra la complejidad del debate y la variedad de opiniones sobre cuál debe ser el alcance de las sanciones.

Qué se espera para el 11 de marzo

La decisión del próximo miércoles será definitiva en cuanto al futuro judicial de los seis implicados, ya que la Sala puede optar por llamar a juicio y ordenar prisión preventiva a todos, limitar la medida solo a ciertos congresistas, o incluso devolver el expediente para subsanar errores procesales.