Un juez de Bogotá ordenó cinco días de arresto contra el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, tras determinar que incumplió una orden judicial relacionada con una tutela interpuesta por la senadora Paloma Valencia.
La decisión también incluye una multa económica y la compulsa de copias a la Fiscalía para que investigue posibles responsabilidades penales por el presunto desacato.
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La sanción fue impuesta por el Juzgado 50 Laboral del Circuito de Bogotá, que concluyó que la entidad no respondió dentro del plazo establecido a un derecho de petición presentado por la congresista en noviembre de 2025.
La solicitud buscaba información sobre la presunta compra irregular del predio “Peñasgordas”, ubicado en el municipio de Dagua, en el departamento del Valle del Cauca.
De acuerdo con la providencia judicial, la sanción también recae sobre la secretaria general de la ANT, Ángela Lorena Ortiz Rosero, quien deberá cumplir igualmente cinco días de arresto y pagar una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. En total, las sanciones económicas superarían los 31 millones de pesos.
El origen del proceso judicial
El caso comenzó el 20 de noviembre de 2025, cuando Paloma Valencia —senadora del partido Centro Democrático y precandidata presidencial— presentó un derecho de petición dirigido a la Agencia Nacional de Tierras. En su solicitud, pidió detalles sobre la adquisición del predio conocido como “Peñasgordas”.
Según el equipo de la congresista en conversacion con La FM, el terreno habría estado ocupado por comunidades campesinas desde hace más de dos décadas, lo que, en su criterio, impediría que fuera adquirido por la entidad estatal dentro de los procesos de compra de tierras para programas de reforma agraria.
Ante la falta de respuesta, Valencia interpuso una acción de tutela para proteger su derecho fundamental de acceso a la información pública.
El 16 de diciembre de 2025, el Juzgado 50 Laboral del Circuito de Bogotá falló a su favor y ordenó a la ANT responder de fondo la petición en un plazo de 48 horas.
Sin embargo, según consta en el expediente judicial, la entidad no acreditó el cumplimiento de la orden dentro del término establecido. La jueza señaló que, para el momento de evaluar el incidente de desacato, habían transcurrido 53 días hábiles desde la notificación del fallo sin que se demostrara el envío de la respuesta.
En la providencia se lee que el plazo otorgado “fue de 48 horas desde la notificación del fallo de tutela de primera instancia; hasta la fecha han transcurrido 53 días hábiles sin que se haya acreditado el cumplimiento de la orden”, lo que configuró una moratoria clara frente a la decisión judicial.
Las denuncias de Paloma Valencia
Tras conocerse la decisión judicial, Paloma Valencia se pronunció públicamente a través de su cuenta en la red social X, donde señaló que la sanción se produjo luego de que la entidad no entregara la información solicitada sobre el predio en cuestión.
“La juez ordenó el arresto por cinco días del director de la Agencia Nacional de Tierras y de la secretaria general, además del pago de una multa de cinco salarios mínimos cada uno”, escribió la congresista.
En el mismo mensaje recordó que el 16 de diciembre de 2025 el juzgado había ordenado responder el derecho de petición que presentó semanas antes, en el que solicitó información sobre la presunta compra irregular del predio “Peñasgordas”.
La senadora también cuestionó la falta de respuesta de la entidad y planteó dudas sobre los procesos de adquisición de tierras. “¿Qué tanto esconden en la ANT que no me quieren entregar la información de la compra y adjudicación de predios?”, escribió.
Además, mencionó versiones que, según dijo, deberían ser investigadas por las autoridades. “¿Será cierto que existe una práctica sistemática de cobrar comisión del 10 % en compra de predios y que la ANT demora el desembolso de los recursos hasta que los propietarios no paguen la coima?”, agregó.
Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, aseguró al medio La FM que la entidad sí dio respuesta al derecho de petición y que ya envió las constancias correspondientes al despacho judicial.
En declaraciones a medios de comunicación, el funcionario sostuvo que la contestación fue remitida junto con los soportes que demostrarían el cumplimiento del requerimiento. Según explicó, el incidente de desacato se originó por una falta inicial de respuesta, pero posteriormente la información solicitada habría sido enviada.
Harman señaló que su equipo jurídico presentó los documentos ante el juzgado con el fin de que se revise la decisión y se evalúe la revocatoria de las medidas impuestas.
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