Familiares de víctimas de violencia urbana en Barranquilla expresaron su inconformidad ante la audiencia celebrada este miércoles 4 de marzo de 2026 en el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado, donde se verbalizó un preacuerdo entre la Fiscalía y Jorge Eliécer Díaz Collazos, conocido como alias Castor.
El pacto permitiría al cabecilla de Los Costeños obtener una reducción de pena tras aceptar cargos por homicidio agravado, fabricación y porte de armas de uso privativo, amenazas contra servidor público, hurto calificado y agravado, entre otros delitos.
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De acuerdo con documentos del despacho judicial citados por El Heraldo, los familiares de al menos 133 víctimas, entre fallecidos y lesionados en ataques atribuidos a Castor y su organización, fueron convocados a la diligencia.
Entre los citados figuran allegados de quienes murieron o resultaron heridos en las cuatro masacres perpetradas en San José, Las Flores, El Santuario y Villa Campestre, hechos violentos registrados entre mayo de 2022 y junio de 2023.
El proceso buscaría que los familiares escuchen de primera mano los términos del preacuerdo y puedan pronunciarse antes de que el juez decida si lo avala.
Las víctimas han expresado dudas sobre la proporcionalidad de la pena que recibiría Díaz Collazos y su preocupación por la posibilidad de que la negociación judicial sustituya un proceso político inconcluso.
Familias cuestionan preacuerdo de la Fiscalía
El Tiempo recogió el testimonio de la madre de uno de los occisos, quien afirmó: “Ya nos han dicho muchas veces, que esto es un proceso de paz, de perdón, pero mi hijo no vale ninguna de esas palabras, ninguno de esos perdones. Siempre que me han puesto a votar, he dicho que no. Siempre que me pregunten, estaré en contra”.
La audiencia se produce luego de antecedentes de intentos de acercamiento entre el procesado y los familiares.
Una fuente citada por el medio anteriormente mencionado relató que en septiembre de 2025, Díaz Collazos pidió perdón entre lágrimas y expresó su arrepentimiento. Sin embargo, persiste el temor a represalias y coacciones, por lo que algunos familiares han solicitado reserva de identidad.
Si el juez rechaza el preacuerdo, el caso continuará por la vía ordinaria, con la práctica de pruebas y la posibilidad de un juicio completo. De aprobarse, Díaz Collazos accedería a beneficios punitivos por aceptar los cargos imputados.
La situación se da en un contexto de incertidumbre tras el intento fallido de “paz urbana” entre los Costeños y los Pepes, promovido por el Gobierno en 2025. El 2 de octubre de ese año, alias Castor y Digno Palomino, jefe de los Pepes, sellaron en la cárcel La Picota un acuerdo de cese de actividades criminales hasta el 20 de enero de 2026.
Días después, el Ejecutivo expidió la Resolución 442, autorizando acercamientos exploratorios y delegando funcionarios para verificar la voluntad real de paz. No obstante, la mesa formal de diálogo no se instaló y el repunte de la violencia posterior al vencimiento del plazo evidenció el fracaso del mecanismo.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) advirtió que estas estrategias requieren verificación independiente y claridad jurídica, alertando sobre el riesgo de que las estructuras criminales utilicen las treguas para reposicionarse internamente.
Entre los hechos violentos atribuidos a alias Castor y su organización se encuentran la masacre de San José, ocurrida el 12 de mayo de 2022; la masacre de Las Flores, el 10 de septiembre de 2022, donde murieron seis jóvenes; la masacre de El Santuario, el 23 de enero de 2023, con cuatro personas asesinadas; y la masacre de Villa Campestre, el 29 de junio de 2023, en la que tres integrantes de la familia Vega Daza fueron asesinados.
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