Decreto de emergencia económica podría asfixiar a las universidades: este es el impuesto que tendrían que pagar los campus privados

La declaratoria de emergencia económica no solo encendió alarmas por su impacto en el bolsillo ciudadano, sino que estaría poniendo contra las cuerdas a las universidades privadas del país.

El Decreto Legislativo 0150 de 2026 trajo consigo un paquete de medidas urgentes, pero fue su reglamentación, a través del Decreto 0173 emitido a finales de febrero, la que detonó una bomba financiera para la academia.

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La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior (Aciet) alzó la voz ante lo que consideran un castigo tributario inminente: la obligación legal de pagar un gravamen a la riqueza sobre activos físicos que no generan lucro, sino conocimiento puro y duro.

El enredo jurídico tiene nombre propio, normativas específicas y cifras innegables. La nueva directriz modificó radicalmente el Estatuto Tributario, sumando un numeral al artículo 292-3, diseñado expresamente para exprimir las rentas de personas jurídicas en esta vigencia. Sin embargo, por las reglas de juego actuales, los claustros privados quedan atrapados en un peligroso callejón sin salida.

Según la asociación, la Ley 30 de 1992 obliga explícitamente a estas entidades a operar como corporaciones o fundaciones de utilidad común, pero la normatividad fiscal insiste en tratarlas como emporios comerciales tradicionales.

Bajo esta óptica, Aciet confirmó que cualquier academia cuyo patrimonio líquido marque en sus balances 20.000 Unidades de Valor Tributario (UVT) o más —es decir, 10.474 millones de pesos exactos para este año— caerá automáticamente en la obligación de tributar.

A primera vista, 10.474 millones de pesos suena a riqueza líquida, pero en la dinámica del ecosistema universitario privado, es una completa ilusión óptica. Los recintos formativos no acumulan esos inmensos capitales en fiducias de inversión ni en acciones bursátiles listas para ser liquidadas. Su patrimonio está inmovilizado y cimentado enteramente en ladrillos: inmensas bibliotecas, clínicas universitarias para las prácticas de medicina, gigantescos campus y modernos centros de investigación científica.

Exigir un pago multimillonario sobre estas pesadas infraestructuras obliga a drenar la caja de operaciones diarias de las instituciones. Ante la falta de liquidez inmediata para cubrir el oneroso cheque que exige el Estado, el dinero tendrá que rasparse irremediablemente de áreas absolutamente sensibles.

Según Aciet, el coletazo financiero será brutal y lo terminarán subsidiando los propios alumnos y la ciencia nacional. Responder por esta imposición gubernamental forzará un complejo escenario de austeridad extrema que se materializará en recortes severos a los fondos destinados a becas de sostenimiento, bloqueos inmediatos en la vinculación de profesores expertos y aplazamientos sin fecha fija para la actualización de equipos tecnológicos.

En términos totalmente prácticos, el Gobierno terminaría estrangulando la capacidad misional de la academia superior, empujando a los directivos a sacrificar la calidad educativa y los programas de bienestar estudiantil únicamente para tapar el hueco fiscal generado por la emergencia económica nacional.

Ante la magnitud del riesgo inminente, Aciet aclaró de tajo que su intención no es promover ningún tipo de insubordinación frente a la crisis, sino exigir racionalidad técnica y garantizar su propia supervivencia. El gremio solicitó formalmente a los despachos oficiales instalar mesas de concertación inmediatas para radiografiar el verdadero daño sectorial.

Demandan que el cálculo impositivo incorpore principios elementales de equidad y proporcionalidad, respetando el Régimen Tributario Especial. Como salida proponen alternativas viables: evitar cobros sobre infraestructuras, establecer mecanismos de gradualidad, o permitirles compensar dicha carga impositiva mediante tratamientos diferenciales atados a inversiones totalmente comprobables en becas, desarrollo de proyectos regionales y tecnología.

Lorenzo Portocarrero Sierra, en su calidad de director ejecutivo de Aciet, aterrizó la gravedad del problema alertando a las autoridades económicas sobre las auténticas consecuencias. El alto dirigente advirtió enfáticamente que este duro reclamo no es un simple análisis filosófico menor, sino un profundo cuestionamiento estructural sobre la viabilidad financiera del modelo educativo mixto colombiano.