Procuraduría formuló pliego de cargos contra un exgobernador de Guaviare por presuntas irregularidades en proyecto cacaotero

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Heydeer Yovanny Palacio Salazar, exgobernador de Guaviare entre 2020 y 2023, por presuntas irregularidades en la planeación y ejecución de un proyecto destinado a fortalecer la cadena productiva del cacao en los departamentos de Guaviare y Meta.

Según el documento elaborado por el ente de control, el proyecto fue financiado con $31.075.800.000 provenientes del Sistema General de Regalías (SGR) y estaba dirigido a mejorar la competitividad y productividad del sector cacaotero en la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

No obstante, la entidad identificó deficiencias en los estudios previos, inconsistencias en la identificación de los beneficiarios y la ausencia de componentes técnicos requeridos para el desarrollo del proyecto.

Uno de los puntos más perturbadores fue que el 64,5% de los beneficiarios originales se retiró tras recibir insumos agrícolas, herramientas y asistencia técnica.

Este éxodo de más de la mitad de las familias obligó a la administración a reemplazar participantes durante la ejecución, generando una pérdida de control sobre el destino final de los recursos públicos entregados inicialmente, sin trazabilidad efectiva sobre su uso, según estableció la Procuraduría.

Para el ente de control, esta rotación masiva no es un episodio aislado, sino el síntoma de una deficiencia estructural en la identificación y selección de beneficiarios, así como en la planeación del programa.

El proyecto, presentado ante el OCAD Paz en julio de 2021, no habría cumplido los requisitos técnicos completos para avanzar a la fase III, la etapa que lo autoriza para ser ejecutado.

El diseño original del programa no incluyó mecanismos para asegurar la permanencia de los beneficiarios, ni estrategias para realizar un seguimiento efectivo al empleo de los insumos, ni prever el riesgo de abandono de los cultivos. Para la Procuraduría, esta carencia desembocó en que bienes financiados con recursos públicos quedaran fuera de control del Estado.

Además, se detectaron ajustes presupuestales que, según el órgano de control, podrían haber afectado el cumplimiento de los objetivos sociales propuestos. “Las fallas encontradas ponen en duda la transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos”, señala el informe disciplinario.

Un componente financiero agravó la situación: durante la ejecución se introdujo un ajuste cercano a 1.890 millones de pesos, justificado en el aumento de los insumos agrícolas y las consecuencias económicas de la pandemia. No obstante, la Procuraduría sostiene en el documento que dicho reajuste no estuvo respaldado por pruebas técnicas suficientes.

Además de Palacios Salazar, el pliego también responsabiliza centralmente al entonces secretario de Agricultura y Medio Ambiente de Guaviare, Nelder Parra, quien fue el encargado de presentar los documentos técnicos que, según la Procuraduría, contenían inconsistencias en los estudios previos fundamentales.

Presunta cercanía con candidato al Congreso

El caso del proyecto cacaotero no es el único que involucra a Palacio en investigaciones relacionadas con el manejo de fondos públicos.

La Procuraduría General de la Nación también constató la existencia de conexiones familiares y políticas que han generado alerta entre veedores y sectores sociales en el departamento del Guaviare.

Según la investigación del ente de control, la organización Asoprocacao, beneficiaria directa del proyecto objeto de investigación, ha sido señalada como fundadora del movimiento político Cacao, agrupación que respalda la candidatura de Alejandro Castillo a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Especial de Víctimas (curules de paz) para las elecciones al Congreso de 2026.

Castillo es primo de Palacio, lo que ha alimentado cuestionamientos sobre posibles favorecimientos en la distribución de recursos.

De igual manera, una investigación paralela de la Contraloría General de la República determinó el levantamiento de un hallazgo fiscal por 3.800 millones de pesos en la construcción del Hospital de Miraflores, durante la administración de Palacio.

El contratista de esta obra era representado legalmente por un hermano de Alejandro Castillo. Ambos procesos —el disciplinario y el fiscal— involucran relaciones familiares directas y manejo de recursos públicos en un contexto de disputa política regional.

La Procuraduría calificó de faltas graves las conductas atribuidas a los dos exfuncionarios. En el caso del exgobernador Heydeer Yovanny Palacio Salazar, la responsabilidad se imputa bajo la figura de culpa grave, por supuesta negligencia en el cumplimiento de sus funciones.

Para el exsecretario Nelder Parra, los cargos fueron formulados a título de dolo, es decir, con presunto conocimiento previo de las anomalías señaladas en la estructuración del proyecto.

Según la hipótesis disciplinaria, el exgobernador habría incumplido sus deberes de supervisión y aseguramiento, mientras que su secretario habría incorporado a sabiendas los vicios e insuficiencias técnicas que hoy derivan en sanciones y en una crisis de confianza sobre la gestión de recursos públicos para el desarrollo agrícola en la región.

Heydeer Palacio enfrenta la posibilidad de ser inhabilitado para ejercer cargos públicos si se comprueba su responsabilidad disciplinaria. Esto tendría repercusiones directas sobre su trayectoria política y sobre la administración de recursos provenientes del SGR en la región. El proceso se encuentra en etapa de evaluación y la decisión final será adoptada por las instancias correspondientes.