Dos ciudadanos colombianos detenidos en Pereira enfrentan extradición tras ser vinculados a un homicidio en Chile. La operación, desarrollada entre la Policía Metropolitana de Pereira y la Interpol, puso fin a varios meses de búsqueda internacional.
El arresto se produjo luego de que las autoridades chilenas formalizaran cargos en ausencia contra los sospechosos, lo que permitió activar mecanismos de cooperación internacional. Ambos imputados figuraban con notificación roja de Interpol, lo que facultaba a cualquier país miembro a detenerlos y ponerlos a disposición de la justicia.
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La participación de la Oficina Central Nacional de Interpol fue determinante para la localización de los fugitivos. El comisario Enrique Gutiérrez explicó que, tras la captura, se inició un proceso de extradición activa con la colaboración de los tribunales chilenos. La Fiscalía General de Colombia asumió la custodia de los detenidos mientras avanza el trámite judicial.
La Policía Nacional de Colombia destacó el papel de su Bloque de Búsqueda, en conjunto con la Interpol, para ejecutar la retención. Las autoridades recalcaron que el país no brinda amparo a quienes buscan eludir procesos judiciales en el extranjero. Según declaraciones institucionales, este caso reafirma el compromiso en la lucha contra el crimen transnacional.
La víctima, un hombre chileno de 42 años identificado como Cristian Moya, falleció en la comuna de Quilicura, región Metropolitana de Santiago, en julio de 2024. Según el Ministerio Público y la BIPE Antisecuestros, el homicidio ocurrió luego de una discusión que culminó con un ataque de arma blanca. Los agresores ocultaron el cuerpo en bolsas y lo transportaron en una camioneta hasta un vertedero clandestino en la calle Totoral.
La investigación se inició como una denuncia por presunto secuestro, informó el subprefecto Hassel Barrientos. La desaparición de la víctima activó una serie de diligencias y peritajes que, finalmente, permitieron establecer la existencia del crimen. El levantamiento de pruebas y la reconstrucción de los hechos aportaron elementos esenciales para la formalización de los cargos.
Según las autoridades chilenas, los implicados —una mujer y su sobrino— escaparon del país por un paso no habilitado. Esta salida irregular activó los canales de cooperación policial internacional, lo que permitió su posterior localización en Colombia.
La detención se llevó a cabo en el departamento de Risaralda. La mujer fue aprehendida en el municipio de Dosquebradas, mientras que su sobrino fue capturado en un sector de Pereira. Ambos quedaron bajo custodia de la autoridad competente, a la espera de la resolución de la extradición solicitada por Chile.
El fiscal Christian Toledo, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (Ecoh), señaló que la formalización en ausencia permitió fortalecer la colaboración entre países y avanzar con la búsqueda de los sospechosos. Esta estrategia, sumada a la notificación roja de Interpol, posibilitó la rápida reacción de las fuerzas de seguridad en Colombia.
La extradición podría extenderse durante varios meses, ya que requiere el cumplimiento de procedimientos legales en ambos países. Durante este periodo, los detenidos permanecerán en Colombia bajo la tutela de la Fiscalía General, mientras las autoridades chilenas gestionan su traslado para que enfrenten la justicia.
El caso pone en evidencia la efectividad de los mecanismos de cooperación internacional frente a delitos de carácter transnacional. Tanto la Policía de Investigaciones de Chile como sus contrapartes colombianas subrayaron la importancia de la colaboración policial y judicial para impedir la impunidad. La articulación entre organismos permitió que los responsables fueran ubicados y detenidos fuera del territorio chileno.
Las autoridades reiteraron que la utilización de pasos no habilitados para escapar de la justicia no garantiza la impunidad. El despliegue de recursos y la coordinación entre países resultaron determinantes para la resolución del caso y el avance del proceso judicial internacional.
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