Álvaro Uribe acusó a Gustavo Petro de tener la capacidad de fabricar pruebas falsas, tras nuevas denuncias de supuesto fraude electoral

En su enérgica respuesta a los señalamientos del jefe de Estado, el exmandatario advirtió que la democracia colombiana necesita una respuesta clara de las autoridades electorales para blindar la legitimidad de la jornada del 31 de mayo

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Álvaro Uribe Vélez en primer plano, con traje oscuro y corbata roja. Detrás, Gustavo Petro con traje y camisa rosa, sobre un fondo oscuro con humo.
Álvaro Uribe rechazó los señalamientos de Gustavo Petro sobre un supuesto fraude electoral - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las denuncias del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre la aparente ilegalidad de las elecciones del 31 de mayo de 2026, ameritaron en la tarde del martes 2 de junio una dura respuesta del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, que a través de las redes sociales se despachó contra el primer mandatario y lo acusó, según lo dicho, de tener la capacidad de fabricar las pruebas con las que el gobernante pretende deslegitimar la contienda efectuada en el territorio nacional.

En efecto, con un duro comentario en la red social X, el exjefe de Estado afirmó que el mandatario y el senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, tienen la facultad para sembrar dudas sobre el sistema electoral colombiano, después de que Petro sostuvo que hubo cambios en el software electoral y que ese ajuste, a su parecer, habría alterado el censo, los puestos y las mesas de votación antes de la jornada, en la que ganó Abelardo de la Espriella.

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Álvaro Uribe Vélez reaccionó a mensaje de Gustavo Petro
Con este mensaje en las redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó a mensaje del mandatario Gustavo Petro sobre la presunción de fraude electoral - crédito @alvarouribevel/X

En su hilo en la misma plataforma digital en la que Uribe enfiló baterías contra el proceso electoral, Petro hizo énfasis en cómo se habría manipulado el censo electoral dispuesto para la primera vuelta, que de acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil fue de 41.421.973 colombianos, pero que el 26 de mayo de 2026, primero a la 1.21.35 p. m. y luego a las 7.21.13 p.m., habría sido elevado a 42.307.373, con una diferencia de 885.409 cédulas.

Frente a esto, Uribe respondió en la red social X con un planteamiento que trasladó la discusión desde el terreno técnico al político. “Petro como Cepeda tiene toda la capacidad de fabricar pruebas falsas. Nuestra democracia necesita que las autoridades electorales se anticipen a explicarle a la opinión esta denuncia de Petro sobre fraude. El gran fraude es la imposición terrorista de votar por Cepeda”, afirmó el expresidente, frente a lo expuesto por el gobernante.

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Según Petro, está dispuesto a entregar sus hallazgos a las autoridades y vinculó su denuncia con el funcionamiento del sistema de preconteo. “Presento las bases comprobadas del posible fraude, que puedo entregar a autoridad competente”, expresó el jefe de Estado en su extenso pronunciamiento, antes de insistir en que no reconoció los datos entregados por la Registraduría porque contaba con información sobre el software usado en la contienda electoral.

Gustavo Petro señaló presunto fraude en la primera vuelta
Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro señaló un presunto fraude en la primera vuelta - crédito @petrogustavo/X

A 66 días de dejar el poder, Gustavo Petro insistiría en “dinamitar” la legitimidad de las elecciones presidenciales

En su mensaje, el presidente quiso enfocar la controversia de la que es protagonista el programa que atribuyó a “los hermanos Bautista”, que son los dueños de la firma Thomas Greg & Sons, que se encarga de la provisión de software para el preconteo y escrutinio de votos de la contienda efectuada en el país, la impresión de material electoral, como tarjetones y el formulario E-14, y la distribución de los kits electorales a nivel nacional e internacional.

A su vez, se refirió a la negativa de la Registraduría, a cargo de Hernán Penagos Giraldo, titular de la cartera, a entregar el código fuente. “El registrador se negó permanentemente a entregar el código fuente que era el requisito básico de la transparencia electoral”, afirmó Petro en su pronunciamiento. Y sostuvo, además, que existía un antecedente judicial sobre la vulnerabilidad de ese sistema, al reseñar una vez más la sentencia del Consejo de Estado de 2018.

La Registraduría Nacional aclara que solo los ciudadanos inscritos en el censo electoral podrán votar en la segunda vuelta presidencial de Colombia el 21 de junio de 2026 - crédito @Registraduria/X
En su denuncia, el presidente Gustavo Petro alertó novedades sobre un total de 885.409 cédular que habrían sido inscritas de manera irregular en el censo electoral - crédito @Registraduria/X

A partir de ese punto, la denuncia del mandatario se concentró en tres situaciones concretas. Petro aseguró que, además del cambio en el censo, los puestos de votación pasaron de 13.742 a 14.438, con una diferencia de 696 puestos, y que las mesas subieron de 120.527 a 122.020, lo que implicaría 1.493 mesas adicionales. Por ello, insistió en que esta última diferencia podría tener un efecto directo sobre el escrutinio, del cual la Registraduría dio parte positivo.

La acusación del jefe de Estado no quedó limitada a una alteración informática, pues asoció esos datos con el resultado de la elección, al afirmar que en el conteo aparecieron 5.300 mesas con más de 300 votos emitidos en un solo día, e incluso algunas con 700 sufragios. Sobre ese punto, Petro formuló la consecuencia política más concreta de su denuncia. “En esas mesas es donde se ubica la ventaja de 635.000 con que Abelardo supera a Cepeda”, escribió.

Por último, el presidente aseguró que se detectó un patrón anómalo en el software y en las mesas de votación y se refirió a lo que sería el afán en el cierre del proceso de revisión “Intentan cerrar rápidamente los escrutinios para no verificar mi denuncia”, afirmó Petro, que agregó que el examen de las 5.300 mesas no debía hacerse contando de nuevo los votos, sino revisando si los votantes correspondían al censo oficial cerrado dos meses antes de la elección.

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