Alertan a Petro y Ecopetrol por posible entrega de campos Tisquirama y San Roque a la cuestionada Gran Tierra Energy

La Fundación para el Desarrollo Social y Sostenible “Pensarte” envió una carta a la Presidencia de la República y a la Junta Directiva de Ecopetrol en la que advierte sobre eventuales riesgos jurídicos, sociales y ambientales ante la intención de ceder la operación de los campos Tisquirama y San Roque a la multinacional Gran Tierra Energy.

El documento, fechado el 25 de febrero de 2026 en Bogotá, fue suscrito por Yulman Sepúlveda, representante legal de la fundación, organización identificada con NIT 830504227-1 y dedicada, según se expone en la comunicación, a la promoción y protección de los Derechos Humanos y a la observancia del Derecho Internacional Humanitario.

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La carta está dirigida directamente al presidente Gustavo Petro Urrego y a la Junta Directiva de Ecopetrol. En ella, el firmante manifiesta su intención de “poner en conocimiento y alertar” sobre la eventual cesión de la operación de los campos Tisquirama y San Roque a Gran Tierra Energy.

En el texto se señala que resulta “jurídicamente preocupante” que la empresa de mayoría estatal consolide alianzas estratégicas con compañías que han sido objeto de cuestionamientos públicos por su presunto historial socioambiental y por denuncias relacionadas con eventuales vulneraciones a los Derechos Humanos.

La fundación enfatiza que su advertencia se formula en consideración a la naturaleza jurídica de Ecopetrol como sociedad de economía mixta con participación mayoritaria del Estado y como administradora de recursos estratégicos de la Nación.

Referencia a denuncias e investigación periodística

En la comunicación se hace referencia a una investigación publicada por Rutas del Conflicto, en la que se exponen denuncias relacionadas con impactos en ríos considerados sagrados y posibles afectaciones a derechos de comunidades indígenas en contextos asociados a actividades petroleras.

Entre las comunidades mencionadas se encuentra el Pueblo Siona. Según la carta, dicha investigación periodística recoge denuncias sobre presuntos impactos derivados de operaciones petroleras en territorios habitados por esta comunidad indígena.

El documento aclara expresamente que la referencia a estos antecedentes no implica prejuzgamiento alguno frente a la multinacional señalada. No obstante, sostiene que tales antecedentes imponen un “deber especial de diligencia” a Ecopetrol, en su calidad de empresa con mayoría estatal.

Solicitud de evaluación rigurosa de riesgos

En representación de organizaciones que velan por la defensa de los Derechos Humanos y de los pueblos indígenas, la Fundación Pensarte solicita que, antes de la celebración de este tipo de contratos, se adelante una evaluación rigurosa de riesgos legales, sociales y ambientales.

De acuerdo con el texto, esa evaluación debería contemplar la verificación de estándares constitucionales, legales y convencionales en materia de Derechos Humanos y protección ambiental, así como el análisis de eventuales impactos sobre los territorios de comunidades indígenas.

Además, la fundación pide la adopción de “medidas preventivas que aseguren el respeto por las comunidades, el territorio y el patrimonio público”, en caso de que se avance en un acuerdo contractual para la cesión de la operación de los campos Tisquirama y San Roque.

Llamado a priorizar Derechos Humanos e interés general

En uno de sus apartes finales, la comunicación insta a la Junta Directiva de Ecopetrol a anteponer “el respeto y garantía efectiva de los Derechos Humanos y del interés general, los cuales deben prevalecer sobre cualquier interés contractual en particular”.

La carta subraya que, por tratarse de una empresa con participación mayoritaria del Estado, Ecopetrol debe garantizar la observancia de los principios constitucionales y de los compromisos internacionales asumidos por Colombia en materia de protección de derechos y del medio ambiente.

La advertencia ya se encuentra en manos del presidente de la República y de la alta dirección de la petrolera estatal, según se desprende del propio documento fechado el 25 de febrero de 2026.

Hasta el momento, en el contenido de la carta no se registra una respuesta oficial por parte de la Presidencia ni de Ecopetrol frente a la advertencia formulada por la Fundación Pensarte sobre la posible cesión de la operación de los campos Tisquirama y San Roque a Gran Tierra Energy.