Deuda en rojo: Gobierno enfrentará pico histórico de $130 billones en 2026 y alta presión hasta 2033

Antes de que termine la década, el Gobierno tendrá que sortear uno de los calendarios de pago más exigentes de los últimos años. Entre 2026 y 2033 se concentra una ola de vencimientos que mantiene en alerta a los analistas y obliga a ajustar la estrategia de financiamiento casi al milímetro.

El punto más alto llegará en 2026. Ese año, el servicio de la deuda interna alcanzará los $130 billones, según la actualización más reciente del Ministerio de Hacienda. No es una cifra menor, marca un nivel sin precedentes recientes y anticipa varios años con obligaciones históricamente elevadas.

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Ahora bien, no todo ese monto implica un cheque inmediato. De los $130 billones proyectados, $79 billones corresponden a amortizaciones de capital que, en la práctica, suelen refinanciarse con nuevas emisiones. El peso real sobre las finanzas públicas está en los intereses: $51 billones que sí deben pagarse en efectivo y que forman parte de los gastos corrientes del Estado.

Cuando se compara esa carga con el recaudo tributario —que ronda algo más de $300 billones— la magnitud se hace más evidente. Solo el pago de intereses supera los $100 billones, lo que significa que cerca de uno de cada tres pesos que recauda la Nación terminaría destinado al servicio de la deuda.

El panorama no se alivia en el corto plazo. Para 2029, año que la Contraloría General de la República destacó en su último informe, el servicio de la deuda interna se proyecta en $110,6 billones. Ese nivel obligaría al Gobierno a refinanciar sumas significativas en un entorno que todavía enfrenta tasas de interés altas y condiciones financieras exigentes.

A la presión estructural se suman compromisos puntuales. Julio César Romero, economista jefe de Corficolombiana, advirtió en el diario La República que “este año nuevamente vamos a tener una presión fuerte sobre la deuda. Es importante resaltar que el Gobierno tiene que pagar, antes de julio, la deuda con los bancos internacionales correspondiente al total return swap utilizado el año pasado como instrumento de financiamiento”.

Según explicó, la Dirección de Crédito Público priorizaría mantener liquidez en dólares, por lo que no se anticipan monetizaciones en 2026. Además, recordó que “no hay que olvidar que, según lo señaló Crédito Público, con la venta de USD5.000 millones en bonos globales realizada en enero ya se habrían cubierto las necesidades de financiamiento externo”.

Ese movimiento, de hecho, cambia el foco de la estrategia. Con el frente externo prácticamente cubierto, el Gobierno girará hacia el mercado local. Las metas preliminares, conocidas antes de la presentación del Plan Financiero, apuntan a buscar $85 billones en deuda interna durante 2026.

La hoja de ruta contempla obtener $60 billones mediante subastas, $9 billones por colocaciones directas, $2 billones a través de TES verdes y $4,5 billones por bonos pensionales. Es, por ahora, una meta provisional, pero marca el tamaño del desafío.

Los primeros meses del año muestran el arranque de esa estrategia. De acuerdo con el seguimiento de Diego Montañez, analista económico y miembro del Grupo de Coyuntura Económica de la Universidad Eafit, entre enero y lo corrido de febrero se han emitido cerca de $6,5 billones en deuda interna, medidos en valor nominal aprobado.

En enero se colocaron alrededor de $5,1 billones en Títulos de Corto Plazo, TES en pesos y TES UVR. En febrero, las emisiones suman cerca de $1,36 billones, impulsadas por una subasta de TCO por unos $0,9 billones y una emisión de TES UVR cercana a $0,46 billones.

“Con este avance, y tomando como referencia el objetivo preliminar de $85 billones, las colocaciones realizadas hasta ahora, cerca de $6,5 billones en TES, representan aproximadamente 7,6% del monto planteado”, señaló al medio antes mencionado.

En paralelo, el Gobierno confirmó esta semana, durante el Congreso de Tesorería de Asobancaria, que ya completó el financiamiento externo previsto para el año, principalmente con la emisión de bonos globales. En la última subasta de títulos de corto plazo se colocaron $900.000 millones, mientras las posturas recibidas alcanzaron $2,6 billones, una señal de que, al menos por ahora, la demanda del mercado local se mantiene firme.

Con una deuda bruta que ha crecido $388 billones desde agosto de 2022, el reto no es solo cubrir los vencimientos inmediatos. Es sostener la confianza de los inversionistas mientras el Estado destina una porción creciente de sus ingresos a pagar intereses. El calendario ya está sobre la mesa. Ahora, la tarea es navegarlo sin que el costo financiero termine asfixiando el margen de maniobra fiscal.

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