El video del incidente muestra el momento en que el agente de tránsito de Floridablanca saca un arma traumática durante un procedimiento vial en el barrio Lagos II - crédito @sacred48/X
La Procuraduría General de la Nación suspendió e inhabilitó por tres meses a un agente de tránsito de Floridablanca, Santander, tras comprobar que abusó de sus funciones al extraer y exhibir un arma traumática durante un procedimiento vial ocurrido en 2021.
La entidad concluyó que la actuación puso en riesgo la integridad de los ciudadanos y vulneró los principios de moralidad que rigen la función pública. La sanción recayó sobre Édgar Alonso Galvis Acosta, quien para la época de los hechos estaba adscrito a la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca.
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Según el fallo disciplinario de primera instancia emitido por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga, el funcionario incurrió en una falta grave a título de dolo, al actuar de manera consciente y voluntaria, apartándose de los protocolos establecidos para este tipo de procedimientos.
El caso ocurrió en el barrio Lagos II, donde Galvis Acosta adelantaba la imposición de un comparendo a los ocupantes de un vehículo particular.
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De acuerdo con el expediente citado por medios regionales y nacionales, durante el procedimiento se produjo un altercado verbal entre el agente y los ciudadanos involucrados.

En medio de la discusión, el uniformado abandonó el procedimiento técnico, se dirigió a su motocicleta institucional y sacó un arma traumática frente a los presentes. Para la Procuraduría, esta actuación fue desproporcionada y no tenía sustento legal dentro de las competencias de un agente de tránsito.
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La entidad disciplinaria calificó el comportamiento como una “vía de hecho”, al considerar que los funcionarios encargados de regular la movilidad no están facultados para recurrir a mecanismos intimidatorios durante actuaciones administrativas.
“El agente abandonó el procedimiento técnico de tránsito para ejecutar una vía de hecho, poniendo en riesgo la integridad de los administrados”, señaló el fallo citado.
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Como consecuencia, la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga impuso una sanción de suspensión e inhabilidad especial por tres meses para ejercer cargos públicos.
La Procuraduría también advirtió que el actuar del funcionario desconoció los principios de proporcionalidad y razonabilidad que deben orientar la actuación de los servidores públicos, especialmente de quienes tienen funciones de control y convivencia en las vías.
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Nuevo caso de agresión contra un agente de tránsito en Armenia
En medio de este debate sobre los procedimientos de tránsito y el uso de la fuerza, un nuevo hecho de violencia contra un funcionario vial se registró el 7 de mayo de 2026 en Armenia.
Un agente de tránsito identificado como Wilmer Tafur resultó herido tras ser apuñalado y arrastrado sobre el capó de un vehículo por un conductor al que le imponía un comparendo por estacionar en zona prohibida.
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El ataque ocurrió en el sector de las clínicas, al norte de la ciudad, durante un operativo rutinario de control de vehículos mal estacionados. Según explicó Daniel Jaime Castaño, la reacción del conductor derivó en una agresión con arma blanca contra el funcionario.
“La reacción de uno de los conductores fue agredir con arma blanca a uno de nuestros funcionarios y posteriormente arrastrarlo con su vehículo, causándole lesiones. Afortunadamente, se encuentra estable, pero es delicado que la ciudadanía reaccione de esta manera ante un control y ante la comisión de una infracción”, afirmó el secretario de Tránsito.
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Tafur sufrió una herida en la cabeza y quedó tendido en la entrada de la Clínica Central de Armenia, donde recibió atención médica de emergencia. De acuerdo con las autoridades, el presunto agresor fue capturado por la Policía minutos después del ataque.
Videos grabados por residentes de la zona documentaron la secuencia de la agresión y circularon ampliamente en redes sociales. Tras lo ocurrido, el secretario de Tránsito hizo un llamado a resolver los conflictos por vías legales y sin violencia.
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“Hacemos un llamado a la sensatez, al diálogo y al respeto por la vida. Las diferencias deben resolverse desde la legalidad y nunca desde la violencia”, agregó Castaño.
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