
La Fiscalía General de la Nación anunció el 26 de febrero de 2026 que inició allanamientos e inspecciones en ocho Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) vinculadas a la atención del niño Kevin Acosta, de sieta años, que falleció el pasado 13 de febrero de 2026, luego de que no le fuera suministrado el medicamento para la hemofilia por parte de la Nueva EPS.
El ente investigativo informó que estas diligencias constituyen los primeros pasos formales en la investigación tras el deceso del niño, mientras la entidad de salud se encontraba bajo intervención y no suministraba oportunamente los fármacos requeridos.
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De acuerdo con Noticias RCN, el objetivo de las autoridades es verificar la naturaleza de la atención que prestaron las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) en varias ciudades clave: Neiva, Cali, Pitalito, Medellín, Bucaramanga, Palestina, Bogotá y Popayán.
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Ministro de Salud se refirió a la muerte de Kevin Acosta y le habría echado la culpa a la madre
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, solicitó una investigación exhaustiva tras la muerte de Kevin Arley Acosta, que falleció en la unidad de cuidados intensivos del hospital La Misericordia en Bogotá. Acosta sufrió un accidente en bicicleta mientras esperaba un medicamento cuya entrega, según autoridades y asociaciones, no se concretó a tiempo.
El jefe de cartera mencionó que las restricciones para personas con hemofilia buscan precisamente evitar episodios de trauma violento y que el niño estuvo bajo atención hospitalaria por tres días antes de su traslado a la capital. Mientras el presidente Gustavo Petro y organizaciones como la Federación Colombiana de Enfermedades Raras señalaron la urgencia de esclarecer la cadena de responsabilidades, el Gobierno insiste en que los recursos financieros no han sido obstáculo para el tratamiento.
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Durante el Consejo de Ministros, Jaramillo insistió en que las personas con hemofilia, como en el caso de Kevin Acosta, deben evitar actividades consideradas de riesgo. El ministro reiteró: “Es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que puedan generarle un trauma violento y hemorrágico grave”.
Describió el tránsito hospitalario del menor, que incluyó una internación de tres días en un hospital público de Huila y su posterior traslado en avioneta a Bogotá, donde ingresó al hospital de referencia, La Misericordia.
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Jaramillo indicó que aguardan los resultados de la autopsia para esclarecer completamente los hechos: “Actualmente estamos esperando el resultado de la autopsia, porque en este caso es necesario realizarla para revisar detalladamente qué sucedió con el niño. No puede ser, presidente, cuando todo se está pagando a tiempo”.

El Gobierno defiende su gestión financiera frente a los reclamos por el caso Acosta
El ministro Jaramillo detalló que 27 millones 400 mil personas del régimen subsidiado recibieron el pago sanitario correspondiente durante la primera semana de febrero. Reiteró que todas las obligaciones del régimen subsidiado y contributivo se han cumplido de manera anticipada.
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“No puede haber falta de recursos”, afirmó, y añadió que para febrero ya se habían transferido la totalidad de los fondos para subsidios y contribuciones. Según Jaramillo, “cuando termina febrero, ya está pago todo el mes de febrero; cuando termina marzo, ya está pago todo marzo. En el régimen subsidiado siempre se paga la primera semana del mes”.
El presidente Petro expuso ante sus ministros que la muerte de Kevin Acosta estuvo determinada por dos factores: “la falta de acceso al medicamento y la caída que sufrió mientras andaba en bicicleta”.
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Petro cuestionó si la ausencia del tratamiento se habría debido a una pérdida en la vinculación del paciente con su EPS, y señaló: “Si no es así, hay personas responsables individuales que no fueron lo suficientemente eficaces en entregar el medicamento, por lo que aquí la cuestión financiera no es obstáculo”. El mandatario remarcó que los fondos existen, pero mencionó que “en la EPS están represados por el embargo de dos billones de pesos”.
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