Reacciones políticas a la decisión de un juez que prohibió usar la camiseta de la selección Colombia en la campaña de Abelardo de la Espriella

Un juzgado penal municipal de Bogotá ordenó de manera provisional que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella se abstenga de utilizar la camiseta oficial de la selección Colombia en actos de campaña, redes sociales y piezas publicitarias, mientras se resuelve una acción de tutela que cuestiona ese uso por una posible afectación de derechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación y la participación política.

La decisión también vinculó al Consejo Nacional Electoral (CNE), al partido Defensores de la Patria y a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para que entreguen información sobre su eventual participación o conocimiento de los hechos.

El despacho judicial argumentó que el uso de un símbolo deportivo en un contexto electoral podría desnaturalizar su propósito original y generar una ventaja simbólica en la contienda presidencial.

La medida desató una fuerte controversia política, jurídica y mediática, con reacciones divididas entre defensores de la decisión judicial y quienes la consideran una extralimitación que afecta libertades fundamentales.

El abogado de la campaña, Germán Calderón, calificó la decisión como “absolutamente arbitraria y caprichosa”.

Aseguró que el tutelante no tiene legitimación para presentar una acción en nombre de todos los colombianos y que, en su criterio, el único competente para pronunciarse sobre el uso de la camiseta sería la Federación Colombiana de Fútbol o el distribuidor autorizado.

Añadió que la Federación ya se habría pronunciado indicando que no existe violación de símbolos patrios ni uso indebido en campaña, y defendió que lo ocurrido corresponde a la libre expresión ciudadana y al libre desarrollo de la personalidad. En su argumento, insistió en que no se puede imponer cómo deben vestirse los ciudadanos y que la decisión judicial resulta, a su juicio, desproporcionada.

En redes sociales, varios dirigentes políticos también reaccionaron. El representante a la Cámara Hernán Cadavid afirmó que la polémica evidencia un trato desigual en el uso de símbolos entre campañas, al comparar la estrategia de distintos sectores políticos.

En la misma línea, la exministra Alicia Arango calificó la decisión como una “ridiculez” y sostuvo que la camiseta representa a todos los colombianos sin distinción, por lo que no debería ser prohibida en ningún contexto ciudadano.

El concejal Daniel Briceño llamó a usar la camiseta de la Selección Colombia de manera masiva como forma de protesta simbólica, mientras el exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán defendió el fervor ciudadano y promovió su uso en actos públicos, caravanas y escenarios electorales, señalando que el entusiasmo por la Selección no puede ser restringido: “En las calles, caravanas, banderazos y el día de las elecciones, usémosla con orgullo por el país milagro”.

Desde otra orilla política, el ministro del Trabajo Antonio Sanguino defendió el uso del símbolo como expresión de identidad nacional, afirmando que la camiseta trasciende cualquier campaña o diferencia ideológica.

De igual forma, la representante Maria Fernanda Carrascal respaldó su uso masivo, resaltando su carácter popular y su arraigo cultural en el país.

A estas reacciones se sumó el debate académico y jurídico, en el que se cuestionó el alcance de la decisión judicial. El exgobernador y excandidato Sergio Fajardo consideró el tema una “tontería”, señalando que no tiene sentido que el país centre su atención en si se usa o no una camiseta de fútbol en campaña política, y sostuvo que no debería existir ningún tipo de restricción sobre ese tipo de prendas.

Por su parte, el abogado y exfórmula vicepresidencial de Claudia López, Leonardo Huerta, ofreció una visión más técnica del caso y advirtió que la acción de tutela fue concebida para proteger derechos fundamentales, por lo que su uso excesivo puede terminar generando un “desgaste” del sistema.

Cuestionó que el uso de una camiseta pueda considerarse una vulneración de derechos fundamentales y planteó dudas sobre la pertinencia de judicializar este tipo de controversias, señalando además la necesidad de distinguir entre derechos fundamentales y otros derechos de menor rango en la estructura constitucional.

En conjunto, las posiciones reflejan una fuerte polarización en torno al alcance de la decisión judicial, que sigue en estudio y mantiene abierto el debate sobre los límites entre libertad de expresión, símbolos colectivos y regulación de la propaganda electoral en Colombia.