Petro justificó el traslado de ahorros pensionales vía decreto y arremetió contra la Corte Constitucional: “Sectarismo político inaudito”

El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse frente a las críticas al proyecto de decreto que ordenaría el traslado de más de $25 billones desde cuentas de ahorro individual administradas por fondos privados a Colpensiones.

En su declaración, señaló que la decisión de la Corte Constitucional de frenar la aplicación de la reforma pensional ha impedido su entrada en vigencia y sostuvo que tanto las EPS como los fondos privados de pensiones están destinados a “quebrar”.

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En un mensaje público, el mandatario también respondió a los señalamientos de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), que ha advertido que el decreto contraría lo dispuesto por la norma aprobada por el Congreso.

Señalamientos contra la Corte y defensa del sistema de pilares

El presidente afirmó que la reforma pensional fue diseñada para articular los distintos regímenes existentes y evitar la competencia entre ellos. “La reforma pensional efectivamente normaliza una articulación tranquila y complementaria entre los diferentes regímenes pensional que existen en Colombia y evita su competencia, ese fué el propósito principal que tuvimos, dado que disminuye el déficit fiscal y permite más garantías de pensión a la gente que trabaja. Lo llamamos el sistema de pilares y fue creado en Holanda con éxito (sic)”, expresó.

Sin embargo, indicó que la norma no puede aplicarse mientras no sea avalada por la Corte Constitucional. “Pero la reforma pensional que es ley, no es aplicable, porque la corte constitucional a través del magistrado Ibáñez la detuvo durante un año entero”, señaló.

El jefe de Estado agregó que, mientras la reforma permanezca suspendida, continúa vigente la competencia entre regímenes establecida en la Ley 100 de 1993; y sostuvo que los trabajadores que se pensionen en Colpensiones y tengan ahorro acumulado en fondos privados deben reclamar esos recursos, “como parte de la financiación de su pensión en Colpensiones. Es su derecho”.

En su declaración, el mandatario reiteró su posición sobre la situación financiera de las entidades del sistema. “Dije desde el principio de mi gobierno que los datos más suaves en los fondos privados y escandalosos en las EPS privadas ameritaban las reformas del sistema pensional y de salud dado que tanto EPS, primero y luego fondos privados de pensiones quebrarán”, afirmó.

Asimismo, cuestionó la decisión del magistrado Jorge Enrique Ibáñez. “Luego, con un sectarismo político inaudito para un magistrado, Ibáñez congeló la reforma pensional sin poderse aplicar (...) El tiempo ha pasado y las consecuencias son EPS genuinamente quebradas y fondos de pensión privados que continúan desangrándose ante la retirada de sus cotizantes hacia Colpensiones”.

Advertencias de Asofondos

La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) señaló que el borrador del decreto exige que las AFP giren esos recursos en un plazo de 15 días tras su expedición, lo que, según el gremio, contraría lo dispuesto por la ley.

De acuerdo con el artículo 76 de la ley 2381, “Los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual de las personas que hagan uso de este mecanismo (ventana de oportunidad de traslado) seguirán siendo administradas por las Administradoras de Fondos de Pensiones hasta el momento en que se consolide la pensión integral de vejez o la pensión de vejez del régimen anterior”.

La norma también establece, en el artículo 24, que los recursos producto de los traslados deben destinarse al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, administrado por el Banco de la República, con el fin de financiar las pensiones del nuevo esquema de pilares en el componente de prima media.

El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, afirmó que el proyecto de decreto, “agrava aún más la sostenibilidad futura de esa reforma y de las finanzas públicas”. En ese sentido, el gremio expresó su preocupación por los posibles cambios que generaría la nueva norma frente a lo aprobado por el Congreso e hizo un llamado al Ministerio de Trabajo y a los actores del sistema para revisar la iniciativa.