
La infraestructura vial colombiana vive una de sus peores crisis en los últimos años. El país, además de enfrentar emergencias naturales y problemas sociales, enfrenta una “emergencia silenciosa” que pone en jaque la movilidad, el desarrollo y la economía nacional: la caída y grave afectación de puentes a lo largo y ancho de su territorio.
Según cifras presentadas por los gremios del transporte en un comunicado, en los últimos 12 años en Colombia se cayeron o sufrieron afectaciones graves 29 puentes, una problemática que lejos de frenarse, se aceleró de manera peligrosa.
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Dicha situación se agudizó de manera alarmante en el último trienio. De los 29 puentes colapsados o dañados, 18 (el 62%) se registraron entre 2023 y lo que va de 2026, y lo más preocupante: 5 de ellos (el 17% del total) se desplomaron tan solo en los primeros dos meses de 2026. Las cifras, al ser consignadas por entidades que representan a transportadores de carga y pasajeros, reflejan un deterioro institucional e infraestructural sin precedentes y, como ellos lo expresan, “no deben ser normales en ningún país”.
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Las repercusiones de estos colapsos son devastadoras, sobre todo, para la movilidad y la economía regional. De acuerdo con el informe presentado por la Asociación Volqueteros Unidos de Antioquia, Agrem, Atpa, Colfecar, Utrans, Fedevolco y ACC, en lo que va de 2026, producto de la fuerte ola invernal, la caída de cinco puentes generó “graves afectaciones a la movilidad en la región del Urabá antioqueño, y a los departamentos de Córdoba y Magdalena”.
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Sin embargo, la problemática se agrava por la lentitud en la atención estatal. Por ejemplo, en el caso del puente Mendihuaca, en Magdalena —colapsado el 13 de febrero—, recién después de semanas se anunció la construcción de un paso provisional. Por su parte, para la vía Necoclí – Arboletes, solo hasta el 25 de febrero, 22 días después del colapso, una comisión del Instituto Nacional de Vías (Invías) llegó a la zona; pero “a la fecha, no se ha logrado restablecer el paso en ninguna de las cinco novedades”.
Golpe al tejido económico-social
El estancamiento golpea también al tejido económico-social. Empresas, conductores, auxiliares y familias enteras dependen del transporte para sobrevivir. Los gremios reconocen que esta “situación viene ocasionando graves afectaciones al sector transportador tanto de carga como pasajeros que presta servicio a estas regiones, generando una crisis económica y social de gran magnitud que impacta directamente a empresas, conductores, auxiliares y a cientos de familias cuyo sustento depende de la actividad transportadora, además de afectar la movilidad, el abastecimiento y la dinámica comercial de la región”.
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Por supuesto, las peticiones al Gobierno son urgentes y reiterativas. Entre ellas están:
- Intervención técnica y logística inmediata con cronogramas claros para restablecer la movilidad.
- Adopción de medidas transitorias para mitigar las pérdidas económicas y evitar el crecimiento de la informalidad.
- Soluciones definitivas con presupuestos transparentes que no perpetúen el uso de parches provisionales, como los puentes militares.
Señalaron con preocupación que “las novedades de los años 2023 y 2024 nos dejaron llenos de puentes militares y lo que debería ser medidas transitorias se han quedado de manera definitiva, como el caso de la vía Cúcuta – Pamplona que desde 2023 está operando con puentes militares y tres años después sigue sin solución definitiva”.
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El estancamiento en la infraestructura también amenazan la sostenibilidad misma del servicio de transporte público. Como enfatizan los firmantes del comunicado, “la prolongación de esta problemática profundiza el deterioro económico de la subregión y pone en riesgo la sostenibilidad del servicio público de transporte”, y requieren “una respuesta estatal ágil, coordinada y proporcional a la magnitud de la emergencia”.
Emergencia en el Magdalena Medio, efectos a la cadena logística nacional
Mientras la agenda pública y los recursos se concentran en la reparación vial, otras regiones cruciales enfrentan sus propias crisis. Fedetranscarga denunció que en la zona del Magdalena Medio se presentan bloqueos viales de manera constante en corredores clave de la Troncal del Magdalena Medio. Uno de los ocurridos en febrero de 2026 estuvo motivado por protestas de asociaciones de volqueteros ante presuntas exclusiones laborales en obras viales ejecutadas por la empresa KMA Construcciones.
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La naturaleza de la protesta es particularmente sensible para la logística del país: los bloqueos se hacen con paso intermitente cada tres horas y se habilitan corredores humanitarios para emergencias, pero la movilidad del transporte de carga se vio seriamente afectada.

De acuerdo con el gremio, las consecuencias resultaron siendo múltiples:
- Operación trastornada con incrementos en los tiempos de tránsito.
- Represamiento de vehículos.
- Pérdidas de turnos en puertos y centros industriales
- Alteraciones en los esquemas logísticos.
- Acumulación de sobrecostos por tiempos muertos.
- Mayor consumo de combustible
- Riesgo de penalizaciones.
- Retrasos críticos en el abastecimiento regional.
Fedetranscarga advirtió que “el corredor afectado constituye un eje estratégico para la conectividad centro-norte del país y la movilización de carga hacia puertos y centros industriales, razón por la cual la prolongación de esta situación podría generar impactos económicos de mayor escala”.
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El gremio instó a las autoridades y actores involucrados a instalar mesas de diálogo, adoptar medidas inmediatas para restablecer la movilidad, y garantizar condiciones de estabilidad operativa para el transporte de carga.
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