Una disputa administrativa puso en vilo la permanencia de un restaurante que desde finales del siglo pasado opera en uno de los espacios históricos más representativos de Tunja.
La decisión de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc) de no prolongar el convenio que tenía con la Cámara de Comercio de la ciudad activó el proceso para recuperar el terreno donde funciona el establecimiento, enclavado en el parque del Pozo de Donato.
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El caso no solo involucra un negocio gastronómico. El lugar forma parte de un complejo con valor arqueológico, donde se ubica el Pozo de Hunzahúa y estructuras asociadas a la memoria prehispánica de la región. Con el paso de los años, el sitio se consolidó como punto de encuentro para residentes y turistas, bajo un esquema en el que un particular asumía su operación y cuidado.
De acuerdo con información publicada por El Tiempo, el origen de la controversia está en las condiciones económicas del contrato que permitió la explotación del predio desde 1998, especialmente en lo relacionado con el monto pagado mensualmente y los compromisos adicionales asumidos por el arrendatario.
La Contraloría General de la República reportó un hallazgo fiscal tras advertir que, en un periodo reciente de cinco años, la universidad habría dejado de recibir alrededor de mil millones de pesos por concepto de arriendo. El anuncio implicó la apertura de una actuación para determinar si existió detrimento patrimonial, aunque el proceso apenas inicia y no supone responsabilidades definidas.
Desde la administración universitaria se argumenta que el análisis no puede limitarse a la cifra consignada como canon. Según explican, el acuerdo incluía obligaciones en especie: vigilancia permanente, mantenimiento de zonas verdes, conservación de senderos y protección del entorno arqueológico. Esos gastos —aseguran— representan una suma considerable que la institución tendría dificultades para asumir directamente con su presupuesto actual.
Según el medio, la controversia coincidió con cambios en la Cámara de Comercio de Tunja. En medio de cuestionamientos internos, se produjo la salida de su presidente y, poco después, la universidad formalizó la notificación de que no renovará el convenio vigente, el cual tiene fecha de expiración en 2027. Tras recibir la comunicación, la entidad mercantil trasladó la instrucción al empresario que administra el restaurante.
El rector Enrique Vera López señaló al medio que, aunque se envió el aviso para cumplir los tiempos contractuales, existe la posibilidad de revisar el modelo si las condiciones económicas se ajustan a lo que recomienden los organismos de control.
En ese escenario, podría celebrarse un contrato directo entre la universidad y el operador privado, con un incremento en el valor mensual y destinación específica de los recursos a proyectos académicos, entre ellos el programa de Arqueología.
El empresario involucrado rechazó que se trate de un beneficio desproporcionado. Sostuvo que, cuando asumió la operación, el lugar presentaba deterioro y requería inversiones significativas en infraestructura básica. Afirmó que durante casi tres décadas se construyeron espacios para atención al público, se adecuaron accesos y se garantizó seguridad continua, costos que —según su versión— superan ampliamente el pago en efectivo que hoy es objeto de discusión.
El debate también abrió una conversación sobre el futuro del parque si regresa plenamente a manos de la universidad. Algunos sectores académicos consideran que el predio podría destinarse a un museo o centro cultural enfocado en la historia indígena. Sin embargo, cálculos preliminares advierten que su sostenimiento podría exigir desembolsos mensuales superiores a los 30 millones de pesos.
Desde organizaciones ciudadanas dedicadas a la protección del patrimonio se advierte otro riesgo: que, sin un esquema claro de financiación y operación, el espacio termine restringido al público o pierda el nivel de mantenimiento alcanzado en los últimos años.
Mientras avanzan las revisiones fiscales y jurídicas, el restaurante continúa abierto. No obstante, su permanencia dependerá de las decisiones que adopten las partes en los próximos meses y de la definición sobre cuánto debe costar, realmente, administrar uno de los enclaves históricos más simbólicos de la capital boyacense.
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