
El presidente Gustavo Petro fue obligado a rectificar públicamente declaraciones en las que vinculó a Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta de Colombia, con actividades de narcotráfico y paramilitarismo.
Esta exigencia, impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, responde a la resolución de un incidente de desacato tras comprobarse que el mandatario no había cumplido plenamente con órdenes judiciales previas de rectificación.
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El alto tribunal ordenó que la retractación se realizara en las mismas condiciones de difusión que tuvo el mensaje original, afectando directamente la reputación de Ramírez (cuyo usuario en X es @mluciaramirez).
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Por este motivo, el abogado defensor del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay (víctima de magnicidio mientras realizaba un acto de campaña en un parque público en Bogotá), Víctor Mosquera Marín, dejó sus reparos ante la publicación que dejó el presidente Petro en su cuenta de X la mañana del jueves 26 de febrero de 2026.

El fallo judicial y la retractación de Gustavo Petro
El presidente Petro precisó desde su perfil en la red social X (@petrogustavo): “Me retracto de manera expresa, de la frase: ‘No señora ex canciller, voy es a atacar a uno de sus socios comerciales: narcotraficante y paramilitar’”.
El jefe de Estado reconoció además que este enunciado vulneró el derecho al buen nombre de la exvicepresidenta porque no existe una condena judicial que avale esa acusación.
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Sin embargo, para Mosquera Marín, “lo publicado por @petrogustavo no constituye una retractación real sino una nueva forma de revictimización contra la exvicepresidenta @mluciaramirez”.
Por tal motivo, y el mismo mensaje, el jurista recalcó que “persistir en el incumplimiento de una orden judicial configura desacato”, y en consecuencia anunció: “Informaremos de inmediato al juez competente”.
En la exposición de sus argumentos, el abogado de la familia Uribe Turbay afirmó que “ante las reiteradas acusaciones falsas que serán objeto de acciones legales, informo a la opinión pública y a quien ejerce la Presidencia de la República hasta el 7 de agosto de 2026 que la autoridad judicial italiana certificó oficialmente que no existe investigación o registro penal alguno contra Marta Lucía Ramírez”.
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Al final de su publicación, Mosquera Marín dejó en claro que “los hechos están documentados” y que “la desinformación no sustituye la verdad”.
El origen de la orden de rectificación radica en un fallo de tutela que consideró dañado el buen nombre y la honra de Ramírez debido a la afirmación del mandatario.
Tras la publicación de la retractación, Gustavo Petro defendió la libertad de expresión y subrayó su disposición a acatar las decisiones de los jueces tanto en calidad de presidente como de ciudadano.
El jefe de Estado replicó: “Defiendo con toda la fuerza de mi investidura y de mi ser, el derecho soberano del pueblo colombiano a la libertad de expresión, respetando las directrices de los jueces”.
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Además, el mandatario calificó ese derecho como “un pilar sagrado de la democracia” y aseguró que “sin una voz libre no hay cambio posible”.
Qué dijo el abogado de Gustavo Petro, Alejandro Carranza
En otra publicación por la misma red social, la misma mañana del jueves el jurista Alejandro Carranza, y defensor del presidente Petro, le respondió a Mosquera Marín para referirse a la publicación que dejó el abogado de la familia Uribe Turbay.
“La retractación del Presidente Gustavo Petro fue expresa, exactamente como lo ordenó el Juzgado 66 Administrativo de Bogotá y lo confirmó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca” inicia la réplica de Carranza.

En su mensaje, el abogado del presidente Petro señaló que “se retiró textualmente la frase cuestionada y se reconoció expresamente que vulneró la honra y buen nombre de la señora Marta Lucía Ramírez. Cumplimos el fallo con total precisión”.
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Más adelante, Carranza agregó: “Es importante aclarar que en ningún momento el Presidente @petrogustavo le imputa ningún delito, responsabilidad penal ni hecho ilícito personal a la señora @mluciaramirez”.
Por lo anterior, el jurista que representa al jefe de Estado reiteró que “las palabras del Presidente no la acusan de nada”, y “solo se refieren a investigaciones periodísticas serias de interés público sobre su círculo cercano y hechos documentados que justifican el legítimo escrutinio democrático sobre una exvicepresidenta”.
El origen de esta caso se remonta a agosto de 2025, y llevó a que Ramírez interpretó esta respuesta como difamatoria, y presentó una tutela ante los tribunales, alegando que la aseveración del presidente afectó su honra y reputación.
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El fallo judicial determinó que Petro debía retractarse públicamente en los mismos términos que la declaración original.
El presidente, tras un primer intento fallido de cumplimiento, fue objeto de un incidente de desacato, lo que llevó a la reiteración y finalmente al cumplimiento estricto de la orden de rectificación por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Investigaciones periodísticas y hechos asociados al entorno de Ramírez
En su retractación, Gustavo Petro hizo referencia a investigaciones periodísticas que, según él, han documentado hechos de relevancia pública en el entorno de Ramírez.
También enumeró, entre otros, la condena por narcotráfico de un hermano de la exvicepresidenta en Estados Unidos, los cuestionamientos sobre la Operación Orión cuando Ramírez ejercía como ministra de Defensa, su mención en los Pandora Papers y un escándalo por la compra de armas en Italia que involucró a un exparamilitar conocido como “Don Antonio”.
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