Supersociedades inhabilitó por 10 años a empresa proveedora de carrotanques por escándalo de corrupción en la Ungrd: le impuso millonaria multa

La Superintendencia de Sociedades impuso una de las sanciones más severas de los últimos años contra un proveedor del Estado al inhabilitar por diez años a Impoamericana Roger S.A.S., empresa vinculada al escándalo de los carrotanques adquiridos para atender la crisis de agua en La Guajira.

Además del veto para contratar con entidades públicas, la sociedad deberá pagar una multa de $1.298.795.622, tras ser hallada responsable de actos de corrupción en el marco de un millonario contrato con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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La decisión, dada a conocer el 25 de febrero de 2026, marca un precedente en materia de control empresarial y contratación pública.

Según la Superintendencia, las irregularidades detectadas en la ejecución y adjudicación del contrato evidencian prácticas contrarias a la ley y a los principios de transparencia que deben regir el manejo de recursos estatales, especialmente en contextos de emergencia.

Contrato bajo emergencia y millonaria operación

El caso se remonta a octubre de 2023, cuando la Ungrd, amparada en el decreto de emergencia nacional, suscribió un contrato por $46.800 millones para la adquisición de 40 carrotanques destinados a garantizar el suministro de agua en comunidades vulnerables de La Guajira.

El monto convirtió la operación en una de las más cuantiosas en la historia reciente del departamento en materia de provisión de vehículos para distribución de agua potable.

Tras la apertura del procedimiento administrativo, la Superintendencia determinó no solo la imposición de la multa y la inhabilidad para contratar, sino también la remoción de los administradores de la empresa y la prohibición de recibir subsidios estatales durante una década.

Asimismo, ordenó la publicación de la resolución sancionatoria en un diario de amplia circulación nacional.

Señales de alerta sobre la empresa

Impoamericana Roger S.A.S., constituida en 2017 en Cúcuta, tenía un objeto social amplio que incluía desde comercialización de productos de ferretería hasta alimentos y perforaciones. Su representante legal, Roger Alexander Pastas Fuertes, asumió la dirección en 2019.

De acuerdo con información financiera reportada en medios nacionales, la empresa pasó de tener activos modestos —cercanos a $50 millones— a registrar un crecimiento significativo en 2022, antes de presentar una reducción considerable en 2023.

También se evidenciaron inconsistencias en la experiencia declarada para contratar con el Estado, pues, aunque su representante aseguró contar con trayectoria previa en contratos con la Ungrd, los registros oficiales indican que la sociedad apenas llevaba siete años inscrita en el Registro Único de Proponentes.

Las dudas se profundizaron cuando se conoció que la sede física reportada en los documentos contractuales no existía y que no había facturación previa que respaldara la magnitud de la operación adjudicada.

Investigaciones y posibles irregularidades

El escándalo tomó mayor dimensión tras revelarse presuntas irregularidades en el proceso de selección. En marzo de 2024, la Fiscalía y la Procuraduría abrieron investigaciones paralelas para determinar si hubo sobrecostos, colusión entre oferentes o manipulación de requisitos.

El director de la Ungrd, Carlos Carrillo, informó que durante la revisión contractual se detectaron anomalías en al menos tres ofertas relacionadas con carrotanques, y confirmó que la empresa presentó cartas de desistimiento para contratos adicionales por cerca de $59 mil millones, alegando falta de tiempo para cumplir con la entrega.

Para el funcionario, esa explicación resultó insuficiente frente a la magnitud de los compromisos adquiridos.

Otro elemento qu estuvo bajo análisis en el 2024 fue el origen de los recursos utilizados para la compra inicial de vehículos. Según reportes de La FM, se habrían realizado consignaciones en efectivo por $900 millones desde Pasto, situación que motivó la intervención de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) para rastrear posibles irregularidades financieras.

Este hecho fue uno de los presuntos detonantes que permitió destapar, desde uno de sus frentes, el mayor escándalo de corrupción durante el Gobierno de Gustavo Petro.