La Fiscalía General de la Nación imputó formalmente al exfiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá Germán Arias Cortés por el presunto delito de acoso sexual contra Yeraldin Acuña, quien se desempeñaba como su asistente en la entidad.
Según indicó el ente investigador en la mañana del miércoles 25 de febrero, los hechos habrían ocurrido entre octubre de 2021 y agosto de 2024, e incluyeron reiteradas conductas verbales y físicas calificadas como acoso en el ambiente laboral.
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“La Fiscalía General de la Nación imputó al exfiscal delegado ante Tribunal, Germán Arias Cortés, como presunto responsable del delito de acoso sexual, el cual estaría relacionado con una prolongada secuencia de actos verbales y físicos que vulneraron la condición de mujer de una de sus subalternas, entre octubre de 2021 y agosto de 2024″, señaló la Fiscalía en su comunicado.
Arias Cortés no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, mientras que la víctima ha señalado las consecuencias negativas del caso en su vida personal y profesional.
La investigación, guiada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia con enfoque diferencial de género, considera que el exfiscal habría utilizado su posición de jerarquía en la entidad para afectar la libertad sexual y la dignidad de su asistente.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, se documentó una “prolongada secuencia de actos verbales y físicos” que vulneraron la condición de la denunciante.
Detalles de la denuncia y presunto acoso sexual
La asistente Yeraldin Acuña, en declaraciones recogidas por La Nueva Prensa en 2024, relató que el acoso comenzó con comentarios inapropiados y escaló a insinuaciones explícitas, mensajes de texto con contenido sexual y acercamientos físicos no consentidos.
Acuña aseguró que Arias Cortés le enviaba mensajes como: “quisiera amanecer haciéndote el amor todos los días”, “que me des Qkita (sic)” y “la pasaríamos más rico”.
También indicó que, durante viajes de trabajo, el exfiscal realizaba llamadas y enviaba mensajes ofensivos bajo los efectos del alcohol, manifestando sus intenciones sexuales.
La denunciante agregó que Arias Cortés portaba un arma durante la jornada laboral y la colocaba sobre el escritorio para intimidarla. La asistente afirmó que, debido a la subordinación directa, sentía un temor reverencial por su superior.
Tras rechazar las insinuaciones del exfiscal, la víctima señaló como represalia su traslado a la Unidad de Delitos Priorizados en Ciudad Bolívar, una dependencia lejana de su lugar de residencia en Bogotá. Según Acuña, este cambio le dificultó el desplazamiento diario y agravó su situación, ya que se encontraba en condición de madre lactante.
Además, declaró a La Nueva Prensa que, al negarse a las pretensiones de Arias Cortés, fue sometida a una sobrecarga de trabajo, especialmente durante el embarazo.
En ese momento solicitó ser reasignada al búnker de la Fiscalía o al edificio de Paloquemao para evitar al señalado agresor, pero, según la denunciante, esta petición fue bloqueada por la influencia del exfiscal.
Incluso, la asistente denunció posibles actos de complicidad institucional. Se refirió al director Seccional de Fiscalías de Bogotá, Javier Mauricio Pava Mejía, y al fiscal delegado ante el tribunal, José Manuel Martínez Malaver, como funcionarios que habrían protegido al presunto agresor.
Según el testimonio de Acuña citado por La Nueva Prensa, Martínez Malaver habría advertido al exfiscal Arias Cortés acerca de la inminencia de la denuncia para que pudiera anticipar su respuesta: “Martínez Malaver alertó al agresor de que yo iba a denunciarlo, lo que ya hice”, expresó la denunciante.
Actualmente, la investigación permanece en curso bajo la Fiscalía General de la Nación, que anunció un enfoque sensible al género y a la protección de la víctima. Además del proceso penal, la asistente recibe acompañamiento de la Línea Púrpura de la alcaldía de Bogotá, que ofrece apoyo psicosocial a mujeres víctimas de violencia sexual.
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