
El Gobierno ha decidido prorrogar la intervención de Nueva EPS durante un año adicional, en una medida formalizada por la Superintendencia Nacional de Salud el 10 de abril de 2026. La resolución incluye la designación de Jorge Iván Ospina Gómez como agente interventor, debido a incumplimientos normativos, problemas financieros y riesgos en la garantía del derecho a la salud.
La prórroga responde, según la Supersalud, a deficiencias financieras y operativas persistentes y la necesidad de asegurar la continuidad de los servicios de salud. La autoridad sanitaria oficializó la designación de Jorge Iván Ospina Gómez como nuevo agente interventor, con atribuciones directas sobre la gestión administrativa, financiera, jurídica y médica de la EPS.
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Motivos y fundamentos de la prórroga de intervención de Nueva EPS
La Supersalud justificó la prórroga por la persistencia de causales legales que originaron la medida. Entre las principales, destaca el déficit de capital mínimo de $1.250.159 millones y el déficit de patrimonio adecuado de $2.436.951 millones a febrero de 2024. Además, la EPS no cumple con el régimen de inversiones de la reserva técnica desde diciembre de 2019, según informó la autoridad.
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El diagnóstico técnico de la superintendencia identificó “graves inconsistencias en la información financiera”, lo que impide conocer adecuadamente la situación real de la entidad. El seguimiento también muestra un aumento anual del 14,25% en las reclamaciones presentadas por usuarios, con una tasa mensual de 33,97 por cada 10.000 afiliados, superior al promedio nacional.
Las dificultades en la red de servicios, deficiencias en sistemas de información y el rezago en la gestión de cuentas médicas (14,2 millones de facturas pendientes por $14,9 billones) agravan el escenario. La falta de conciliación efectiva de la cartera con prestadores y proveedores ha impactado la prestación continua de los servicios y el uso eficiente de los recursos públicos.
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Perfil y funciones del nuevo agente interventor de Nueva EPS
La Supersalud designó a Jorge Iván Ospina Gómez mediante el mecanismo excepcional previsto en la resolución 002599 de 2016. Ospina cumplirá todas las funciones ejecutivas, asumiendo el control completo sobre las áreas críticas de la EPS y desplazando a gestores anteriores como Luis Oscar Galves Mateus.
De acuerdo con la resolución, el agente interventor debe administrar con responsabilidad los bienes y recursos de la entidad, promover acciones legales en caso de identificar irregularidades y dirigir procesos de mejora en atención y flujo de recursos. Entre sus atribuciones está la presentación de un plan de trabajo en los primeros 30 días, además de la entrega de informes periódicos y finales para la evaluación de la autoridad sanitaria.
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El nombramiento implica autonomía en la adopción de decisiones administrativas, financieras, jurídicas y operativas, así como el deber de garantizar la gobernanza institucional durante la vigencia de la intervención.
Medidas y tareas obligatorias para la intervención de Nueva EPS
La resolución detalla una serie de obligaciones prioritarias para el nuevo agente interventor. Entre las principales, se encuentra la resolución de reclamaciones de salud, especialmente aquellas clasificadas como “riesgo vital”, así como la revisión y ajuste de la red prestadora para garantizar la oportunidad y continuidad de los servicios.
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Ospina deberá implementar estrategias para la recuperación financiera, mejorar el indicador de siniestralidad y fortalecer la gestión del riesgo en salud. Está encargado de garantizar la conciliación y el pago efectivo de obligaciones pendientes con la red prestadora y proveedora, y de asegurar el recaudo de la cartera ante ADRES y otras fuentes.
El plan de acción ordena la reducción del rezago en el procesamiento de cuentas médicas, la depuración financiera, la adopción de herramientas tecnológicas para el control jurídico y financiero, y la emisión periódica de informes sobre avances clave. Además, obliga a constituir una junta asesora que refuerce la vigilancia interna y establece la notificación inmediata de cualquier situación relevante a la Supersalud y otras autoridades competentes.
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