Esta es la millonada que les pagan a los integrantes del Clan del Golfo: la nómina mensual del grupo terrorista sería de millón y medio de dólares

Un informe publicado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) expuso el crecimiento del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) entre 2022 y 2025.

Según el analisis de la organización social, citado por El Espectador, el grupo armado cuenta con 9.840 integrantes, de los cuales, 3.328 están en armas, lo que evidenció un incremento del 140% en su pie de fuerza, donde mantiene presencia en 296 municipios de 17 departamentos del territorio colombiano.

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El grupo se organiza bajo un Estado Mayor Conjunto, seis bloques y 39 subestructuras, lo que le otorga capacidad de decisión centralizada y adaptación operativa a contextos locales complejos.

La expansión no ha sido uniforme: en ciertos territorios el control por parte del EGC es hegemónico, mientras que en otros mantiene enfrentamientos con actores como las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, el ELN y disidencias armadas en regiones como la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de Bolívar y el norte y nordeste de Antioquia, así como en San Juan y Bajo Calima.

Incluso, el informe reveló los salarios mensuales aproximados de integrantes del Clan del Golfo, cuya nómina, según la fundación, asciende a 1,5 millones de dólares (más de 5.500 millones de pesos colombianos), respectivamente.

De acuerdo con el organismo, en la que se evidencia una marcada jerarquización en la distribución de los ingresos, el comandante de frente percibe el salario mensual más alto, con 17 millones de pesos, lo que representa más de once veces el salario de los denominados puntos o campaneros (integrantes de bajo rango del EGC), quienes reciben 1,5 millones de pesos.

Entre tanto, el segundo comandante de frente y el administrativo de frente también cuentan con salarios elevados, de 12 y 10 millones de pesos, respectivamente. El político de frente obtiene la mitad del salario del administrativo, con cinco millones de pesos, lo que sugiere una valoración diferenciada de las funciones políticas frente a las operativas y administrativas.

En los niveles medios y bajos, como el cabecilla de zona urbana, el patrullero armado y los puntos o campaneros, los salarios disminuyen de manera progresiva. El cabecilla de zona urbana recibe 3,5 millones de pesos, mientras que el patrullero armado y el campanero obtienen 2,2 y 1,5 millones de pesos.

“Este fortalecimiento responde, en gran medida, a su organización interna, a su capacidad de adaptación a las políticas de seguridad y a contextos locales diversos, a la diversificación de sus fuentes de financiamiento y a la consolidación de un aparato económico robusto que sostiene su accionar armado”, señaló la FIP en el informe.

Excluyendo a los ‘puntos o campaneros’, las asignaciones salariales de cada integrante del Clan del Golfo supera notablemente el salario mínimo decretado por el Gobierno de Gustavo Petro para el 2026, que consta de $1.750.905, y que sumado al auxilio de transporte, llega a los dos millones de pesos. No obstante, el decreto que formalizó dicho aumento fue suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado.

En respuesta a la tabla de salarios divulgado por el periodista Jorge Espinosa, Ricardo Giraldo, quien es el representante jurídico del EGC, señaló que los datos suministrados por la Fundación Ideas para la Paz no corresponden a la realidad. “Gran informe, pero falso”, escribió el abogado en su cuenta de X.

Diálogos de Paz con el Gobierno Petro

La negociación formal entre el Gobierno y el EGC, que inició en 2024 y que retomó su curso en 2026, tras la suspensión provisional después del encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en Washington (Estados Unidos), ha dejado varios acuerdos entre las partes.

Inicialmente, se avanzó hacia la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal en Belén de Bajirá y Unguía, en Chocó, y en Tierralta, Córdoba, con el arribo progresivo de integrantes desde el 1 de marzo de 2026, y se amplió el programa piloto a diez municipios adicionales, alcanzando un total de quince.

Se pactó, además, un censo de menores dentro de la organización para ponerlos bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), el compromiso de no interferir en procesos electorales y respeto a las labores de desminado humanitario.

La FIP sostiene que el EGC ha alcanzado el punto máximo de sus capacidades y se encuentra en plena campaña de expansión, pero identifica elementos que motivan su disposición a dialogar.

Estos factores incluyen la dificultad para sostener el aparato organizativo más grande del país, la presión constante sobre su cúpula, los efectos del desgaste y la clandestinidad, el interés en conservar parte de los recursos obtenidos y la expectativa de ser reconocidos bajo la denominación de Ejército Gaitanista de Colombia.

El informe advierte sobre retos legales surgidos de la creación de Zonas de Ubicación Temporal y la suspensión de órdenes de captura, así como preocupaciones políticas relacionadas con el calendario electoral y las obligaciones internacionales del Estado colombiano.

Por último, el texto señala que cualquier reconfiguración interna del Estado Mayor Conjunto podría alterar los equilibrios y la conducción del proceso abierto en Doha.