
En La Mojana, cada temporada de lluvias ya no es solo un asunto climático, es la confirmación de una fragilidad que lleva años sin resolverse. Las últimas inundaciones en esta subregión entre Córdoba y Sucre reavivaron las alertas del sector arrocero, que insiste en que el problema va mucho más allá del invierno.
Aunque el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural aseguró que no existe riesgo de desabastecimiento de arroz en el país, los productores advirtieron que la situación en el territorio es más compleja. La discusión no se centra únicamente en cuántas hectáreas quedaron bajo el agua, sino en la pérdida progresiva de capacidad productiva.
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Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, fue enfático al señalar que la crisis en La Mojana no comenzó con las lluvias de 2026. “La Mojana tiene una producción importante de arroz que ha venido a menos desde el rompimiento del boquete de Caregato, que este gobierno ha negado sistemáticamente desde hace rato. Se están destinando una cantidad de recursos a otras cosas que nada tienen que ver con el cierre, y eso no ha permitido retornar a unos niveles de siembra muy importantes que permitían abastecer buena parte del mercado de la Costa Norte”, afirmó en Blu Radio.
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El boquete de Caregato, una obra inconclusa que provoca inundaciones recurrentes es, para los agricultores, el símbolo de una deuda estructural. La región, que antes jugaba un papel relevante en el abastecimiento del norte del país, vio reducir sus áreas sembradas y su productividad. Esa caída, aseguró Gutiérrez, es compensada con importaciones legales e ilegales.
A esto se suma otro obstáculo, la falta de información precisa. “No hay cifras claras del ministerio ni de la Unidad de Gestión del Riesgo. Se habla de 204.000 hectáreas afectadas, pero no se sabe cuántas son de arroz, maíz o fríjol”, señaló. Sin un censo detallado, advirtieron, es difícil diseñar políticas públicas efectivas y focalizar los apoyos.
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Sobre las ayudas, el balance tampoco es alentador desde el gremio. “Los apoyos son completamente insuficientes. A los pequeños productores les dan 10.000 pesos cuando están perdiendo 14 o 16.000, y a los grandes productores apenas 3.500 pesos por tonelada, cuando producen más del 50% del arroz del país”, indicó Gutiérrez.

Desde Fedearroz, la lectura es distinta en algunos puntos. Su gerente, Rafael Hernández, considera que las estimaciones de daños deben analizarse con cautela, ya que no toda área inundada implica pérdida total del cultivo. En Córdoba, precisó, la producción es limitada y se concentra principalmente en los distritos de riego de La Doctrina y Mocarí, donde las áreas sembradas no son extensas.
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“Nosotros empezamos el año con 1,2 millones de toneladas de inventario. Decir que va a haber desabastecimiento, cuando el problema es el exceso de inventarios, no tiene sentido. Posiblemente se han dañado unas 400 o 500 hectáreas”, explicó al medio antes mencionado. Aun así, reconoció que la emergencia climática es grave y que zonas vulnerables como La Mojana requieren soluciones estructurales.
El debate se cruza, además, con las tensiones recientes en el sector. Frente al paro arrocero, Hernández aclaró que Fedearroz no participó en las movilizaciones, aunque admitió que existen inconformidades por el cumplimiento de acuerdos. Según explicó, el gremio intervino en negociaciones con la industria y el Gobierno para fijar precios mediante resoluciones oficiales, con autorización de las autoridades de competencia. Para Fedearroz, la crisis no es exclusivamente local. La caída de los precios internacionales y los altos inventarios globales presionan el mercado y afectan la rentabilidad de los productores colombianos.
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El ministerio, por su parte, señaló que las lluvias se suman a transformaciones del territorio derivadas de grandes obras de infraestructura que alteraron los ecosistemas y aumentado la vulnerabilidad frente a eventos extremos. También recordó que el área sembrada de arroz se redujo 17,4% en el segundo semestre de 2025, sin comprometer el suministro nacional, y anunció un plan de recuperación productiva para las zonas impactadas.
“El fenómeno que actualmente se presenta es una afectación puntual y localizada sobre los cultivos en el departamento de Córdoba, derivada de una emergencia climática cada vez más recurrente y severa. Estos factores, acumulados en el tiempo, evidencian los impactos concretos de la crisis climática sobre la vida de las comunidades y la producción de alimentos”, señaló la cartera en un comunicado.
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