Consejo Gremial pide intervención urgente ante huelga en Essa, 958.000 usuarios podrían verse impactados por el paro

La huelga iniciada el 20 de febrero por el Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia (Sintraelecol) en la Electrificadora de Santander (Essa), filial del Grupo EPM, provocó una reacción inmediata del sector empresarial y del Gobierno nacional.

El Consejo Gremial Nacional emitió un comunicado en el que pidió la intervención de distintas autoridades para garantizar la continuidad del servicio público esencial de energía, mientras que el Ministerio del Trabajo informó sobre las primeras actuaciones adoptadas durante el cese de actividades.

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El Consejo Gremial Nacional hizo un “llamado expreso” al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Minas y Energía, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a otras instancias nacionales y departamentales para que velen por el cumplimiento de las normas constitucionales y legales que regulan la prestación de servicios públicos esenciales.

En su pronunciamiento, el gremio advirtió que la interrupción del servicio eléctrico podría generar graves efectos para la población y comprometer derechos fundamentales.

Según el comunicado, más de 958.000 usuarios podrían verse impactados por eventuales afectaciones en el suministro, incluidos miles de hogares rurales y usuarios en modalidad prepago, así como instituciones de especial sensibilidad como centros de salud, hogares geriátricos, hogares del Icbf e instituciones educativas.

Para el Consejo Gremial, la continuidad del servicio eléctrico es un presupuesto estructural para la vida, la salud y la seguridad, por lo que exhortó a las partes a retomar de inmediato los canales institucionales de diálogo.

En paralelo, el Ministerio del Trabajo informó que culminó el acompañamiento al sellamiento de instalaciones no esenciales para el suministro de energía en Essa, en el marco de la huelga promovida por Sintraelecol.

De acuerdo con la cartera laboral, la medida se aplicó en dependencias administrativas como el área legal, Secretaría General y auditoría en Bucaramanga, así como en áreas de atención técnica de clientes y la oficina de reducción y control de energía en Barrancabermeja.

La entidad precisó que la llamada “hora cero” de la huelga comenzó el viernes 20 de febrero a las 7:00 a. m., luego de varias mesas de diálogo desarrolladas con acompañamiento de los ministerios del Trabajo y de Minas y Energía, sin que se lograra un acuerdo entre la organización sindical y la empresa. El conflicto laboral se centra en diferencias sobre el incremento salarial y en exigencias relacionadas con condiciones de seguridad para el personal operativo.

El Ministerio recordó que en Colombia el derecho de huelga cuenta con reconocimiento constitucional, pero subrayó que su ejercicio debe armonizarse con la protección de los servicios cuya interrupción pueda afectar gravemente a la comunidad.

En ese sentido, señaló que las autoridades laborales velan para que cualquier manifestación colectiva no comprometa la continuidad del servicio esencial de energía y que, de presentarse incumplimientos, podrían iniciarse investigaciones administrativas y aplicarse las sanciones previstas en la normativa vigente.

Desde el sector de distribución eléctrica, la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) también se pronunció sobre la situación. El gremio hizo un llamado a las partes, en particular al sindicato, para evitar afectaciones a la provisión del servicio y recordó que la energía es fundamental para la calidad de vida y para el funcionamiento de sectores como la salud y la seguridad.

No obstante, la organización reconoció el derecho de los trabajadores a presentar reclamaciones laborales, aunque insistió en que estas no deberían impactar a los usuarios.

Mientras avanzan las actuaciones administrativas y se mantienen abiertos los canales de diálogo, el Gobierno reiteró su disposición para acompañar espacios de concertación que permitan superar el conflicto. La tensión entre la garantía del derecho a la huelga y la protección del servicio público esencial marca ahora el pulso de una controversia que mantiene en alerta a autoridades, gremios y usuarios en Santander.